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Freno al ICE en Texas: presionan al gobernador Abbott para cerrar un centro de detención con familias migrantes
Demócratas reclaman supervisión sobre Dilley tras denuncias por atención médica y estadías infantiles que superan los límites del acuerdo Flores
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LA NACION
El gobernador de Texas, Greg Abbott, quedó bajo presión política por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Legisladores demócratas estatales le pidieron que reclame por el cierre del Dilley Immigration Processing Center, una instalación que mantiene a familias migrantes bajo custodia.
Los demócratas de Texas piden a Abbott el cierre de Dilley
Según informó FOX 7 Austin, el bloque demócrata de la Cámara de Representantes de Texas pidió al gobernador que exija el cierre del establecimiento.
Los legisladores sostuvieron que Dilley no ofrece condiciones seguras para menores y adultos y reclamaron una visita legislativa al lugar, junto con la coordinación con organismos estatales de bienestar infantil y salud pública.
La carta describió a Dilley como la única instalación de EE.UU. dedicada a retener a grupos familiares con menores que no enfrentan cargos penales.
Los demócratas también cuestionaron el contrato de CoreCivic, la empresa que opera el establecimiento, y afirmaron que su esquema fomenta una dotación insuficiente de personal y una atención deficiente.
Las denuncias sobre atención médica y condiciones en el centro del ICE
Los legisladores citaron denuncias de abogados que representan a personas alojadas en Dilley. Entre los casos mencionaron a una mujer que no habría recibido una ecografía para estudiar un bulto doloroso en el pecho y a un chico de cinco años que no habría accedido a tratamiento por 15 caries.
También expusieron el caso de un adolescente de 16 años. Según el reclamo, el personal le dio ibuprofeno y le indicó que esperara tres días hasta que necesitó atención de emergencia.
Las familias también denunciaron comida con gusanos o restos de uñas, agua no apta para beber y luces encendidas durante toda la noche. CoreCivic rechazó esas acusaciones.
Su vocero, Ryan Gustin, sostuvo ante FOX 7 Austin que el establecimiento recibe varios niveles de supervisión y que las autoridades federales controlan su cumplimiento de las normas aplicables.
La compañía afirmó que brinda un entorno seguro y adecuado, ofrece tres comidas y refrigerios diarios y mantiene la cantidad de trabajadores que exige su contrato gubernamental.
La presión estatal se sumó a otros reclamos para cerrar Dilley desde el Congreso federal. En julio, el representante demócrata Joaquín Castro encabezó un pedido de 111 miembros demócratas de la Cámara de Representantes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El grupo exigió que el organismo termine el contrato con CoreCivic y cierre Dilley, de acuerdo con el comunicado oficial.
Al menos 60 menores pasaron 100 días o más detenidos en Dilley
El reclamo también puso el foco sobre la detención de niños en Dilley y los efectos que, según los legisladores, produce la permanencia prolongada bajo custodia.
Un análisis de The Texas Tribune sobre datos federales detectó que al menos 60 menores permanecieron 100 días o más en Dilley. El promedio de permanencia era de unos 25 días, aunque durante un período de seis meses llegó a 47 días.
Durante el primer año desde la reapertura del establecimiento en marzo de 2025, alrededor de 3000 niños pasaron por Dilley y más de la mitad permaneció allí durante más de 20 días.
Ese plazo resulta central para la disputa judicial por el acuerdo Flores, que establece protecciones para menores bajo custodia migratoria.
La orden judicial que puso a Dilley bajo supervisión independiente
Una orden de la jueza federal Dolly M. Gee, fechada el 17 de agosto, nombró a Andrea Sheridan Ordin como responsable especial y al pediatra Paul H. Wise como monitor independiente.
Ambos deberán controlar el cumplimiento del acuerdo Flores y de las órdenes judiciales relacionadas.
En Dilley, la supervisión cubrirá tres ejes: el tiempo de permanencia de los menores, el acceso adecuado a la atención médica y la notificación de sus derechos.
La orden autoriza visitas anunciadas y sin aviso, entrevistas con personas detenidas, familiares adultos y empleados del ICE, además del acceso a documentos y registros.
El esquema tendrá un período inicial de 12 meses desde la entrada en vigencia del protocolo de supervisión. Ordin y Wise deberán presentar informes trimestrales ante la corte.
Si detectan incumplimientos vinculados con el tiempo de custodia, la atención médica o la información de derechos en Dilley, deberán comunicarlo al ICE y a los abogados del gobierno.
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