Oficial y confirmado: pagan a policías del estado de Nueva York para que ayuden a la Border Patrol a arrestar inmigrantes

En el estado de Nueva York existe un programa de financiamiento federal que involucra a la policía local en tareas de control migratorio. En ese marco, las autoridades estatales fueron cuestionadas por una presunta contradicción respecto a su discurso sobre la protección de las comunidades de inmigrantes.

La Operación Stonegarden es una estrategia federal que financia a las policías locales para colaborar con la Patrulla Fronteriza. El gobierno federal financia horas extras de agentes locales para realizar patrullajes en carreteras y vías fluviales cercanas a Canadá.

Los registros obtenidos por New York Focus muestran que los agentes reportaron haber entregado al menos 24 inmigrantes a Border Patrol desde 2023, aunque la cifra podría ser aún mayor. Las policías concretaron estas detenciones tras realizar paradas de tránsito por infracciones viales en rutas estatales.

Además, el estado administra estos recursos y distribuyó unos US$30 millones entre los condados fronterizos desde 2009. La policía destina estos fondos federales a patrullajes y a la adquisición de lectores automáticos de matrículas.

Según el informe, las agencias policiales de Jefferson y Oswego detienen a conductores extranjeros y prolongan las paradas para facilitar el arribo de la Patrulla Fronteriza. Estas retenciones civiles ocurren al margen de la persecución de delitos estatales o locales.

El alguacil del condado de Cayuga, Brian Schenck, defendió la participación de su oficina en el programa federal y desvinculó su labor de los controles de carácter civil. El jefe policial declaró: “Un asunto de inmigración civil, eso no es lo que hacemos”.

En diálogo con New York Focus, Schenck justificó estos recursos para prevenir delitos graves en el área limítrofe de Nueva York. Al respecto, el alguacil añadió: “Lo que nos preocupa es si existe algún tipo de actividad delictiva relacionada con nuestra frontera: el tráfico de personas, o que alguien transporte armas o drogas”.

Por su parte, el subalguacil del condado de Wyoming, Colin Reagan, ratificó que su agencia descarta la persecución activa de las personas sin estatus legal regular. “No hacemos cumplir las leyes de inmigración en el condado de Wyoming, y eso no es parte de esa patrulla en absoluto”, dijo.

Reagan insistió en la separación entre sus tareas preventivas y las competencias de la autoridad federal. “No preguntamos sobre la ciudadanía, no preguntamos nada de ese estilo”, sostuvo.

La gobernadora Kathy Hochul respaldó este año la entrega de US$2,7 millones de la Operación Stonegarden para tareas de seguridad. Según New York Focus, esta postura generó críticas debido a que ella misma firmó una ley que prohíbe las alianzas formales de la policía local con la agencia de inmigración.

Varios legisladores estatales advierten que la subvención funciona como una vía de escape para evadir las reformas protectoras. La fiscal general Letitia James recordó que las normas prohíben retener a una persona por faltas civiles sin una orden de arresto judicial.

La oficina de la gobernadora ratificó que la administración estatal descarta el apoyo a los procesos civiles de expulsión de inmigrantes. No obstante, el programa federal mantiene el flujo de recursos para la participación de los policías locales en estos arrestos fronterizos.