El rol de la ciencia en el desarrollo. ¿Dónde está parada la Argentina?
Hay críticas al “desmantelamiento” del ecosistema científico en el país, pero el Gobierno dice que está promoviendo una restructuración del sistema
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
Desde hace un tiempo, el financiamiento de las ciencias en la Argentina está en el centro de la escena. Distintos sectores involucrados critican los recortes que el Gobierno realiza y afirman que existe un “desmantelamiento” del ecosistema. Desde el oficialismo, sin embargo, aseguran que lo que están haciendo es “reorganizar” el sector. Lo que pocos discuten es el rol esencial que la innovación científica tiene en el desarrollo económico de los países.
La inversión en ciencia, tecnología e innovación dejó de ser un componente accesorio del desarrollo, para convertirse en uno de sus factores estructurales
“Si realmente se quiere hacer un salto exponencial de crecimiento, hay que innovar”, dice Diego Golombek, doctor en Biología, investigador y divulgador científico, autor de la colección de libros Ciencia que ladra, y premiado con el Award for Education in Neuroscience que otorga la Society for Neuroscience, una de las organizaciones científicas más importantes del mundo.
Formador de científicos, suele participar también en reuniones empresariales, en las que advierte que apostar a la ciencia “tarda muchísimo más que una apuesta segura, pero el rédito puede ser mucho más grande”. En el Córdoba VC Summit, un foro de capital emprendedor, graficó con el caso de la farmaceútica Novo Nordisk, dedicada al tratamiento de enfermedades crónicas, especialmente diabetes y obesidad. El éxito de los lanzamientos de Ozempic (diabetes) y Wegovy (obesidad) la transformaron en la empresa con mayor capitalización de Europa; vale más que todo el PBI de Dinamarca, y la mitad del crecimiento del PBI de ese país en 2024 se explica por la compañía.
La inversión en ciencia, tecnología e innovación dejó de ser un componente accesorio del desarrollo, para convertirse en uno de sus factores estructurales. Hay evidencia de que los países que destinan una mayor proporción de su riqueza a la generación de conocimiento no solo lideran los rankings de innovación, sino que también ocupan los primeros lugares en desarrollo humano, productividad, competitividad y calidad de vida.
Israel, que usa alrededor del 6% de su PIB a I+D, se ubica sistemáticamente entre los primeros 20 países del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Corea del Sur, con una inversión cercana al 5 % del PIB, combina altos niveles de ingreso per cápita, fuerte inserción exportadora y liderazgo industrial. Suecia, Estados Unidos, Alemania, Japón y Suiza, todos con niveles de asignación superiores al 3% del PIB, integran el grupo de países con mayor productividad, mejores salarios y ecosistemas empresariales altamente dinámicos.
La brecha es grande. Mientras el gasto mundial en investigación y desarrollo es de unos 2,8 billones de dólares anuales, cerca del 80% se concentra en un puñado de países; siete de cada diez destinan menos del 1% de su PIB a ciencia, un umbral considerado insuficiente para sostener procesos continuos de innovación.
La Argentina, que cuenta con una tradición científica sólida, universidades públicas de calidad y un sistema de investigación reconocido internacionalmente, tiene una inversión estructuralmente baja e inestable
América Latina ocupa un lugar intermedio pero frágil en este mapa; representa menos del 3% de la inversión global en I+D. En promedio, sus países asignan entre 0,4% y 0,6% del PIB a ciencia y tecnología, y Brasil explica más de la mitad del gasto total.
La Argentina, que cuenta con una tradición científica sólida, universidades públicas de calidad y un sistema de investigación reconocido internacionalmente, tiene una inversión estructuralmente baja e inestable. En los últimos años se ubicó entre 0,5% y 0,6% del Producto.
Un reporte del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación da cuenta de que los salarios de investigadores del Conicet, respecto de noviembre de 2023, quedaron –computada la inflación de abril– un 40,4% por debajo en términos reales. Los docentes investigadores en universidades nacionales llevan perdido 34,2% de su salario y los científicos del Sistema Nacional de Empleo Público, 32,1% en el mismo periodo.
