Ley de Insurrección: qué es y de qué trata la norma que contempla Trump entre sus políticas migratorias
El presidente de Estados Unidos firmó una Orden Ejecutiva para que se considere la posibilidad de utilizar esta norma para combatir los cruces ilegales en la frontera sur
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LA NACION
Un siglo y medio después de su promulgación, una norma casi olvidada volvió a rondar los pasillos de la Casa Blanca. Donald Trump, quien regresó a la presidencia con la promesa de reforzar la frontera sur, ordenó a sus secretarios de Defensa y de Seguridad Nacional que estudiasen la posibilidad de reactivar la Ley de Insurrección de 1807.
Ley de Insurrección: origen y alcance de una norma decimonónica
La sola mención de ese recurso, que habilita el despliegue de tropas federales en tareas policiales dentro de Estados Unidos, abrió un intenso debate sobre la legalidad, la historia y los límites de una herramienta concebida para sofocar rebeliones, pero que hoy asoma como opción para detener migrantes.
El Congreso estadounidense sancionó la Ley de Insurrección hace 218 años, en plena etapa de consolidación institucional, con el propósito de permitir que el presidente movilizase fuerzas militares cuando “asociaciones u obstrucciones” impidiesen aplicar la norma por vías judiciales ordinarias.
Según recuerda Newsweek, el paquete legal se construyó entre 1792 y 1871 y entregó al mandatario un amplio margen para decidir cuándo y cómo activar a las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional.
- Ámbito de acción: habilita tanto a tropas regulares como a la Guardia Nacional, cuerpo históricamente reservado para catástrofes naturales.
- Funciones posibles: desde disolver disturbios y hacer cumplir fallos judiciales hasta arrestar y trasladar personas, incluso migrantes.
- Amplitud interpretativa: la redacción, deliberadamente genérica, concede al Ejecutivo una discrecionalidad que enciende alarmas entre juristas y legisladores.
Antecedentes de uso: Trump no es el primero que busca la respuesta en la Ley de Insurrección
A lo largo de la historia, los presidentes recurrieron a esta ley en contadas ocasiones y siempre en contextos extremos. Abraham Lincoln la activó durante la guerra de Secesión para enfrentar la rebelión de los estados sureños, y Ulysses S. Grant hizo lo propio contra la violencia del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, Dwight D. Eisenhower ordenó que tropas federales escoltasen a nueve estudiantes afroamericanos hasta la secundaria Central de Little Rock, Arkansas, tras la negativa del gobernador Orval Faubus a cumplir un fallo de desegregación.
La última vez que se empleó ocurrió en 1992, cuando George H. W. Bush envió Marines y soldados del ejército de EE.UU. a Los Ángeles para contener los disturbios que dejaron 63 muertos, cerca de 2300 heridos y más de 12 mil detenciones, cifras documentadas por la Oficina del Censo y citadas por Newsweek.
En su primera jornada de gobierno, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró emergencia en la frontera y encargó a Pete Hegseth, secretario del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), y Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, (DHS, por sus siglas en inglés) “recomendaciones para alcanzar el control operativo total”.
“A solicitud del presidente, el DHS y el DOD preparan un informe conjunto sobre las condiciones en la frontera sur y posibles acciones para conseguir control absoluto”, informó el DHS en un comunicado remitido a la prensa, según CNN.
Fuentes oficiales adelantaron a la cadena televisiva que los secretarios, lejos de aconsejar la activación inmediata, subrayaron que los cruces cayeron por debajo de 300 diarios y que “los niveles actuales resultan manejables”.
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