Oficial y confirmado: la regla del Uscis que dejaría sin green card a migrantes con beneficios públicos

A partir de septiembre de este año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzará a aplicar una nueva regla relacionada con la “carga pública”. Los nuevos lineamientos revocan la regulación implementada por la administración Biden en 2022 y se ajustan a la postura del gobierno de Donald Trump de limitar los beneficios migratorios a extranjeros que podrían depender de las prestaciones estatales.

• La norma redefine cuándo un inmigrante puede ser considerado “carga pública”, es decir, probable dependiente de ayudas del gobierno a largo plazo, lo que puede derivar en el rechazo de su green card o de otros beneficios migratorios.
• De acuerdo con el comunicado oficial de U.S. Citizenship and Immigration Services, la disposición rescinde la regulación de 2022 y restablece criterios más estrictos de evaluación financiera y de uso de programas de asistencia pública, alineados con la política actual de la administración federal.

• La regla vuelve a poner bajo la lupa ciertos programas de ayuda económica y social, como prestaciones de salud, asistencia alimentaria y subsidios de vivienda, cuyo uso prolongado podría pesar en contra del solicitante al momento de evaluar si se convierte en “carga pública”.
• Según información publicada por la agencia federal, los oficiales migratorios deberán considerar el historial del solicitante en estos programas junto con otros factores como ingresos familiares, edad, salud y nivel educativo para decidir si aprueba o niega la residencia permanente.

El Uscis detalla que ciertos grupos quedan excluidos de la nueva evaluación de carga pública. Entre ellos, algunos refugiados, asilados, víctimas de delitos específicos y otras categorías protegidas por la ley migratoria estadounidense.

Este grupo de inmigrantes podrá acceder a determinados beneficios públicos sin que ello afecte su trámite de residencia permanente o su elegibilidad para otros beneficios migratorios autorizados por el Congreso.

• Los solicitantes de residencia permanente que tengan un caso pendiente deberán revisar si la nueva definición de carga pública aplica a su categoría y si el uso de beneficios públicos podría afectar su evaluación.
• Los formularios y guías de instrucciones se actualizarán antes de la entrada en vigor, por lo que se recomienda a los solicitantes y a sus abogados seguir las versiones más recientes para evitar rechazos automáticos o solicitudes de evidencia adicional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.