La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) presentó un recurso de amparo solicitando la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley de Presupuesto 2026, que deroga los artículos 5, 6 y 7 de la ley de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, que establecen un aumento progresivo de los recursos asignados al sistema científico, definiendo que nunca serán inferiores, en términos absolutos, a los del presupuesto del año anterior.
Miembro de la coordinación de la Red e investigador principal del Conicet, Sergio Dassie plantea que el sistema se sostiene cada vez más por inercia. “La ley de financiamiento del sistema se sancionó por unanimidad en el Congreso y daba cierta previsibilidad a la disponibilidad de recursos. Fijaba, además, un sendero de crecimiento que debía llevar la inversión al 1% del PIB en 2030. Para este año, ese camino marcaba alrededor del 0,56%. El presupuesto aprobado, en cambio, asigna apenas el 0,15%”.
Articulación clave
El recorte deja muy vulnerable al sistema de ciencia y tecnología hacia el futuro, dice Dassie. “Esto se expresa en el funcionamiento cotidiano de los institutos, de las unidades ejecutoras del Conicet, lo que obliga a que universidades u otros organismos cubran gastos básicos. Gran parte del trabajo está siendo subvencionado por contrapartes que se están haciendo cargo. A eso se suma un problema silencioso pero crítico, el de la infraestructura. Hay equipos que requieren mantenimiento permanente. Por ejemplo, los bioterios, donde hay familias completas de animales que deben ser mantenidas todos los días. Eso no se puede apagar y prender según el presupuesto”.
El impacto más profundo, enfatiza, está en las personas. “No solo en el nivel de ingresos, sino que hay una baja muy fuerte del número de becarios. Eso no impacta hoy, sino en el mediano plazo. La pérdida de investigadores jóvenes desarma cadenas de formación”.
La baja en el presupuesto afecta además a las comisiones nacionales de Energía Atómica (Cnea) y de Actividades Espaciales (Conae), el Inta, el Inti y otros organismos de investigación. Es el presupuesto más bajo de las últimas tres administraciones nacionales.
La Fundación Libertad y Progreso, cercana a las ideas de la administración de Javier Milei, publicó el año pasado una propuesta de reforma del Conicet que plantea, entre otras cosas, eliminar la carrera de investigador, migrar proyectos al sector privado y excluir las ciencias sociales del organismo.
Economista y politólogo, investigador principal de Fundar en temas de innovación, ciencia y tecnología, Juan O’Farrell precisa que los países que invierten más en ciencia y tecnología crecen más. “Esos recursos permiten desarrollar soluciones a problemas estructurales, desde la producción de alimentos a medicamentos, incluyendo patentes y cambio climático”. Advierte que, incluso antes del actual ajuste, la Argentina ya estaba por debajo del esfuerzo de naciones no solo desarrolladas, sino de ingresos similares.
O’Farrell señala que la de I+D es una inversión de largo plazo, y una economía con crisis recurrentes desincentiva este tipo de apuestas. “Los países que lograron avanzar crearon instituciones para reducir el riesgo de las empresas, como agencias de innovación y fondos de cofinanciamiento. Son esquemas donde el Estado invierte una parte y los privados acompañan. Alemania, Corea del Sur, Israel y Brasil no solo pusieron recursos, sino reglas claras y espacios de articulación”.
La desinversión, además, expulsa a los investigadores, que se van a otros países. “Es antieconómico”, añade O’Farrell. “Sectores como la agricultura o la biotecnología pueden perder capacidades frente a competidores que sí sostienen una política de Estado”.
Fuentes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación coinciden en que el conocimiento es “un factor central para la producción, la competitividad y el bienestar social”. Pero, agregan, “la ciencia no puede pensarse como un fin en sí mismo ni como un sistema desconectado de la realidad productiva y social”. Rechazan que haya desinversión: “El desafío no es solo cuánto se invierte, sino cómo se orientan los recursos para que se traduzcan en crecimiento, empleo de calidad y más oportunidades para la sociedad”.
