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Nueva regla de carga pública pondrá en riesgo la green card por usar estos beneficios
La medida concede mayor margen de decisión a los oficiales que revisan las solicitudes de migrantes
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LA NACION
La administración Trump eliminará el 18 de septiembre la regulación adoptada en 2022. A partir de esa fecha, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará un análisis individual basado en los factores exigidos por la ley y en otros elementos pertinentes para determinar si un solicitante probablemente se convertirá en una “carga pública”.
Qué beneficios públicos podrán influir en una solicitud de green card
La normativa reemplaza la regulación implementada en 2022 durante la administración de Joe Biden y elimina criterios de evaluación previamente establecidos. En su lugar, los funcionarios de inmigración contarán con mayor libertad para valorar cada expediente y decidir si un solicitante reúne las condiciones para obtener la green card.
“Ahora con esto van a tener un mayor rango de poder al decidir sobre la carga pública”, explicó Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision. “Va a haber una mayor restricción y eso va a afectar principalmente a las personas con menos capacidad económica”, señaló.
Con la entrada en vigor de la nueva regla, los oficiales podrán considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos o recursos económicos, junto con los demás factores del expediente. El DHS citó en el proceso regulatorio programas como SNAP, Medicaid y determinadas ayudas de vivienda como ejemplos de información que podría resultar pertinente.
La regla final, sin embargo, no establece que el uso de centros comunitarios de salud, Head Start o programas de alimentación escolar produzca por sí mismo una consecuencia negativa. Tampoco permite atribuir automáticamente al solicitante los beneficios utilizados por otro integrante de la familia.
Especialistas en inmigración sostuvieron que el objetivo de la medida es reforzar el principio de autosuficiencia económica. También advirtieron que el cambio incrementará las exigencias para quienes buscan regularizar su situación migratoria por la vía legal.
“El cambio es dramático porque ahora les están dando plena y total discreción a los oficiales para determinar si hay carga pública”, señaló a Univision el asesor legal Armando Olmedo.
“La ley de inmigración es muy clara: una persona es inadmisible en EE.UU. si puede convertirse en carga pública en el futuro. Y eso se determina, como ya lo hemos visto con el Departamento de Estado, según su salud, sus vínculos familiares o laborales, entre otros factores”, explicó.
La evaluación ya no dependerá únicamente de los beneficios recibidos
El uso de programas sociales no implicará una negativa automática para acceder a la residencia permanente. Entre los aspectos que serán revisados figuran:
- La edad del solicitante
- Su estado de salud
- La capacidad para trabajar
- El nivel de ingresos
- Los bienes disponibles
- Las obligaciones financieras
- La educación alcanzada
- La experiencia laboral
Todos esos factores servirán para determinar si la persona probablemente podrá sostenerse económicamente en el futuro. “Esta regla ahora está diciendo que aquí, en EE.UU., se analizará eso junto con los beneficios públicos que esa persona haya recibido en el pasado”, agregó Olmedo.
Cómo impactará la regla en las familias de estatus migratorio mixto
La eliminación de la regla de 2022 también suprime la prohibición reglamentaria que impedía considerar beneficios recibidos por dependientes, como un hijo ciudadano estadounidense. No obstante, esto no significa que toda ayuda utilizada por un familiar se atribuya automáticamente al solicitante.
Qué solicitantes quedan exentos y qué cambia con el formulario I-485
La causal de carga pública no se aplica a determinadas categorías protegidas por ley, entre ellas los refugiados y asilados que solicitan la residencia mediante la vía humanitaria correspondiente, ciertos beneficiarios de visas T y personas que presentan solicitudes amparadas por VAWA. La exención depende de la categoría legal utilizada para pedir el ajuste de estatus.
El Uscis anunció que publicará una versión revisada del formulario I-485 para acompañar la implementación de la nueva política. Los solicitantes deberán consultar la página oficial del formulario para conocer la fecha de edición aceptada y el período de transición, ya que la agencia todavía debe publicar esas instrucciones.
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