El pueblo de Texas que perdió el 10% de su población por la colaboración de la policía en detenciones del ICE a inmigrantes

Ingram, una localidad de Texas de unos 1900 habitantes, entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) una cantidad de personas equivalente al 10% de su población en menos de un año, tras incorporarse en octubre de 2025 al programa de cooperación policial 287(g).

• Según una investigación de ProPublica y The New York Times Magazine, publicada en octubre de 2026, los controles vehiculares provocaron separaciones familiares y afectaron negocios y trabajos de reconstrucción.
• El porcentaje expresa una comparación con el tamaño del pueblo; las fuentes consultadas no acreditan una pérdida demográfica del 10%.

Hasta agosto de 2026, la policía había registrado 194 “incidentes relacionados con la inmigración”, según declaró a ProPublica Dustin Breshears, identificado en el reportaje como jefe del departamento.

El funcionario tampoco pudo precisar si cada entrega a las autoridades federales terminó en una deportación.

La distinción resulta relevante porque por Ingram circulan trabajadores de otras localidades. La investigación documentó tanto expulsiones como mudanzas de familias hacia Kerrville y San Antonio, pero no presentó un recuento poblacional posterior que permitiera medir cuántos residentes dejaron efectivamente el municipio.

Los latinos representan aproximadamente el 45% de los habitantes, de acuerdo con el reportaje. En octubre de 2025, los dos patrulleros locales realizaron 162 controles de tránsito en 20 días; en dos meses superaron las intervenciones vehiculares de todo el año anterior.

Ingram adoptó el modelo de fuerza de tarea del programa 287(g). Según ICE, esta modalidad habilita a policías designados a ejercer facultades migratorias limitadas durante sus labores habituales, bajo supervisión federal; otras variantes funcionan dentro de cárceles o permiten ejecutar órdenes administrativas sobre personas que ya están bajo custodia.

La preparación exigida aporta otra dimensión sobre esa delegación de funciones: una ficha oficial de ICE establece un curso virtual de 40 horas, con contenidos sobre legislación migratoria, derechos civiles, responsabilidades y procedimientos de queja. También exige al menos dos años de experiencia policial a los candidatos.

El agente Jaron Alexander propuso explorar el convenio, según relató a ProPublica. La investigación señaló que los incentivos anunciados en septiembre de 2025 incluían apoyos para vehículos y equipo, además de mecanismos para financiar salarios y horas extra.

Uno de los casos documentados ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando Alexander detuvo a Ulices Macias, esposo de Joanna Martinez.

Antes de que ICE se lo llevara, pudo despedirse de su bebé de dos semanas y de su hijastro; después, Martinez regresó con sus hijos a la casa de su madre por dificultades económicas.

El impacto también alcanzó los desplazamientos laborales. Algunos trabajadores agregaron 90 minutos diarios a sus recorridos para evitar los controles sobre Junction Highway, mientras otros comenzaron a dormir en las propiedades donde trabajaban.

Según ProPublica, los pedidos diarios para llevar del restaurante Los Altos de Jalisco bajaron de 200 a 50. La empresaria de limpieza Norma Luján relató que su equipo pasó de 30 personas a menos de diez, entre detenciones y temor a circular por Ingram.

Breshears y Alexander rechazaron ante los periodistas que persiguieran a conductores por su origen latino. Mientras las familias y empresas describían las consecuencias de los operativos, seguía sin precisarse cuántos de los 194 incidentes registrados habían terminado en deportaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.