Norma del DHS busca acortar tiempo para que trabajadores religiosos obtengan visa de EEUU
WASHINGTON (AP) — En un momento en que se endurecen las restricciones migratorias en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional intenta facilitar que los trabajadores religiosos que cuentan con visa sirvan a sus congregaciones en el país con menos alteraciones en sus labores.
El DHS (siglas en inglés del departamento) anunció el miércoles un cambio regulatorio, con el cual se pretende reducir los tiempos de espera para obtener visas fuera de Estados Unidos para los clérigos extranjeros, de quienes dependen muchas comunidades religiosas estadounidenses para que sirvan como pastores, sacerdotes, monjas, imanes o rabinos. Estos trabajadores religiosos enfrentan un retraso de años para obtener la residencia legal permanente en el país, pero las congregaciones pueden traerlos con visas temporales llamadas R-1.
El DHS introdujo una solución a un problema que afecta al clero y que activistas habían solicitado: eliminar el requisito de que los trabajadores religiosos con visa R-1 salgan de Estados Unidos durante un año después de alcanzar el máximo de cinco años de estancia permitido por su visa. Ese tiempo de visa solía ser más que suficiente para obtener la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes —la llamada “tarjeta verde”—, pero en 2023, el gobierno implementó un cambio en el procesamiento que lo alargó tanto que la mayoría tuvo que irse del país. Ahora, aún deben salir de Estados Unidos, pero pueden solicitar el reingreso inmediatamente.
“Estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones religiosas continúen brindando los servicios de los que dependen los estadounidenses”, dice el comunicado del DHS. “Los pastores, los sacerdotes, las monjas y los rabinos son esenciales para el tejido social y moral de este país. Mantenemos nuestro compromiso de encontrar maneras de apoyar y fortalecer a estas organizaciones en su labor crucial”.
La norma del DHS flexibiliza una restricción migratoria en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump ha endurecido muchas otras vías de inmigración. El comunicado del DHS enfatizó el compromiso de proteger la libertad religiosa y minimizar las alteraciones operativas en las comunidades religiosas.
“Es un gran logro”, dijo Lance Conklin, un abogado de inmigración de Maryland que representa a iglesias evangélicas con titulares de visas R1. “Potencialmente, le permitiría a la gente no causar alteraciones en el funcionamiento de la organización al tener que hacer que alguien se vaya durante un año, porque esa es una gran imposición ahora”.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (Usccb, por sus siglas en inglés) lo calificó como un “paso verdaderamente significativo para apoyar los servicios religiosos esenciales en Estados Unidos”.
En una declaración conjunta, el arzobispo Paul Coakley, presidente de la Usccb, y el obispo Brendan Cahill, presidente del comité de migración de la Usccb, expresaron su gratitud por la labor del gobierno en este tema. “No puede subestimarse el valor del programa de visas para trabajadores religiosos y nuestra apreciación por los esfuerzos realizados para apoyarlo”.
“¡Aleluya!”, exclamó Olga Rojas, asesora de inmigración de la arquidiócesis de Chicago. “Nos alegra que el gobierno haya implementado este cambio. Nos beneficia para no perder a trabajadores religiosos valiosos que contribuyen tanto a nuestras parroquias y escuelas”.
La Iglesia católica de Estados Unidos depende desde hace tiempo del clero nacido en el extranjero debido a la escasez de sacerdotes. Otras confesiones religiosas, desde el budismo hasta el cristianismo pentecostal, también reclutan a clérigos nacidos en el extranjero para servir a las crecientes congregaciones no angloparlantes, o debido a que cuentan con formación especializada de instituciones internacionales profundamente arraigadas en la historia de la religión.
La visa R1 de cinco años solía brindar tiempo suficiente a las congregaciones para solicitar la residencia permanente bajo una categoría especial llamada EB-4, que le permitía al clero obtener la residencia permanente.
El Congreso establece una cantidad específica de “tarjetas verdes” disponibles por año, dividida en categorías, casi todas con base en el tipo de empleo o el parentesco con ciudadanos estadounidenses. En la mayoría de las categorías, la demanda supera la cantidad anual autorizada.
Los ciudadanos de países con una demanda especialmente alta son colocados en “filas” separadas, a menudo más largas, donde el procesamiento de las solicitudes puede tardar décadas.
En una fila separada también se encontraban los niños migrantes con “Estatus Especial de Inmigrante Juvenil” —menores abandonados o maltratados— de Guatemala, Honduras y El Salvador. Cientos de miles de personas solicitaron tarjetas de residencia permanente para inmigrantes por razones humanitarias o asilo tras cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde mediados de la década de 2010, aunque recientemente el gobierno de Trump restringió el programa.
En marzo de 2023, en la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Estado repentinamente comenzó a añadir a los menores a la fila general de solicitudes de tarjetas de residencia, junto con el clero.
Esto generó nuevos retrasos que amenazaron la posibilidad de que los trabajadores religiosos permanecieran en Estados Unidos. No existen cifras exactas, pero se calcula que la situación de miles de trabajadores religiosos está retrasada en el sistema de tarjetas de residencia permanente o que aún no han podido solicitarlas.
En el verano de 2024, la diócesis de Paterson, Nueva Jersey, y cinco de sus sacerdotes afectados demandaron al DHS, al Departamento de Estado y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). La demanda argumentó que el cambio de 2023 “causará una alteración severa y sustancial en la vida y la libertad religiosa” de los sacerdotes y los fieles a quienes sirven. La demanda fue desestimada voluntariamente en el otoño de 2025 “para permitir que la Agencia tome medidas o promulgue una normativa que deje sin efecto las pretensiones de los demandantes ante el tribunal”, según documentos judiciales.
“Estamos obteniendo la resolución que buscábamos, que en última instancia es mantener a los sacerdotes en Estados Unidos”, dijo el miércoles Raymond Lahoud, abogado de la diócesis en la demanda. “Pero el problema subyacente es que todavía tienen que esperar una década para obtener la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes. Por lo tanto, la incertidumbre continúa hasta que el Congreso trabaje en conjunto en una reforma migratoria integral”.
En la primavera de 2025, se presentó un proyecto de ley bipartidista en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos que solicita una pequeña solución similar a la norma del DHS del miércoles, la cual permitiría la extensión de las visas de los trabajadores religiosos durante el tiempo en que su solicitud de residencia permanente esté en trámite.
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Dell’Orto informó desde Minneapolis.
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