Promueven en otro estado una polémica ley antiinmigración al estilo Texas: ¿cómo afecta a los extranjeros?

Idaho dio un paso hacia una política migratoria más estricta con la introducción de un proyecto de ley que replicó la legislación de Texas sobre el control de la inmigración. La iniciativa, presentada por el representante republicano Jaron Crane ante el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara, propone criminalizar la entrada irregular al estado, a la vez que otorga facultades a las autoridades locales para hacer cumplir esta normativa.

El proyecto de ley en Idaho introdujo un nuevo delito denominado “entrada ilegal” y estableció que “una persona que sea un extranjero comete una ofensa si ingresa o intenta ingresar a este estado directamente desde una nación extranjera en cualquier lugar distinto a un puerto de entrada autorizado”.

Esta disposición permitiría a las fuerzas del orden verificar el estatus migratorio de los individuos y proceder con su identificación mediante huellas dactilares y fotografías.

La primera vez que una persona fuera descubierta en situación irregular recibiría una multa por un delito menor. Sin embargo, una reincidencia se consideraría un delito grave, lo que podría derivar en deportación inmediata.

La propuesta de Idaho resultó una copia directa de la Ley del Senado 4 de Texas, aprobada en 2023. A pesar de su estado, la legislación texana no entró en vigor debido a impugnaciones legales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

Jaron Crane aseguró en la presentación que la versión de Idaho introdujo una cláusula de separabilidad, lo que permite que, en caso de que alguna parte del proyecto fuera declarada inconstitucional, el resto de la ley continuara en vigor. Además, el documento declaró una emergencia vigente, por lo que entraría en efecto de inmediato una vez firmado por el gobernador.

Sin embargo, esta iniciativa enfrenta oposición. El representante demócrata Todd Achilles argumentó que la ley violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que otorgó al gobierno federal la autoridad exclusiva sobre la legislación migratoria.

Achilles también cuestionó una disposición que concedió inmunidad civil a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, lo que, según él, podría reducir la responsabilidad de las autoridades en casos de abuso o errores en la aplicación de la norma.

Uno de los puntos más controvertidos es el costo de implementar esta ley. Según el proyecto, se requeriría una asignación inicial de 250 mil dólares, junto con un adicional de US$1 millón del fondo general del estado.

Este presupuesto estaría destinado a la capacitación de los agentes, la operación de los centros de detención y los procesos judiciales necesarios para hacer cumplir la normativa.

La propuesta de Crane no resultó nueva en Idaho. En 2024, presentó un proyecto de ley con el mismo contenido, que la Cámara de Representantes estatal aprobó, pero nunca llegó a votación en el Senado antes del cierre de la sesión legislativa.

El comité aprobó la propuesta para que fuera debatida en una audiencia pública en una fecha aún por determinar. La medida promete generar un intenso debate, dado que Idaho no es un estado fronterizo y la aplicación de una política migratoria más restrictiva podría enfrentar los mismos obstáculos legales que en Texas.