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La regla final del DHS que el Uscis aplicará a inmigrantes latinos que tramitan el EAD
La iniciativa podría aumentar los pedidos de documentación adicional y extender los tiempos de resolución
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LA NACION
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) presentaron un proyecto de reglamentación que modifica la manera en que se revisan las solicitudes para extender determinadas visas laborales en Estados Unidos. La iniciativa busca eliminar el criterio que indica a los funcionarios que deben mantener, bajo ciertas condiciones, las decisiones favorables emitidas anteriormente y puede complicar indirectamente a latinos con EAD.
Qué propone el DHS para las renovaciones de visas de trabajo
La propuesta contempla derogar la disposición 8 CFR 214.1(c)(5), que establece la deferencia hacia aprobaciones previas cuando una nueva petición involucra a las mismas partes y circunstancias. Si el cambio entra en vigor, los funcionarios podrán volver a examinar cada expediente del inmigrante latino sin tener que justificar previamente por qué se apartan de una resolución anterior.
Según el DHS, el objetivo es que cada renovación se evalúe con base en las pruebas disponibles al momento del trámite. La agencia considera que una aprobación anterior no debe sustituir la obligación de demostrar que se sigue en cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación migratoria.
Visas de trabajo: qué latinos podrían ser afectados por los cambios del Uscis
La medida alcanza las peticiones de trabajadores latinos no inmigrantes presentadas mediante el formulario I-129. Entre las categorías contempladas figuran:
- Visas H-2A, destinadas al empleo agrícola temporal.
- H-2B, utilizadas para trabajos temporales no agrícolas.
Ambas son vías de contratación utilizadas por empleadores estadounidenses que incorporan trabajadores procedentes de países latinoamericanos. También están comprendidas otras clasificaciones como:
- Visas TN, disponibles para determinados profesionales mexicanos y canadienses.
- H-1B, para profesionales en ocupaciones especializadas.
- L-1, para transferencias de ejecutivos o personal especializado intraempresarial.
- E-1, E-2 y E-3, para inversionistas, comerciantes y profesionales calificados.
- Visas O-1, P-1, P-2, P-3, Q-1 y R-1.
Además, los familiares dependientes que soliciten extender su permanencia mediante el formulario I-539 podrían verse alcanzados por los cambios vinculados a sus trámites.
En ese sentido, si un latino con un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) depende de que su cónyuge con H-1B mantenga su estatus, el aumento en la demora podría complicar también su renovación.
El Uscis prevé más pedidos de pruebas y demoras para visas de trabajo
Las estimaciones administrativas incluidas en la propuesta anticipan un aumento de las Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés), mediante las cuales el Uscis requiere documentos o información adicional para resolver un expediente. El cálculo oficial proyecta un incremento de 2,9 puntos porcentuales en la tasa de estas solicitudes, equivalente a unas 6044 peticiones adicionales por año.
El análisis también estima que los casos que reciban una RFE podrían demorar, en promedio, 64 días calendario adicionales. De acuerdo con las cifras presentadas, el tiempo mediano de procesamiento pasaría de 12 días para los expedientes sin ese requerimiento a 76 días para aquellos que necesiten pruebas complementarias.
En materia económica, el DHS calcula que los empleadores afrontarían alrededor de US$133.987 adicionales al año para reunir y presentar la documentación solicitada. Estos valores son proyecciones de la agencia y no significan que todas las renovaciones vayan a recibir una RFE ni que todos los expedientes experimenten la misma demora.
Por qué el DHS busca eliminar la deferencia
El DHS fundamenta la iniciativa en la Sección 291 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que asigna al solicitante o peticionario la responsabilidad de acreditar la elegibilidad para obtener el beneficio migratorio. Según la interpretación oficial, la regla vigente imponía a los funcionarios una carga adicional cuando pretendían apartarse de una aprobación anterior.
La agencia también argumenta que mantener una decisión previa podría prolongar errores derivados de información incompleta, desactualizada o incorrecta. Para respaldar su postura, el DHS cita datos de inspecciones de campo de los años fiscales 2022 a 2025 y señala diferencias en los niveles registrados de fraude e incumplimiento en determinados programas.
El proyecto todavía contempla una instancia de participación pública. Los interesados podrán presentar observaciones hasta el 13 de noviembre; una vez concluido ese período, el gobierno federal podrá analizar los comentarios antes de avanzar con la decisión regulatoria.
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