Buenas noticias para migrantes en Nueva Jersey: el millonario proyecto creado por Sherrill para luchar contra el ICE

Nueva Jersey puso en marcha una nueva etapa de sus programas de apoyo legal para inmigrantes mediante una inversión de más de 20 millones de dólares destinada a ampliar los mecanismos de defensa frente a procesos de deportación y detención. La medida fue presentada por la gobernadora Mikie Sherrill como parte de una estrategia orientada a garantizar que las personas puedan acceder a representación jurídica.

Una parte central del proyecto corresponde a la expansión de la Iniciativa de Defensa contra la Detención y Deportación (DDDI, por sus siglas en inglés), programa que recibió un incremento presupuestario de US$12 millones. Con esta ampliación, el fondo total destinado a la iniciativa alcanzó los US$20,2 millones, lo que permitirá aumentar la cantidad de beneficiarios y extender la cobertura de los servicios legales gratuitos.

“Toda persona merece ser tratada con dignidad y gozar de los derechos consagrados en nuestra Constitución. Estos derechos incluyen el acceso al debido proceso y a una audiencia justa conforme a la ley, independientemente del lugar de nacimiento“, dijo Sherrill en un comunicado.

Las autoridades estatales indicaron que los recursos estarán dirigidos principalmente a personas de bajos ingresos que se encuentren en procesos migratorios y no cuenten con medios para contratar representación privada.

“A medida que la administración Trump dificulta que los miembros de nuestra comunidad impugnen la detención y la deportación, el acceso a representación legal calificada es más importante que nunca”, aseguró la gobernadora.

Además del refuerzo presupuestario, el estado creó la Iniciativa de Respuesta Legal Rápida (RLRI, por sus siglas en inglés), coordinada por la Oficina de Nuevos Americanos junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Seton Hall.

El programa tiene como finalidad intervenir en situaciones que requieran acciones judiciales inmediatas para proteger derechos constitucionales de personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Entre sus funciones se encuentran:

• Presentación de recursos judiciales ante tribunales federales.
• Asistencia en casos de deportación acelerada.
• Gestiones destinadas a evitar traslados de detenidos fuera de Nueva Jersey.

Uno de los instrumentos utilizados por la iniciativa son las peticiones de habeas corpus, recursos que permiten cuestionar la legalidad de una detención ante la justicia federal. La estrategia también contempla solicitar medidas judiciales para suspender expulsiones o transferencias de personas a otros estados cuando esas acciones puedan afectar su acceso a defensa legal o contacto con familiares.

Para estos casos, el programa promueve el trabajo conjunto entre especialistas en derecho migratorio y abogados con experiencia en litigios federales. Las autoridades estatales informaron que las personas que necesiten asistencia pueden iniciar una evaluación de su situación mediante un formulario de referencia administrado por la DDDI.

También se mantienen líneas telefónicas de orientación al 201-305-9217 operadas por organizaciones que colaboran con el programa y brindan información sobre representación legal en procesos migratorios. En paralelo, la Oficina de Nuevos Americanos distribuye materiales informativos sobre derechos fundamentales en 22 idiomas para facilitar el acceso en distintas comunidades.

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