Sin debido proceso: la Corte Suprema evaluará la apelación de Trump sobre detención prolongada de migrantes
El máximo tribunal tiene programado escuchar los argumentos orales de este caso durante su próximo periodo judicial; cuál fue el pedido del presidente
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LA NACION
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar una apelación presentada por la administración Trump sobre la legalidad de mantener detenidos por períodos prolongados a ciertos inmigrantes condenados que enfrentan procesos de deportación. La disputa surgió a raíz de la detención de dos residentes permanentes legales con antecedentes penales.
Qué se sabe de la decisión de la Corte Suprema que beneficia a Donald Trump
De acuerdo con Reuters, Trump apeló un fallo de un tribunal inferior que determinó que el derecho al debido proceso prohíbe la detención “irrazonablemente prolongada” de ciudadanos no estadounidenses que enfrentan procedimiento de deportación tras ser condenados por ciertos delitos.
A raíz de esta apelación, el máximo tribunal debe decidir si la Quinta Enmienda de la Constitución garantiza a estos detenidos el derecho a una audiencia ante un juez de inmigración tras periodos de detención largos, o si el gobierno tiene la obligación de demostrar con “evidencia clara y convincente” la necesidad de mantener a alguien arrestado bajo estas circunstancias.
Contexto sobre la detención prolongada de migrantes: la ley Laken Riley
El origen del conflicto legal devino de la ley Laken Riley, firmada por el presidente el pasado 29 de enero de 2025. La legislación introdujo estos cambios significativos, según consignó el sitio web del Congreso:
- Ampliación de la detención: exige que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detenga de manera obligatoria a los a inmigrantes acusados de delitos como hurto en tiendas, robo, allanamiento o agresión a un agente de la ley.
- Poder para los estados: permite a los estados demandar al gobierno federal si consideran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no aplica las leyes de detención en su totalidad.
En medio de la aplicación de la normativa, G.M y Carol Black, dos migrantes con residencia permanente que permanecieron detenidos sin fianza durante el primer mandato de Trump por “delitos graves”, presentaron una demanda de hábeas corpus ante un tribunal federal.
En dicha acusación, argumentaron que tenían derechos a audiencias durante el tiempo que estuvieron detenidos para determinar si cumplían los requisitos para ser puestos en libertad.
Durante las apelaciones de sus casos, el Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Manhattan, declaró que era irrazonable que Black estuviera detenido durante siete meses y G.M. durante casi dos años sin posibilidad de obtener la libertad bajo fianza.
Por tanto, sostuvo que la garantía del debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos otorgaba a los hombres el derecho a una audiencia para la obtención de la fianza. Esta decisión llevó a la administración Trump a interponer un recurso de apelación.
Cuándo se conoce la decisión de la Corte Suprema
No hay una fecha estipulada para conocer la decisión de la Corte Suprema. No obstante, acordó tramitar esta apelación el 15 de junio de 2026 y se espera que este escuche los argumentos de las partes durante su próximo mandato (término judicial), que comienza en octubre de 2026.
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