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Ni el ICE ni la CBP ni el Uscis: el freno al DHS que prohíbe visitas de agentes a inmigrantes
Una magistrada federal de California dictó una medida cautelar que restringe los operativos e interrogatorios en nueve estados
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LA NACION
Una decisión judicial en Estados Unidos impuso límites temporales a los operativos de campo que el gobierno federal realizaba para investigar la elegibilidad de los votantes. La medida alcanza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a sus agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La resolución final impide que las agencias federales realicen determinadas visitas domiciliarias e interrogatorios vinculados con cuestiones electorales en nueve estados.
La decisión que limita los operativos del ICE sobre votantes no ciudadanos
“Los demandados anunciaron el despliegue de agentes armados en una acción militarizada hacia los hogares y comunidades de las personas durante los últimos meses previo a las elecciones de mitad de término”, indicó la jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, en la resolución que también alcanza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).
La jueza aclaró que ni los demandantes sostienen ni el tribunal concluye que sea ilegal que funcionarios federales investiguen votaciones no autorizadas en elecciones federales. Lo que se busca, señaló, es impedir que el DHS indague a ciudadanos estadounidenses “de una forma que intimide y amenace la participación” de los miembros de organización comunitaria para instar o ayudar a otros a votar.
El fallo impide que las agencias federales realicen determinadas visitas domiciliarias e interrogatorios vinculados con cuestiones electorales en nueve estados, cuando se trate de personas que saben o sospechan que son ciudadanas estadounidenses.
La medida se dictó en el marco de una demanda impulsada por una coalición conformada por sindicatos de trabajadores de la salud, una organización comunitaria de defensa del voto y dos gobiernos locales de California. Los demandantes sostuvieron que los operativos podían desalentar la participación electoral y afectar tanto a los sufragistas como a quienes colaboran con las tareas de inscripción y movilización ciudadana.
En qué estados rige la restricción a los operativos del DHS por las elecciones
La orden judicial comprende nueve estados en los que el gobierno había concentrado sus actividades de campo mediante una directiva conocida como Surge Initiative Guidance. Las jurisdicciones alcanzadas son:
- California
- Connecticut
- Georgia
- Misuri
- Nevada
- Nueva York
- Pensilvania
- Washington
- Wisconsin
El fallo establece que las agencias federales no pueden realizar allí las intervenciones contempladas en la resolución durante el período previo a las elecciones de mitad de término. La restricción tiene como fecha límite las 20 hs del 3 de noviembre, cuando cierran las urnas, salvo que el tribunal determine otra cosa.
Errores en los registros y denuncia por intimidación electoral contra el DHS
Uno de los puntos centrales del caso fue el funcionamiento de la iniciativa federal denominada Unlawful Voter Initiative. Según los antecedentes presentados ante la corte, el programa reunió alrededor de 98 millones de registros comerciales y listas electorales, que luego fueron procesados mediante herramientas de inteligencia artificial dentro del sistema informático iLab.
La demanda cuestionó la fiabilidad de esos procedimientos y señaló que EE.UU. no cuenta con una base de datos federal única que permita verificar de manera directa la ciudadanía de todas las personas. Además, los funcionarios del Uscis habrían tenido que revisar los expedientes en períodos de hasta 12 minutos, una exigencia que, según los denunciantes, contribuyó a errores de identificación.
Como consecuencia, miles de ciudadanos estadounidenses habrían sido señalados de manera incorrecta como posibles sospechosos de fraude electoral, entre ellos naturalizados e integrantes de la comunidad hispana. La presentación también denunció que se enviaron agentes armados a domicilios y que se difundieron imágenes de arrestos en redes sociales como parte de una estrategia de presión pública.
“El voto es un derecho fundamental que los ciudadanos, ya sean nacidos aquí o naturalizados, deben poder ejercer sin que agentes armados del gobierno los acosen”, dijo Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy, en un comunicado.
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