Trump pide datos privados de inmigrantes beneficiarios de SNAP y fiscales demócratas lo demandan

Una ofensiva judicial enfrenta al gobierno del presidente Donald Trump con una coalición de 20 fiscales generales estatales. El motivo: la exigencia de que los estados entreguen información personal detallada de millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Los demandantes acusan a la Casa Blanca de utilizar este requerimiento como herramienta para localizar inmigrantes ilegales y de violar leyes de privacidad estatales y federales.

La demanda fue presentada en California y liderada por los fiscales Rob Bonta —de ese estado—, Letitia James —Nueva York— y Dana Nessel —Michigan—. Tal como informó la agencia EFE, denuncian que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) exige nombres completos, fechas de nacimiento, números de Seguro Social, direcciones y códigos postales de quienes solicitaron o reciben los beneficios desde 2020. También incluye datos sobre estatus migratorio, estado civil, historial educativo y laboral.

El gobierno federal fijó el 30 de julio como fecha límite para la entrega y advirtió que, en caso de incumplimiento, podría retener los fondos del programa. SNAP asiste a más de 42 millones de personas en todo el país norteamericano, cubre el 100% de los beneficios alimentarios y depende de los estados para determinar la elegibilidad de los solicitantes.

“Es una estrategia engañosa de la peor calaña”, afirmó Bonta, según consignó Associated Press. Y agregó: “Los beneficiarios del SNAP proporcionaron esta información para obtener ayuda para alimentar a sus familias, no para ser incluidos en una base de datos de vigilancia del gobierno ni para ser utilizados como blanco de la inhumana agenda migratoria del presidente”.

En esa línea, el fiscal agregó: “Este tipo de focalización no hace que Estados Unidos sea más seguro. Amenaza el acceso de los niños a las comidas escolares, pone en peligro el acceso de los supervivientes de incendios forestales a la ayuda”, según indicó Fox News.

James coincidió: “Esta administración está intentando utilizar este programa como herramienta en su cruel y caótica persecución de los inmigrantes”. La fiscal de Nueva York recordó que, solo en su estado (Nueva York), 2,9 millones de personas dependen de este beneficio, en su mayoría familias con niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

El USDA sostiene que el acceso a los datos busca prevenir el fraude y el despilfarro en el sistema, al que considera carente de control en tiempo real, según AP. Sin embargo, los fiscales replicaron que el propio SNAP cuenta con uno de los mecanismos de supervisión más estrictos del gobierno federal y que históricamente registra tasas muy bajas de fraude.

Además, recordaron que la administración Trump ya impulsó solicitudes similares para obtener datos de programas como Medicaid, y que luego reconoció que esa información serviría para reforzar operativos de deportación.

Los estados demandantes acusan al gobierno federal de ignorar los límites legales sobre el uso de la información de SNAP, de eludir procedimientos formales y de desoír cientos de advertencias en audiencias públicas. En ese sentido, consideraron que esta medida amenaza el acceso de comunidades vulnerables a la asistencia alimentaria, intimida a potenciales solicitantes y viola la autoridad legal del USDA.

“Se están saltando los procedimientos legales, ignorando las protecciones de la privacidad y exigiendo datos que la ley federal dice explícitamente que solo pueden utilizarse para administrar el programa SNAP”, advirtió Bonta.