Trump lleva el muro fronterizo de Texas a la Corte Suprema y el jefe de la CBP defiende las obras pese al freno judicial

La administración de Donald Trump llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos la disputa por el muro fronterizo de Texas. El pedido busca reactivar las obras de Big Bend después de la suspensión judicial del muro. En paralelo, Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), defendió el proyecto pese a la oposición local.

Según el expediente oficial de la Corte Suprema, el gobierno presentó su solicitud de emergencia el pasado 21 de octubre en la causa Markwayne Mullin contra Friends of the Ruidosa Church. El magistrado Samuel Alito requirió una respuesta a los demandantes antes del 29 de octubre, por lo que todavía no existe una resolución sobre el planteo.

El escrito del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), firmado por el procurador general D. John Sauer, solicitó suspender la medida cautelar mientras avanza la revisión. También pidió que la Corte acepte el caso y revoque de forma sumaria la decisión del tribunal de Texas.

La cobertura de Associated Press detalló que la paralización alcanza un sector fronterizo de alrededor de 500 millas (805 kilómetros). El plan combina barreras físicas, caminos e instrumentos de vigilancia, tanto dentro del Parque Nacional Big Bend como en terrenos privados y estatales de la región.

En una entrevista con Associated Press, Rodney Scott defendió la continuidad del proyecto. El funcionario insistió en que la prioridad de la CBP consiste en identificar a las personas y los bienes que ingresan a Estados Unidos, incluso en sectores con cifras históricamente bajas de cruces irregulares.

Scott advirtió que dejar a Big Bend sin infraestructura mientras se refuerzan otros tramos podría trasladar hacia esa región el tránsito clandestino. “Estoy 100% convencido de que quedará completamente desbordada y destruida”, afirmó sobre esa posibilidad.

El comisionado señaló además que el objetivo de proteger las fronteras es innegociable. Sin embargo, aclaró que los planes para el parque nacional no incluyen grandes muros de acero y que la agencia mantiene conversaciones con residentes sobre el tipo de infraestructura adecuado para ese entorno. El proyecto general también contempla tecnología de vigilancia en Big Bend.

En cuanto al cronograma general, la administración informó que construye unas 12 millas (19 kilómetros) semanales. Scott anticipó que el muro principal estaría terminado en diciembre de 2027 y que el proyecto completo concluiría antes del final del segundo mandato de Trump.

La resolución de la jueza Kathleen Cardone, del 2 de octubre, prohibió construir barreras, infraestructura vinculada o realizar movimientos de tierra en el sector de Big Bend sin respetar las leyes aplicables. La magistrada también suspendió la eficacia de tres exenciones legales que facilitaban esos trabajos.

El fallo preliminar sostuvo que los demandantes tenían probabilidades de prosperar en al menos uno de sus reclamos y enfrentaban riesgos de perjuicios graves e irreparables. Entre ellos figuran Friends of the Ruidosa Church, el Centro para la Diversidad Biológica y un residente que trabaja como guía fluvial.

El desacuerdo jurídico gira alrededor de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996. Esa norma permite al secretario de Seguridad Nacional dispensar determinadas exigencias legales para acelerar barreras fronterizas.

Los demandantes objetaron que el gobierno extendiera esas facultades a una región que, a su juicio, no registra una entrada irregular elevada.

En una determinación publicada en el Registro Federal el 15 de mayo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, justificó las exenciones por motivos de seguridad. El documento indicó que la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 89.000 personas que intentaron cruzar irregularmente por Big Bend entre los años fiscales 2021 y 2025.

El gobierno sostuvo ante la Corte Suprema que la jueza interpretó incorrectamente la autorización del Congreso. Por su parte, los opositores argumentaron que Big Bend registra una actividad migratoria menor que otros sectores fronterizos y que las exenciones perjudican la protección ambiental.

El DOJ aseguró que la interrupción afecta a cinco contratos de construcción y genera gastos de mantenimiento de equipos, alquileres y seguridad. Según su presentación judicial, la CBP calculó que esas obligaciones superan los US$460 mil diarios, aun sin actividad en las obras.

La controversia también enfrenta al gobierno con propietarios, ganaderos, empresarios turísticos y ambientalistas. Los opositores cuestionaron el gasto público y alertaron sobre las consecuencias para los paisajes, la fauna y el acceso a las propiedades. Algunos sostuvieron que los drones y las torres de vigilancia resultarían menos costosos que las barreras.

La discusión sobre el parque comenzó antes de la orden de Cardone. En agosto, Scott dispuso una pausa de obras en el Parque Nacional Big Bend tras la aparición de excavadoras en el área. En su entrevista más reciente explicó que la CBP continuó los contactos con actores locales y evitó detallar sus planes específicos debido a los litigios pendientes.