Ecuador esquina Rosario

El gobernador de Santa Fe recibe a razón de una amenaza de muerte por semana. Al final del primer mes de mandato, Maximiliano Pullaro decidió mudar a su familia y ocultarla de sus potenciales agresores.

La noticia pasó, entre tantas. La agenda de lo urgente colabora con dejar en un segundo plano lo importante. El galope inflacionario, la negociación y el enésimo acuerdo con el Fondo Monetario, el acalorado debate en las comisiones del Congreso sobre el proyecto de la ley ómnibus y hasta la mudanza del Presidente a Olivos derivan la atención.

Ministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz, Pullaro llegó al gobierno santafesino luego de prometer un combate frontal contra los grupos de narcotraficantes que han llevado a Rosario a padecer tasas de criminalidad mexicanas o colombianas en menos de una década.

El gobernador empezó por lo básico: requisar las celdas de los jefes narcos presos y de sus lugartenientes, advertido de que cumplen sus largas sentencias haciendo home office. Desde las cárceles ordenan comprar y vender drogas, como también intimidar, desafiar y matar.

A Pullaro le respondieron con una serie de amenazas que en casos anteriores se habían consumado en contra de sedes judiciales, de gobierno y medios de comunicación de Rosario. El entonces gobernador Antonio Bonfatti estaba en su casa de Rosario cuando balearon la vivienda, en octubre de 2013. El único acusado por el atentado fue asesinado varios años después.

En la década que siguió a los disparos contra Bonfatti aumentaron y se multiplicaron los crímenes narcos en Rosario y alrededores, en especial cuando durante los gobiernos nacionales del kirchnerismo se interrumpieron los lazos de colaboración con la gestión provincial.

El anuncio de Pullaro de la mudanza de su familia a un lugar más seguro ocurrió en el mismo momento en el que Ecuador se ofreció al mundo como el ejemplo de un Estado abatido por el crimen organizado. También ahí debieron poner a resguardo al presidente Daniel Noboa y a los miembros de su gabinete.

El joven mandatario que asumió el cargo en octubre pasado le declaró un “estado de guerra” al fantasma omnipresente que apenas dos días atrás se había corporizado en la fuga de uno de los principales capos narco de Ecuador, en la toma por parte de los reclusos de una decena de prisiones, en la ocupación de una universidad y la irrupción con armas de fuego en un canal de televisión.

Ecuador no estalló en forma repentina. Hace años el Estado viene cediendo el control del país, hasta poner en duda su propia existencia, a grupos narcos a su vez enfrentados entre sí.

Como si no alcanzara el ejemplo de México o Colombia, Ecuador nos enfrenta a un espejo que en la Argentina muchos prefieren no mirar.

El control de Rosario y de la seguridad en Santa Fe también parece puesto en duda, porque a diferencia de otros lugares de la Argentina hay bandas de narcos que pelean a tiros el dominio territorial.

Una pax simulada oculta la misma situación en otros grandes centros urbanos donde, como en la ciudad santafesina, el tráfico de drogas se ha extendido y naturalizado en forma exponencial.

El Informe de Riesgo Político publicado el miércoles en Chile por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica advierte que “los gobiernos latinoamericanos continuarán enfrentando una triple amenaza que está erosionando el Estado de Derecho y la calidad de las democracias en la región y complicando la gobernabilidad. Estos desafíos incluyen el crimen organizado, la corrupción sistémica y el populismo autoritario”.

El informe es el más pesimista en varios años y señala el peligro de que situaciones como las de Ecuador sean enfrentadas con métodos autoritarios al estilo de los que utiliza en El Salvador el presidente Nayib Bukele.

“El 60% de los países en América Latina ya no son democráticos (The Economist 2023)”, dice el reporte, que pone a nuestro país entre las naciones que se salvan parcialmente del desastre institucional. “Según el último informe del Índice de la Democracia 2022, en la región solo Uruguay, Costa Rica y Chile son democracias plenas, y Panamá, Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana clasifican como democracias incompletas”.

El deterioro institucional, como el avance de las redes de narcotráfico y de crimen organizado, suele ser para la Argentina un asunto de menor importancia cuando se compara su situación con los indicadores regionales.

No siempre esos promedios ayudan. La Argentina está peor y se desliza inerme hacia otro límite peligroso. Alguna vez se señaló a la inflación venezolana como un ejemplo al que podríamos llegar si el kirchnerismo seguía profundizando la crisis que acrecentó. El año que acaba de terminar, la inflación chavista fue menor a la inflación argentina.

Siempre se puede estar peor. Rosario, y por lo tanto el país, se acerca a Ecuador de la misma manera en que los índices de precios argentinos superaron a Venezuela.

Se empieza por naturalizar lo atroz; por considerar normal que los narcos sigan mandando a asesinar desde su celda; por tolerar que se multipliquen los lugares de venta de droga. Por aceptar que la familia de un gobernador deba esconderse para que no puedan consumarse las amenazas de muerte.