México revela que gastó casi US$25.000 para repatriar los restos de migrantes que murieron bajo custodia del ICE

El gobierno de México informó que utilizó US$24.788 de recursos públicos para cubrir la repatriación de los restos de siete de los 17 mexicanos fallecidos en centros de detención u operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los decesos ocurrieron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas desde mayo de 2025.

El canciller Roberto Velasco Álvarez informó sobre las acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para esclarecer las circunstancias de las muertes y brindar acompañamiento a las familias. La dependencia presentó 20 denuncias en Estados Unidos: ocho ante fiscalías estatales y otras 12 ante fiscalías de condado.

“Es un tema muy doloroso para el gobierno de México y para las familias de estas personas que han perdido la vida”, dijo el funcionario durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum. “Es muy importante para la cancillería atender de manera prioritaria estos asuntos”, señaló.

Hasta ahora, según el relato de Velasco Álvarez, cuatro fiscalías dieron respuesta sobre los casos, mientras que otras autoridades se limitaron a acusar recibo.

En Florida, la investigación realizada por el ICE sobre uno de los casos determinó que se trató de un suicidio. La fiscalía a cargo comunicó que coincide con la lectura de la agencia, por lo que no abrirá una investigación adicional.

Por su parte, las fiscalías de los condados de Ventura (California), Cook (Illinois) y Harris (Texas), informaron que analizarán las posibles acciones legales correspondientes. Las otras 16 denuncias permanecen en seguimiento.

De manera paralela, la Fiscalía General de la República presentó, mediante la Embajada de México en EE.UU., una denuncia ante el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para solicitar una investigación federal. La SRE también mantuvo comunicaciones con autoridades migratorias estadounidenses y planteó sus preocupaciones sobre las condiciones de los centros de detención.

“Le envié una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk y recibimos su respuesta. Nos expresó conocimiento y preocupación de la situación”, dijo el canciller. “Transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para monitorear las condiciones en los centros de detención y los derechos humanos de las personas migrantes”, agregó.

A través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), México financia la representación jurídica de tres familias vinculadas a casos registrados en el centro de detención de Adelanto, California.

De acuerdo con el canciller, en uno de los expedientes se revisaron documentos y evidencias para establecer si hubo responsabilidad de las empresas encargadas de servicios médicos.

Otro proceso civil impulsado por una de las familias avanzó después de varias resoluciones favorables para la parte demandante. Este último tiene previsto comenzar su etapa de juicio durante el verano boreal de 2027.

En el tercer caso, se prepara una eventual demanda civil destinada a analizar la actuación de las autoridades migratorias. Velasco Álvarez aclaró que estos litigios fueron promovidos por las familias, mientras que la cancillería cubrió los gastos de representación mediante el programa PALE.

“Donde no hemos recibido respuesta, vamos a continuar el acercamiento con mecanismos de derechos humanos a nivel regional y también, por supuesto, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos”, indicó. “Vamos a continuar con la presencia permanente en los centros de detención y, por supuesto, con las acciones proactivas y preventivas en materia legal”, añadió.

El contexto de estas gestiones coincidió con un informe publicado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights. Según el documento, 52 personas murieron bajo custodia del ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026, la cifra más alta que se registró desde la creación de la agencia en 2003.

El informe relacionó el incremento de las muertes con la expansión del sistema de detención. La población bajo custodia del ICE aumentó 77% en un año y superó las 71.000 personas en enero. Algunas instalaciones funcionaban por encima de sus niveles históricos de ocupación.

El reporte también identificó problemas en la atención médica, entre ellos retrasos en traslados hospitalarios, intervenciones de reanimación y diagnóstico de enfermedades. Además, registró siete aparentes suicidios entre enero de 2025 y enero del año en curso, frente a uno reportado durante 2024.

Las organizaciones señalaron además una reducción de mecanismos internos de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El documento indicó que, sin modificaciones en las políticas actuales, podrían seguir en aumento los registros de muertes evitables.