Es oficial: inmigrantes se enfrentan al DHS por freno a residencias permanentes en Estados Unidos

El proceso de obtener la residencia permanente en Estados Unidos enfrenta nuevos obstáculos administrativos que ahora son objeto de una disputa judicial. Una coalición de organizaciones y personas afectadas presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para impugnar dos directrices que, según los demandantes, restringen las opciones de los inmigrantes que buscan regularizar su situación.

La primera disposición está contenida en el memorando PM-602-0199, fechado el 21 de mayo. La directriz modifica los criterios para evaluar el ajuste de estatus, un mecanismo que permite a determinados inmigrantes elegibles solicitar la green card desde EE.UU. sin completar el trámite consular en el extranjero.

Con esta política, presentar la solicitud dentro del país norteamericano puede considerarse un elemento negativo al evaluar el caso. Según los términos cuestionados, los interesados deben acreditar circunstancias inusuales o extraordinarias para contrarrestar ese criterio.

La demanda argumentó que este enfoque restringe una alternativa contemplada en la legislación migratoria.

El segundo cambio figura en el memorando PA-2026-05, emitido el 5 de agosto. Esta medida permite que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) rechace determinadas solicitudes incompletas o con pruebas insuficientes sin enviar antes una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés), instrumentos que habitualmente permiten responder a las observaciones de la agencia.

“Esto es algo bien preocupante porque imagínate que presentas una residencia y por alguna razón el Uscis no escaneó un documento importante o perdió un papel que habías mandado y te dice: ‘Te voy a negar la residencia porque no mandaste las fotos del pasaporte’, cuando las fotos del pasaporte sí estaban ahí”, explicó a Univision la abogada de inmigración Claudia Cañizares.

El recurso, identificado como American Association of University Professors v. Mullin, fue presentado ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts. La acción solicita que la Justicia declare ilegales las disposiciones, suspenda su aplicación y deje sin efecto los cambios introducidos por las autoridades migratorias.

Además del cuestionamiento a la modificación de procedimientos que permiten tramitar la green card sin abandonar el territorio estadounidense y la eliminación de oportunidades para corregir errores en las solicitudes, se advirtió sobre las posibles consecuencias. Los demandantes esgrimieron que generarían efectos en el empleo, las trayectorias profesionales y la unidad de las familias inmigrantes.

Uno de los principales cuestionamientos se basa en la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). La coalición afirmó que el Congreso estableció el ajuste de estatus para que los inmigrantes que reúnen los requisitos puedan obtener la residencia sin tener que salir del país norteamericano.

Por eso, consideró que el gobierno no puede convertir esa opción en un factor desfavorable de aplicación general.

El recurso también invocó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés). Según los demandantes, el Uscis introdujo cambios sustanciales sin habilitar una instancia previa de consulta pública.

Además, cuestionaron la aplicación inmediata de las nuevas directrices a expedientes que ya estaban en trámite, porque los solicitantes podrían perder la posibilidad de completar la documentación bajo las condiciones anteriores.

La presentación incluyó argumentos vinculados con la doctrina Accardi, que exige a las agencias respetar sus propias normas y procedimientos, y con las garantías del debido proceso de la Quinta Enmienda. Los demandantes sostuvieron que las medidas se apartan de precedentes administrativos y pueden afectar los derechos de quienes no tuvieron oportunidad de responder a las nuevas exigencias.

La acción reúne a organizaciones académicas y sindicales, entre ellas la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés), sus capítulos vinculados con Harvard y Boston University, y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés).

También forman parte del litigio organizaciones dedicadas a la defensa de los inmigrantes y al asesoramiento legal, como Americans for Immigrant Justice, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), American Immigration Council y Democracy Forward, además del estudio jurídico Colombo & Hurd. La coalición incluyó a inmigrantes con solicitudes de residencia pendientes.

Entre las autoridades señaladas en el proceso figuran el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el DHS, el Uscis y el director de la agencia, Joseph B. Edlow.

“Nuestro sistema de inmigración debe encarnar los valores que definen a EE.UU.: equidad, transparencia, debido proceso y respeto al estado de derecho”, dijo en un comunicado Jeff Joseph, presidente de la AILA.