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Adorni: ¿una pieza de un entramado más importante?
“Adorni es el cajero de Karina y Javier Milei, le guste a quien le guste. ¿Se llevaba su parte? No hay duda que se llevaba su parte. Ya lo declaré ante el fiscal y ante el juez. Yo di precisiones de cómo y dónde cobraban, incluso que cobraban intermediaciones con ministros a empresarios. Hay empresarios de primera línea, diría de los cinco más importantes del país, que vinieron a mí a decirme que les pidieron plata para reunirse con el presidente Milei”, señaló la diputada nacional Marcela Pagano en declaraciones a la prensa, donde reafirmó lo mismo que declaró en sede judicial sobre cómo sería ese procedimiento de recaudación. “Cobraban por cabeza y el empresario se reunía con Adorni, la mano derecha de Karina Milei” dijo la diputada, y agregó que muchas de esas “gestiones” se realizaban en el exterior.
Pagano fue integrante del espacio libertario, del que tomó distancia y lo hizo llevando adelante un sinfín de acusaciones sobre posible corrupción contra el entorno presidencial. Fue ella quien alertó sobre la casa no declarada en el barrio privado de Indio Cua del jefe de Gabinete. Pero no es la única y tampoco la primera vez que se habla de este tipo de “recaudación ilegal” en la cercanía del presidente Milei, dónde su hermana aparece mencionada como protagonista. De hecho, antes de asumir, el orfebre Juan Carlos Pallarols lo dijo a viva voz en el programa de Diego Sehinkman en la señal Todo Noticias. Allí contó que llamó a Javier Milei para organizar una cena y éste lo derivó con su hermana. Pallarols la llamó y su respuesta fue desconcertante, porque Karina Milei le habría dicho que sí a la cena, pero con una condición: “Previamente me tenés que depositar 2 mil dólares en una cuenta” y le pasó un número de CBU. Esa fue la primera vez que se hablaba públicamente del cobro de reuniones con Milei que, al parecer y según algunos testimonios, siguieron sucediendo cuando era diputado y llegó al poder. Por ejemplo, en el caso $LIBRA termina siendo el detonante de las denuncias que comprometen al Presidente y a su superpoderosa hermana.
El año pasado, los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por cohecho, tráfico de influencias y por infringir la Ley de Ética Pública. Todo dado en el marco de la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y las denuncias contra el entorno presidencial de presuntos pedidos de dinero para reunirse con Javier Milei. La líder de ese espacio político, Elisa Carrió, comparó a Karina Milei con Julio de Vido, señalando sin filtro: “ella es la cajera”.
Entre las pruebas la acusación aportó en la denuncia se cita uno de los mensajes enviados por el trader Hayden Davis, responsable del lanzamiento de $LIBRA, que fue recibido por un ejecutivo de una firma de inversión en cripto, el 11 de diciembre de 2024, que dice: “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero”, escribió Davis. En la misma línea, y está consignado en la denuncia de los legisladores, se señala al joven experto en criptomonedas Diógenes Casares, de la empresa Stream Finance, que contó en una entrevista en el streaming “Unchained Crypto” a una de las más destacadas periodistas en criptomonedas, Laura Shin, lo siguiente: “recibí un mensaje de alguien a quien respeto, quien me aseguró que a un funcionario del gobierno argentino se le había pagado, ya sea un soborno o, una tarifa de consultoría, lo que sea y… según me dijeron, era de alto rango del gobierno…”. También ratificó que otro funcionario recibió dinero para que el presidente difundiera $LIBRA y, por segunda vez, señala sobre el conocimiento del pago de dinero a un integrante del gabinete nacional, a cambio de que Javier Milei hiciera el posteo en X publicitando la criptomoneda. También reiteró haber visto los chats en los que Hayden Davis aseguró haberle pagado a Karina Milei. Demasiadas coincidencias que, sumadas, culminan describiendo una misma trama.
