Una respuesta de Disney complica a DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha tenido semanas difíciles, dado que las últimas encuestas lo muestran detrás de Donald Trump en su campaña electoral. Además, Disney tampoco está dispuesto a dejarle el camino libre. El miércoles, la compañía rechazó la reciente solicitud de inmunidad del político y lo criticó por “evadir la responsabilidad de sus acciones”.

En abril, el gigante del entretenimiento presentó una demanda contra DeSantis en un Tribunal de Distrito de Estados Unidos, luego de varios desencuentros. La batalla formal comenzó en 2022, cuando la compañía se pronunció en contra de la Ley de derechos de los padres en la educación, conocida por sus críticos como “No digas gay”, que restringe la enseñanza de la identidad de género en las aulas.

La administración actual de Florida respondió con acciones que Disney calificó de represalias y una violación a sus derechos de libertad de expresión. En respuesta, DeSantis promovió que la compañía perdiera la posesión del distrito especial en el que está su parque temático en Florida, anteriormente llamado Reedy Creek Improvement District. La moción de DeSantis para desestimar la demanda de represalias fue presentada el 26 de junio y el conglomerado, dirigido ahora por Bob Iger, presentó su respuesta este miércoles.

Los abogados de Disney fueron contundentes. “El gobernador trata de eludir la responsabilidad por sus acciones en un terreno más estrecho, afirmando que un gobernador no puede ser considerado oficialmente responsable de la aplicación, administración y ejecución de las leyes estatales que castigan a los residentes por declaraciones políticas que violan un código de expresión prescrito por el Estado”, escribieron los legistas en una presentación legal, citada por Tallahassee Democrat.

Desde que se presentó el proyecto “No digas gay”, se suscitó una controversia fuera de los límites de Florida. The Walt Disney Company se opuso públicamente a la medida después de que sus empleados organizaran huelgas. Bob Chapek, quien fuera director ejecutivo del gigante del entretenimiento, declaró que la empresa había suspendido sus contribuciones a políticas y que trabajaba en revocar la ley.

En abril, esta disputa llegó a otro nivel cuando la compañía demandó al DeSantis para quitarle la capacidad de autogobierno en sus parques de Orlando. La empresa modificó la demanda a principios de mayo, con más ejemplos de cómo la legislación en el Estado del Sol estaba destinada a despojarlos de su jurisdicción en Disney World.

El mes pasado, los representantes del republicano solicitaron inmunidad en el caso a un juez federal. De esta manera, se anularía la demanda y se eximiría al gobernador de otra acción legal, responsabilidad o castigo.

Los abogados de DeSantis defienden que la demanda de Disney no tiene fundamento. En una revisión reciente, instaron a quitarle validez al afirmar que las acciones del gobernador no fueron represalias. En su lugar, agregan, trataba de hacer una reforma “atrasada” en un distrito con el que la empresa adquirió un poder sin precedentes de autogobierno. La nueva junta del distrito, nombrada por DeSantis, también presentó antes su propia demanda contra la empresa en un tribunal estatal.

Disney se defendió con su respuesta reciente: “Este caso plantea la cuestión fundamental de si el gobernador y el estado pueden eludir la responsabilidad por su abierto desafío a las libertades más preciadas de nuestra nación. La moción busca la desestimación por motivos de legitimación del Artículo III, inmunidad soberana e inmunidad legislativa, pero esos principios no tienen aplicación aquí”, señalaron los abogados de la compañía.

Ron DeSantis lucha contra Disney mientras trata de posicionar su campaña para la nominación del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de EE.UU. En diferentes intervenciones, ha acusado a la “Casa del Ratón” de tener una agenda progresista e incluso de difundir contenido sugerente a los niños. No obstante, no está claro cuándo se celebrará el juicio federal.

Disney pide que inicie el 15 de julio del próximo año, que coincide con el primer día de la Convención Nacional Republicana. En tanto que el equipo de DeSantis insta a fijar la fecha posterior a las elecciones presidenciales.