1985: un pacto democrático con justicia, sin impunidad ni privilegios

El estreno de la película Argentina, 1985 permitirá abrir un nuevo debate sobre el “pacto democrático” al que tanto se nombra estos días a partir del atentado fallido contra Cristina Fernández de Kirchner. La película, que fue ovacionada en el Festival de Venecia, está inspirada en la historia real de un acontecimiento que marcó la historia de nuestro país al recrear el histórico juicio a las Juntas militares, en el que se juzgó a las principales autoridades de la última dictadura militar. El argumento gira en torno a los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes estuvieron a cargo de la investigación contra la cúpula militar de la etapa más sangrienta del país.

Curiosamente, desde el oficialismo se sumaron a la reivindicación del “Nunca más” que simboliza el alegato acusador de Strassera contra los militares. Y llama la atención porque desde el kirchnerismo siempre se intentó construir un relato alrededor de la lucha por los derechos humanos que recién comenzó en 2003, con la derogación del indulto y las leyes de perdón a los jefes militares, incluso con un Néstor Kirchner que, en el edificio de la ESMA recuperado para convertirse en Espacio de la Memoria, pidió perdón por 20 años de silencio del estado argentino en materia de juzgamiento de las violaciones a los DDHH. ¿Adónde quedaba el juicio de 1985 y el Nunca más de Strassera si lo que existió fue silencio?

Hemos visto como las nuevas generaciones que se acercaron a la política en los últimos 20 años de la mano del kirchnerismo repiten convencidos esa “no historia” de la falta de justicia en los 80, por eso vale la pena recordar que durante la campaña electoral de 1983 los dos principales candidatos tenían distintas propuestas para tratar las violaciones a los derechos humanos y civiles cometidas en los años previos. Raúl Alfonsín propuso enjuiciar a las juntas militares y a todos aquellos que cometieron hechos de sangre fuera de la ley, mientras que Italo Luder, candidato del Partido Justicialista, promovía respetar la Ley 22.924, Ley de Pacificación Nacional, sancionada por la última Junta Militar el 22 de septiembre de 1983 -se cumplen hoy 39 años- por la cual los integrantes de las juntas militares eran exonerados de culpa y cargo por los delitos llevado a cabo en ese proceso. Ganó Alfonsín e inmediatamente después de asumir creó la Conadep, comisión encargada de reunir las pruebas y testimonios que sirvieron a la fiscalía llevar adelante el alegato acusatorio. El peronismo fue invitado a integrar esa comisión sumando dos legisladores, pero rechazó la invitación. El resto de la historia la conocemos, vinieron las condenas y las leyes del perdón para culminar en 1989, cuando el peronismo gana las elecciones y su presidente, Carlos Menem, apoyado por gran parte de los que se desgarran las prendas contra su gobierno, entre ellos los mismos Néstor y Cristina Kirchner, indultó a todos los condenados.

Realmente el pacto democrático en su integridad se pudo visualizar en Semana Santa de 1987, cuando Antonio Cafiero se sumó al balcón de Casa Rosada ante una Plaza de Mayo repleta a demostrar que los partidos nacionales y populares, la UCR y el PJ, estaban juntos para defender el sistema democrático amenazado por un levantamiento militar. Hasta ese momento la UCR, el PI, los socialismos democráticos y la izquierda, eran las expresiones políticas que se habían comprometido en la defensa del sistema, porque el PJ estaba atado a su historia reciente, a los crímenes de la Triple A que nacieron desde el seno de su propio gobierno, a su vínculo con organizaciones terroristas, como Montoneros. Era un viejo peronismo que no creía en la cruzada que Alfonsín con tanto valor estaba llevando adelante, estaba en una etapa de renovación. Lo hicieron y se sumaron, pero entre 1983 y 1985 estuvieron ausentes. Eso no es comprensión o contextualización de la historia, son hechos empíricos, comprobables, que no se pueden ocultar imponiendo un relato con la fuerza que otorga el favoritismo coyuntural de los votos y la simpatía popular como hizo el kirchnerismo a partir de 2003.

Hoy el Presidente habla de la posible ruptura del “pacto democrático” a partir del atentado contra la vicepresidenta, de tal manera que llevó el tema a la Asamblea de Naciones Unidas, donde ayer dio su discurso en un recinto semivacío, con menos presencia que la inexplicable comitiva de 48 personas que lo acompañaron en un viaje carísimo que cotiza en dólares. Demasiada ostentación e irresponsabilidad para un país que tiene casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Daña muchísimo la confianza de la sociedad en el sistema cuando sus representantes cometen esos oprobios a las necesidades colectivas y porque el mencionado “pacto democrático” no es solo un acuerdo de dirigentes, sino un entendimiento social. No mostrar empatía por las necesidades sociales y económicas de gran parte de la sociedad también es no respetar ese acuerdo. Pero en el gobierno insisten en hablar de reconstruir un pacto que, según su mirada, se rompió con el accionar delictivo de la banda de los Copitos de Nieve. Poco hizo Alberto Fernández por esa convivencia democrática cuando acusó de instigadores del crimen al Poder Judicial, a parte de la oposición y a un sector del periodismo, sin pruebas, solo con conjeturas políticas que ya venían hilando desde que el fiscal Luciani acusó y solicitó pena para Cristina Kirchner y el resto de los acusados en la llamada Causa Vialidad.

Tampoco hace lo suficiente el Gobierno por la convivencia democrática cuando prioriza en su gestión temas que van desde la ampliación de la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros hasta el abastecimiento de figuritas del Mundial Qatar 2022, o cuando permite que la vicepresidenta cobre dos jubilaciones millonarias que rondan los 5 millones de pesos mientras millones de jubilados, al borde de la indigencia, tienen que salir a trabajar como vendedores ambulantes para poder alimentarse al menos dignamente, todo esto mientras la inflación fabrica pobres a diario y lacera el poder adquisitivo de los trabajadores.

Están equivocados, el pacto aún está vigente, sostenerlo es apoyar a la justicia para que realice una investigación precisa del atentado contra la vicepresidenta sin politizarlo o aprovecharse de la situación proponiendo cambiar impunidad por paz social, como hizo el senador Mayans, o gobernar con una agenda alejada de la realidad y sentirse por encima del resto de la sociedad.

Y recordar que ese pacto democrático pudo comenzar a construirse en 1985 porque hubo justicia, porque se dejaron de lado las prerrogativas para los poderosos, se juzgó y condenó, y en esa causa la argentina se encontró, se unió en un punto en común, valoró lo que había conseguido, y se comprometió a sostenerlo en el tiempo. Pasaron muchas cosas con el correr de los años para aquellos protagonistas, Alfonsín no volvió a ser presidenciable, Cafiero también perdió su chance presidencial y Menem terminó condenado por corrupción escudado en los fueros del Senado. Por más que se empecinen en hacernos creer lo contrario, la historia está ahí para mostrarnos que el fiasco de un gobierno o la suerte política o judicial de un dirigente no determina en absoluto el fracaso de la convivencia democrática.