Qué cambia con la nueva regla de “carga pública” que el Uscis aplicará desde septiembre 2026

Desde septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzará a aplicar una nueva regla relacionada con la “carga pública”. Los nuevos lineamientos revocan la regulación implementada por Joe Biden en 2022 y se ajustan a la postura del gobierno de Donald Trump de limitar los beneficios migratorios a los extranjeros que podrían depender de las prestaciones estatales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una nueva regla en el Registro Federal que anula la regulación impulsada por Biden. De acuerdo con las autoridades, el objetivo de la normativa es que los extranjeros que realizan trámites frente al Uscis no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.

En un comunicado oficial, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios sostuvo que la regulación de la administración anterior restringía los beneficios públicos que el DHS podía considerar y limitaba la capacidad de los funcionarios para revisar todos los factores relevantes.

Las autoridades remarcaron que la modificación habilita a los funcionarios del Uscis a evaluar todos los hechos pertinentes caso por caso para cada peticionario.

“La administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos“, declaró Zach Kahler, portavoz del organismo. En esa línea, sostuvo que la agencia “está comprometida con salvaguardar la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses”.

El documento publicado por el DHS indica que la regla permite que los funcionarios del Uscis utilicen su juicio y discreción para realizar evaluaciones individualizadas basadas en la “totalidad de las circunstancias” del extranjero. El objetivo es alinearse con la política de que los no ciudadanos en EE.UU. deben ser autosuficientes.

Desde la entrada en vigor, los oficiales deberán considerar, como mínimo, los cinco factores establecidos por el estatuto:

• Edad
• Salud
• Estado familiar
• Activos, recursos y estatus financiero
• Educación y habilidades

Las autoridades agregaron que también podrán tener en cuenta cualquier Declaración de Apoyo (Formulario I-864) presentada en nombre del solicitante.

A diferencia de la directriz de 2022, que limitaba la consideración a la asistencia en efectivo y la institucionalización a largo plazo, la nueva norma autoriza a los oficiales a considerar la recepción de cualquier beneficio público basado en la evaluación de recursos (means-tested public benefits).

Esto incluye iniciativas no monetarias como el Programa de Asistencia Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y la mayoría de las formas de Medicaid si se reciben después de la fecha de vigencia.

La disposición establece que el recibo de cualquier beneficio basado en recursos durante el periodo de vigencia de una fianza de carga pública resultará en el incumplimiento.

En línea con los tiempos procesales habituales, la normativa entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. De esta manera, se aplicará a las solicitudes de admisión realizadas en esa fecha o después, y a las solicitudes de ajuste de estatus enviadas electrónicamente o con matasellos a partir de ese día.

Aunque la regla impactará en muchos migrantes, las categorías de no ciudadanos exentas por ley de la causal de inadmisibilidad por carga pública (como refugiados, asilados, autopeticionarios de VAWA y ciertos no inmigrantes T y U) no se verán afectadas por este cambio.

En el documento, el DHS enfatizó que la recepción de beneficios públicos no es por sí solo un factor determinante para denegar un caso. En su labor, los oficiales deben considerar la naturaleza del beneficio, su duración, el monto y las circunstancias específicas del solicitante en conjunto con los demás factores legales.