Nada de esto es nuevo, ya se hablaba de este tipo de situaciones oscuras el año pasado. Muchos recuerdan cuando la periodista Cristina Pérez señaló en su programa de televisión en LN+ que “hay gente en el entorno del gobierno que ofrece o pide dinero para acercar empresarios al presidente…”, y que eso lo sabía de, al menos, tres fuentes. Las denuncias fueron desmentidas por el gobierno, pero no con pruebas o respuestas concretas, solo sostiene, con mucha seguridad, y en todos los casos, que se trata de una “operación” en su contra, con insultos y críticas al periodismo y a los testigos que los comprometen. De hecho, el Presidente jamás respondió quién le acercó el código alfanumérico del contrato de la cripto $LIBRA que no estaba publicado en ningún sitio ni red social, y fijó en su cuenta de X desatando un escándalo cuando la moneda virtual se desplomó. Esa respuesta hubiese aclarado gran parte de la situación. En la causa Andis, con 18 procesados, no se dieron explicaciones convincentes en ningún momento. Y ahora, en el caso Adorni, con las inconsistencias reveladas entre ingresos, viajes, propiedades y gastos, en lugar de aclarar, el gobierno encuentra en el ataque desmedido su estrategia de defensa. Pero comete excesos: lo que están haciendo algunos dirigentes libertarios en redes sociales con el contratista Matías Tabar -que declaró esta semana ante el fiscal Pollicita en la causa Adorni -donde lo señalan y le advierten la pena que recibiría por falso testimonio -reposteados por el propio Milei- es lo que en la jerga suele llamarse “un apriete preventivo” y una clara intromisión en la labor de la justicia.
Es bueno recordar todo esto ante la alta exposición que tiene el caso de Manuel Adorni en la opinión pública. Con las últimas noticias y la declaración del contratista que refaccionó su casa en Exaltación de la Cruz, donde dice haber cobrado 245 mil dólares en efectivo por dicho trabajo, resulta prácticamente imposible que el funcionario pueda justificar los gastos y los compromisos asumidos en los últimos dos años, ni él ni su esposa fueron herederos ni tienen ingresos para justificar un monto cercano a los 800 mil dólares, que es el dinero estimado entre propiedades y deudas adquiridas. Todo desde que llegó a la función pública.
Hasta hoy, las hipótesis que se crearon alrededor de la decisión del gobierno de mantener a un miembro de su gabinete tan cuestionado por un supuesto “enriquecimiento ilícito” -al que manifestó su apoyo acompañándolo al Congreso cuando asistió para dar las explicaciones que manda la Constitución- serían dos: 1) Que, como se suele decir en el fútbol, “se lleva la marca”, mejor que se hable de Adorni y no de otros problemas mayores. 2) Que es el fusible principal, que se desgaste hasta que sea imprescindible cambiarlo para relanzar la gestión. Las opciones mencionadas están perdiendo fuerza con el correr de los días, porque ambas, si fuesen ciertas, ya generaron un daño que puede ser irreparable.
De esto se viene hablando en el debate social y político, pero ahora se suma otra conjetura que, de comprobarse finalmente, sería la más preocupante de todas: ¿y si Adorni no es un “lobo solitario” y en realidad es un engranaje importante de un entramado indebido y más complejo? Si la justicia toma en cuenta las denuncias realizadas con anterioridad, denuncias que están en otras causas que se suman a las actuales respecto a reuniones y “favores” pagos, y las relaciona con el caso Adorni a la hora de esclarecer el origen de los fondos que el jefe de gabinete aun no justificó, la investigación podría eventualmente alcanzar a los hermanos Milei. Quizás ahí esté la llave para entender y realizar una lectura política más acertada que explique por qué el Presidente y su hermana a la cabeza sostienen al jefe de Gabinete, aún a costa de que el propio gobierno pierda en el camino prestigio, credibilidad y confianza. ¿Por qué se actúa con Adorni así y con otros funcionarios fueron implacables? Todo genera más dudas.
Teniendo en cuenta de dónde venimos, con una expresidenta presa, un exvicepresidente que estuvo preso pagando su condena por corrupción, más de 20 exfuncionarios detenidos o condenados, empresarios acusados por la corrupción en la obra pública y todo lo que ya conocemos dejó la etapa kirchnerista, la sociedad difícilmente esté en condiciones de ver nuevamente cómo el poder político vuelve a decidir que la mejor defensa es el silencio con el fin de sostener lo insostenible.
Será la justicia la encargada de dictaminar sobre el tema, pero si ésta comprueba la nueva hipótesis, sería la peor noticia para las instituciones y para la sociedad. No sirve mirar para otro lado solo porque venimos de un escenario similar o peor, siempre es mejor apostar a la verdad que, aunque duela, definitivamente siempre es la única condición necesaria para sanar.
