Oficial si se aprueba: los beneficios totales que daría la Ley de Dignidad para los migrantes en EE.UU.

La representante republicana por Florida María Elvira Salazar volvió a impulsar el proyecto de ley de Dignidad (Dignity Act) con el objetivo de reformar el sistema migratorio de Estados Unidos. Esta propuesta busca establecer un marco legal para regularizar el estatus de ciertos inmigrantes indocumentados y propone cambios para el sistema de asilo.

• El eje central de la iniciativa consiste en el denominado Programa de Dignidad, que tiene una duración total de siete años.
• La medida propone que los migrantes que logren su admisión obtengan una protección frente a la deportación.

Según explicó Salazar, quien volvió a impulsar el proyecto en un comunicado, este marco legal otorga autorización para trabajar de forma regular dentro del territorio estadounidense. Los beneficiarios también tendrían la posibilidad de viajar bajo el amparo de la ley.

Para acceder a estos beneficios, los solicitantes deben cumplir con requisitos de entrada. El registro ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es obligatorio.

A su vez, el proceso exige presentar información biométrica completa y superar verificaciones de antecedentes. Los aspirantes deben demostrar que no existe historial criminal previo.

La propuesta incorpora disposiciones específicas para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Bajo la propuesta de Salazar, estas personas podrían acceder a un estatus de residencia permanente condicional por diez años.

A su vez, el texto contempla la opción de avanzar posteriormente hacia la residencia permanente definitiva y, si se cumplen condiciones adicionales, los beneficiarios podrían solicitar la ciudadanía estadounidense.

Por otro lado, la iniciativa modifica el sistema de asilo al crear campus humanitarios en la frontera. Los solicitantes permanecerían en estas instalaciones mientras sus expedientes reciben atención oficial.

En ese marco, el proyecto establece un plazo máximo de 60 días para resolver los casos de asilo. Este esquema pretende sustituir la práctica actual de captura y liberación por un procedimiento más veloz.

En materia de control, el plan incluye el despliegue de tecnología avanzada para la vigilancia fronteriza. El despliegue abarca radares, drones y sensores para cubrir toda la extensión del límite sur.

La ley también presenta el incremento del personal activo de la Patrulla Fronteriza. Además, impone la implementación obligatoria del sistema E-Verify para supervisar la elegibilidad laboral en todo el país norteamericano.

Para ser aprobado, el proyecto, registrado como H.R. 4393, todavía debe completar el proceso legislativo federal. La iniciativa necesita la aprobación de la Cámara de Representantes y, posteriormente, del Senado.

En caso de que obtenga el visto bueno de ambas entidades, luego debería ser firmada por el presidente de EE.UU.

Actualmente, el Congreso mantiene el debate sobre los términos del proyecto: su última acción se registra el 16 de julio de 2025, cuando la propuesta fue remitida al Subcomité de Seguridad y Aplicación de la Ley Fronteriza.

Salazar defendió la iniciativa como un mecanismo basado en el cumplimiento de requisitos específicos y rechazó las críticas que indican que su proyecto se trata de una amnistía para migrantes.

“Si queremos seguir siendo el ejército número uno del mundo, necesitamos seguir siendo la economía número uno del mundo. Y si no tenemos manos para hacer que esa economía crezca, no estoy segura de cómo vamos a lograrlo”, declaró la congresista durante una conferencia de prensa en abril.

El financiamiento del programa de la Ley de Dignidad proviene del aporte de los participantes por un total de 7000 dólares. El esquema distribuye este pago a lo largo de los siete años de duración.