La norma del DHS que ya entró en vigor y elimina las prórrogas automáticas para autorizaciones de trabajo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) puso en vigor una regla definitiva que elimina las extensiones automáticas de los permisos de trabajo para determinadas categorías de inmigrantes. La medida busca que las autoridades completen las verificaciones de antecedentes y confirmen que cada solicitante continúa bajo los requisitos para trabajar en ese país.

La normativa, publicada por el DHS en el Registro Federal e implementada junto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), entró en vigor el 14 de octubre, sin modificaciones respecto de la disposición provisional aplicada desde el 30 de octubre de 2025.

• El criterio del DHS establece que las renovaciones presentadas a partir de esa última fecha ya no reciben, por regla general, la extensión automática de hasta 540 días que permitía mantener el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) mientras el Uscis procesaba la solicitud.
• Por eso, si el nuevo permiso no se aprueba antes del vencimiento del anterior, el trabajador podría tener que interrumpir sus actividades.

La eliminación de las extensiones automáticas no afecta de la misma manera a todos los solicitantes. Quienes presentaron correctamente su renovación antes del 30 de octubre de 2025 mantienen el beneficio que les correspondía, incluida la posibilidad de extender la validez del documento hasta 540 días, cuando cumplen los requisitos aplicables.

• También quedan fuera de la regla general determinadas extensiones establecidas por ley o mediante avisos oficiales publicados en el Registro Federal.
• Entre ellas se encuentran las relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que pueden mantener vigente la autorización laboral durante los períodos definidos por las autoridades.

Por otra parte, las personas cuyo EAD deriva directamente de su estatus migratorio, como ciertos refugiados y asilados, pueden conservar ese derecho mientras mantengan las condiciones legales correspondientes.

En estos casos, la fecha impresa en la tarjeta física no necesariamente determina por sí sola si la persona está autorizada para trabajar.

La Agencia Federal recomienda habitualmente presentar el formulario I-765 para renovar el EAD dentro de los 180 días anteriores a su vencimiento.

Debido a la eliminación de las prórrogas automáticas para determinadas solicitudes, iniciar el trámite al comienzo de ese período permite disponer de más tiempo para afrontar posibles demoras.

La información proporcionada sobre la normativa indica que no existe una prohibición absoluta de presentar una solicitud válida con más de 180 días de anticipación.

Sin embargo, hay un aspecto que los trabajadores deben considerar: si la renovación se aprueba antes de que venza la tarjeta anterior, la nueva autorización comienza según su propia fecha de validez, sin que necesariamente se conserve el tiempo restante del documento previo.

Para reducir los inconvenientes, se recomienda entregar la documentación completa desde el inicio, revisar los requisitos de cada categoría y consultar los tiempos de procesamiento publicados por el Uscis. Si faltan pruebas o información, la agencia puede solicitar documentación adicional y demorar la resolución.

Cuando el vencimiento del EAD se aproxima y el expediente continúa pendiente, el solicitante puede evaluar la presentación de una petición de procesamiento acelerado, conocida como “Expedite Request”.

El Uscis analiza estas solicitudes individualmente y no garantiza su aprobación, ya que depende de los criterios aplicables y de las circunstancias acreditadas.

Por ese motivo, los trabajadores extranjeros deberían evitar depender de una extensión automática que ya no les corresponde.

La presentación anticipada no asegura que el nuevo documento llegue a tiempo, pero permite comenzar el procedimiento con mayor margen antes de la fecha de expiración.

La planificación también resulta relevante para los empleadores, que pueden enfrentar interrupciones en sus operaciones si un trabajador pierde temporalmente la autorización necesaria para continuar en su puesto.

El DHS reconoce que el cambio puede generar consecuencias económicas tanto para las empresas como para los empleados afectados.