A un año de la carpa docente

Si hay una realidad paradójica en la Argentina, no cabe duda de que tiene su asiento en el ámbito de la educación. Por un lado, se oye decir en todos los sectores -en todos los tonos posibles y con el mayor énfasis- que el problema educativo debe ocupar hoy el lugar número uno entre las prioridades del país. Nadie parece dudar ya de la necesidad de que se privilegie el tratamiento de ese problema por encima de cualquier otro y todos aseguran estar convencidos de que en el futuro las sociedades humanas -y aun las personas, consideradas individualmente- no podrán alcanzar niveles satisfactorios de crecimiento si tienen vedado el acceso al conocimiento, a la capacitación, al desarrollo cultural.

Pero ese discurso choca contra la cruda realidad. Lo que está a la vista es que la búsqueda de soluciones estructurales para ese sector estratégico de la vida nacional sigue estancada y que no hay avances sustanciales en la marcha hacia un mejoramiento efectivo de las condiciones objetivas en que se desenvuelve el sistema educativo.

Hoy, al cumplirse un año de la instalación de la carpa docente frente al Congreso Nacional, la problemática educativa sigue planteada en los mismos términos en que estaba antes de que se iniciase esa acción de protesta. Ha quedado demostrado, una vez más, que las actitudes tumultuosas y confrontativas no ayudan a superar los conflictos; al contrario, sólo sirven para cerrar el diálogo y entorpecer la búsqueda de soluciones racionales y realistas. Lamentablemente, el gremio docente no parece entenderlo así: para hoy ha programado un paro nacional con nuevas acciones de movilización y agitación callejera, que culminarán en la plaza de Mayo. Se insiste, pues, en el método del enfrentamiento desgastante e inútil.

El sector gremial sigue centrando el problema de manera excluyente en la cuestión del financiamiento educativo, con olvido de que también es necesario encarar una reconversión integral del sistema, que permita corregir las deficiencias de un régimen laboral en muchos aspectos anacrónico y generar, a la vez, metodologías de capacitación adecuadas.

Esa actitud reduccionista de los núcleos gremiales ha conspirado permanentemente contra la búsqueda de fórmulas de entendimiento y contra la instrumentación de una solución madura y racional del conflicto educativo. También ha sido reprochable el empecinamiento de las agrupaciones sindicales en atribuir al poder político central toda la responsabilidad por las debilidades del sistema, con olvido de que una parte significativa de esa culpa recae sobre los gobiernos provinciales.

Por su parte, el gobierno nacional no ha logrado formular tampoco respuestas apropiadas ante la gravedad de la crisis educativa. El proyecto de la ministra Susana Decibe -notoriamente resistido por su colega del Ministerio de Economía- de imponer un gravamen del 1% a los automotores, a las embarcaciones y a las aeronaves con el fin de crear un Fondo de Profesionalización Docente es, como lo dijimos en un editorial anterior, decididamente desafortunado. El gobierno aspira a recaudar por esa vía 700 millones de pesos, que sumados a los 660 millones provenientes de un eventual crédito del Banco Mundial permitirían obtener los 1300 millones que se estiman necesarios para mejorar el horizonte salarial de los docentes.

En definitiva, lo que se propone es que la crisis de la educación sea pagada por un sector de la población elegido arbitrariamente. El propietario de un vehículo de poco valor -indicativo, por lo general, de una condición socioeconómica modesta- se preguntará, por ejemplo, no sin razón, por qué motivo el Estado lo obliga a financiar una universidad que ni él ni sus hijos frecuentan. Y opinará, probablemente, que si los estudios universitarios fueran arancelados, su costo recaería, como es justo, sobre sus directos beneficiarios.

Se trata, por supuesto, de un ejemplo entre muchos posibles, demostrativo de que la solución propuesta no es equitativa, como no lo será ninguna que busque proteger a un sector social o institucional imponiendo cargas a otro sector elegido discrecionalmente.

La dificultad con que se está tropezando para resolver el conflicto educativo es aleccionadora: revela el alto precio que las sociedades deben pagar cuando los problemas endémicos no son encarados a tiempo y por la vía adecuada. En el caso de la educación, es evidente que el único camino posible pasa por una significativa reducción de la evasión tributaria y una asignación más eficiente del gasto, instrumentadas en el contexto de una reformulación global del sistema, que incluya la corrección de sus deficiencias funcionales. Cualquier intento que se aparte de ese principio básico será injusto e inconducente.

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