Con ese enfoque, dicen, impulsaron un “reordenamiento integral del sistema científico– tecnológico para dotarlo de dirección estratégica, prioridades claras y un uso más eficiente de los recursos públicos”.
Marcelo Tedesco, exdirector Foro Empresarial MIT para México y docente del ITBA, apunta: “Los países no avanzan sin inversión en investigación, ciencia básica, aplicada e innovación, sea pública o privada. Eso da una perspectiva de desarrollo serio y sustentable”.
‘Si el Estado no confía invirtiendo, ¿por qué lo haría el sector privado?’, dice Marcelo Tedesco
En las economías más avanzadas, la mayor parte de la inversión proviene del sector privado. Por ejemplo, en Israel alcanza al 90%, mientras que en Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y China, ronda el 75%. En Europa occidental es de entre 65% y 75%, con Estados que cumplen un rol estratégico como financiadores iniciales, reguladores y articuladores del sistema. La misma lógica aparece en China, donde alrededor del 70% es privada, pero apalancada por decisiones públicas.
“Nunca desaparece el Estado”, dice Tedesco. “Si el Estado no confía invirtiendo, ¿por qué lo haría el sector privado?. La historia de los grandes polos tecnológicos desmiente la idea de una innovación espontánea. Silicon Valley es un producto del Estado, igual que Boston. El ratio internacional ronda 65% privado y 35% estatal. Incluso universidades como el MIT o Stanford reciben cerca del 30% de su presupuesto del Estado. No se puede pensar un país desarrollado y sostenible sin esa articulación”.
En Latinoamérica, más de la mitad de la inversión en ciencia es pública, dada la debilidad del entramado productivo para absorber riesgos de largo plazo.
Rol de la ciencia básica
Marcos Cohen, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, aporta: “Gran parte del crecimiento sostenible y del desarrollo está explicado por la innovación, que es consecuencia de la investigación y el estudio. La inversión en I+D en la Argentina, en relación al PBI, es la mitad que la de Brasil. Para alcanzar el promedio de la Ocde la inversión pública debería multiplicarse por cinco y la privada por diez. Para que el fuerte de los recursos venga de los privados se requiere estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, acceso a mercados de capitales y una economía abierta”.
Dassie dice que el sistema científico argentino tuvo mucho proteccionismo estatal y, tal vez por eso, no todo evolucionó hacia la tecnología. “Hoy giramos 180 grados y, en vez de tener un sistema orientado a ciencia básica, miramos directo a los productos. El inconveniente es la falta de integralidad. Para quedarse con la nata de la leche hay que invertir en la leche”.
Hoy no hay un plan, define. “El Gobierno imagina un sistema en el cual las empresas tienen un núcleo de investigadores y no siempre es así. Hay que trabajar más en articulación público– privada. Claro que los empresarios son necesarios, pero las inversiones de riesgo a largo plazo son muy complejas y requieren del Estado”.
Las fuentes oficiales, sin embargo, responden que “la Argentina recuperó una hoja de ruta que permite alinear la inversión pública en I+D con el desarrollo productivo”.
Tedesco entiende que el Conicet, “que cuenta con investigadores muy importantes y laureles ganados”, debe reorganizarse. “La forma en que se diseñó con grandes pagos a salarios es difícil de sostener – señala– . No se trata de desfinanciarlo, sino de una reconversión necesaria”.
Está convencido de que se requiere diálogo entre los privados y el Estado: “Tienen que existir los incentivos correctos, entre los que suelen estar los fiscales. Son esquemas que dieron resultados, por ejemplo, en Irlanda, Singapur y Finlandia”.
Con la lupa sobre los países que más invierten en I+D, O’Farrell añade que no se los puede encasillar fácilmente como liberales o estatistas: “Son gobiernos de diferentes signos; es raro que un país desmantele su aparato científico– tecnológico”.
“En la Argentina es complicado, porque el Estado está ordenando sus números. Tiene que manejarse con una dosis equilibrada, mirando la relación entre costos y beneficios”, apunta Cohen. “Está en juego la decisión de prioridades”.
