Nueva cruzada oficial a favor del ICE: Trump dará US$3000 millones para quienes colaboren con el DHS

El gobierno de Donald Trump puso en marcha un esquema de financiamiento de US$3000 millones destinado a gobiernos estatales y locales. Los recursos podrán utilizarse para incorporar personal, adquirir equipamiento y desarrollar centros de detención y buscan fomentar la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

• Según consignó The Washington Post, el acceso al dinero está sujeto a una serie de condiciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias federales.
• Entre ellas figura la participación de las jurisdicciones en acuerdos con el ICE y la cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El Programa para Superar los Déficits Relacionados con la Inmigración a Nivel Nacional, que en inglés forma la sigla BIDEN, fue establecido mediante la ley conocida como One Big Beautiful Bill. La normativa contempla más de US$3000 millones hasta septiembre de 2028.

El nombre del beneficio se considera una referencia a las políticas del expresidente Joe Biden tras ser presentado como un esfuerzo para ayudar a los estados y municipios a recuperar el dinero perdido debido a las políticas migratorias de su mandato.

Los fondos buscan “subsanar” los déficits económicos incurridos por los gobiernos locales, según la mirada del gobierno federal.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) abrió la convocatoria entre el 15 de junio y el 17 de julio y recibió 181 solicitudes durante sus primeros 30 días. “No veo por qué la gente no aprovecharía esta oportunidad para obtener más financiación”, dijo Patrick Royal, portavoz de la Asociación Nacional de Sheriffs, a The Washington Post.

Uno de los principales requisitos para acceder a las subvenciones es participar plenamente en el programa 287(g) del ICE o asumir el compromiso de incorporarse.

Este mecanismo permite que determinados funcionarios policiales estatales y locales desempeñen funciones migratorias bajo supervisión federal.

De acuerdo con el manual del programa, las condiciones también incluyen la participación en la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) u otras iniciativas del DOJ.

Además, las jurisdicciones deben acreditar que no bloquean el intercambio de información relacionada con el estatus migratorio y permiten el ingreso de agentes federales a instalaciones bajo su control.

Los gobiernos estatales y locales beneficiarios también deben atender determinadas solicitudes del DHS, incluidas las relacionadas con personas detenidas.

El esquema deja fuera a las jurisdicciones cuyas políticas impidan u obstaculicen la aplicación de las normas migratorias federales.

Las subvenciones del programa BIDEN contemplan gastos vinculados con la infraestructura y trabajadores necesarios para las operaciones de seguridad.

Entre los usos permitidos se encuentra la contratación o reincorporación de policías, empleados penitenciarios y personal destinado al transporte de detenidos.

El dinero también puede utilizarse para adquirir sistemas tecnológicos, equipos y servicios destinados a reforzar las capacidades de las agencias de seguridad. Otro destino contemplado es la construcción, ampliación o modernización de centros de detención temporal.

Sin embargo, los recursos no pueden utilizarse para determinadas actividades que interfieran con la aplicación de las leyes migratorias ni para brindar servicios legales a personas sometidas a procesos de deportación.

También incluye una disposición que contempla el reembolso de fondos al gobierno federal bajo determinadas circunstancias vinculadas con futuras intervenciones.

Los acuerdos 287(g) tienen su origen en una disposición incorporada a la legislación migratoria estadounidense en 1996. Su funcionamiento permite delegar determinadas tareas migratorias a policías locales y estatales mediante acuerdos con el ICE.

Existen distintos modelos de cooperación:

• El Modelo de Control en Cárceles (JEM, por sus siglas en inglés) se enfoca en personas extranjeras que ya fueron detenidas por cargos criminales y permanecen en cárceles locales.
• El Programa de Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto (WSO, por sus siglas en inglés) permite ejecutar determinadas órdenes administrativas de arresto migratorio dentro de instalaciones penitenciarias.
• El tercer esquema, conocido como Grupo de Trabajo (TFM, por sus siglas en inglés), permite que los agentes participantes desarrollen tareas relacionadas con el estatus migratorio durante actividades policiales habituales, incluidas determinadas paradas de tránsito.

Según los datos proporcionados por el DHS, los acuerdos 287(g) pasaron de 135 a más de 1000 durante 2025. Durante la segunda gestión de Trump, alcanzaron los 1379 convenios activos en 40 estados para febrero del año en curso.