Aislada de la realidad, la política acelera la crisis

El debate público en la Argentina tiene dos focos principales. Por un lado, la dinámica que puede tomar una crisis en la que sobresalen la aceleración de la inflación y el fracaso del programa con el FMI para influir en las expectativas de los agentes económicos. El atraso cambiario incrementa las especulaciones respecto de una nueva devaluación, con las obvias secuelas en términos de caída de ingresos y presión sobre los precios. Por el otro, la profundidad y las eventuales consecuencias de la ruptura dentro de la coalición gobernante que desdibuja la autoridad tanto de Alberto como de Cristina, cuyas imágenes siguen cayendo. En la práctica, ambos aspectos están íntimamente relacionados: el avance en las negociaciones con el Fondo precipitó el cisma entre ellos, aunque su vínculo ya venía desgastado y carcomido por la mutua desconfianza y había sufrido una honda fractura a partir y como resultado de las elecciones de mitad de mandato.

La política actúa como si tuviera margen de maniobra para continuar procrastinando y mirándose el ombligo. Pero considerando experiencias como el Rodrigazo (1975), la hiperinflación (1989-90) y el colapso de la convertibilidad (2001), el debilitamiento del liderazgo presidencial puede convertirse en el disparador de una severa corrección macroeconómica. De consolidarse el “debate de ideas” dentro del FDT, con el consecuente desprestigio adicional de un mandatario caracterizado por pulsiones autodestructivas sin precedentes y por lo devaluadas que están su palabra y su investidura, la crisis podría escalar y hasta precipitar problemas de gobernabilidad.

¿Tienen los principales protagonistas de la vida institucional del país conciencia de los costos económicos, políticos y sociales que semejante escenario podría implicar? ¿Actúan con un mínimo de responsabilidad frente al abismo en el que la Argentina se encuentra? Todo lo contrario: como en la legendaria canción de Antón Pirulero, cada cual está metido en su propio juego. Ni los actores más relevantes demuestran capacidad para advertir el potencial efecto agregado de estos comportamientos egoístas ni para influir y evitar los escenarios más dramáticos.

Desde su perspectiva individual o sectorial, es muy probable que muchos de ellos hagan “lo correcto”. En conversaciones con líderes de virtualmente todo el espectro político y social, es posible identificar motivos bastante razonables para justificar sus comportamientos. Todos creen tener razón de acuerdo con sus principios e intereses; sienten que pierden con el actual estado de cosas; tienen una larga lista de reclamos ignorados; y, lo más interesante, exhiben una aparente voluntad y hasta la decisión de cambiar el orden establecido. Ninguno tiene claro cómo hacerlo, ni planes consistentes o equipos para lograrlo más allá de algún aspecto puntual.

No debería llamarnos la atención: hace cuatro décadas, en Rational Men, Irrational Society (Sage, 1982), Russell Barry y Brian Hardin seleccionaron las mejores contribuciones sobre dos conceptos fundamentales en las ciencias sociales: el dilema del prisionero (actos o decisiones que benefician a algunos individuos, pero pueden ser perjudiciales para una mayoría) y el teorema de la imposibilidad de Arrow (no existe forma de ordenar mediante el voto las preferencias de actores diferentes de forma tal de que el resultado final sea beneficioso para todos). A menudo, los comportamientos de los protagonistas económicos, políticos y sociales de un entorno social pueden tener lógica y comprenderse desde su perspectiva personal, pero precipitan situaciones muy perjudiciales para el conjunto e incluso para ellos mismos. De este modo, acaban siendo devorados por la propia dinámica de los acontecimientos que desencadenan: contextos caracterizados por la confusión, las peleas constantes y a menudo triviales y una maraña de cuestiones que parecen urgentes y gravísimas, pero que se agotan en la más absoluta inmediatez e irrelevancia. La interacción y las pujas se tornan ridículas: se preocupan y pierden tiempo en cuestiones minúsculas que, lejos de apuntar hacia las variables estratégicas, se desgastan y desaparecen fugazmente de la escena. Así, la discusión pública transcurre entre árboles que tapan bosques y que la tornan superficial, anodina y, lo más importante, desacoplada de las prioridades de la sociedad.

Frente a una inflación y una inseguridad galopantes, ingresos que no alcanzan y un marcado deterioro que se verifica en todos los planos de la vida cotidiana, el sistema político carece de respuestas lógicas, concretas, creíbles e implementables que hagan la diferencia si no en el corto, al menos en el mediano plazo. En lugar de eso, se entretiene en materias que si bien son trascendentales, como el Consejo de la Magistratura o la boleta única, en el escenario actual para el ciudadano promedio equivalen a especular sobre el sexo de los ángeles. La mayor parte del tiempo se desperdicia en especulaciones electorales obsesivas, apariciones mediáticas repetitivas y con escaso impacto, actos públicos para exponer relativa capacidad de convocatoria o satisfacer las demandas de alguna facción en particular, negociaciones estériles y una infinidad de nimiedades muy poco edificantes vinculadas a las típicas y constantes competencias de egos.

Este estado de cosas no resulta original ni novedoso, pero llama la atención que no surja un intento visible de alguno de los integrantes más influyentes del sistema político por diferenciarse, denunciar con claridad los riesgos existentes, precisar las eventuales consecuencias y ofrecer una salida aunque sea parcial que evite o acote esos daños potenciales. Pretender actitudes de estadista es exagerado: bastaría con un enfoque preventivo y en todo caso de autodefensa.

Lo más preocupante es que algunos de los que podrían ser candidatos especulan con que una crisis aguda podría mejorar sus chances. Por ahora sus perspectivas son opacas, pero un episodio que conmocione a la sociedad y altere el humor social implicaría un terreno menos estéril. Por otro lado, hay quienes consideran que si la dinámica actual empeora de manera significativa y el mercado hace a su manera las correcciones macroeconómicas que el Gobierno se niega a implementar, la próxima administración tendría en principio el camino algo más despejado para aprovechar la eventual recuperación e instrumentar una agenda de reformas procompetitividad, aunque enfrente las consecuencias de otro ajuste caótico en una Argentina que ya tiene 50% de pobres. Como estipula la máxima trotskista: “Cuanto peor, mejor”.

¿Hay alguna chance de que sea este gobierno el que intente revertir la compleja dinámica económica y sus pésimas expectativas electorales a partir de un programa de estabilización heterodoxo, como en su momento fueron el Plan Austral o incluso la convertibilidad? Ambos modificaron de cuajo las expectativas y fueron políticamente redituables. Eso implicaría por parte del Presidente y sus aliados un grado de liderazgo, autonomía y visión que hoy resultan utópicos. Sin embargo, ¿para qué tentaron a economistas como Roberto Lavagna, Martín Redrado y Emanuel Álvarez Agis para que se sumen al Gabinete en reemplazo de Martín Guzmán?

Aunque parezca un escenario de muy baja probabilidad, el riesgo para las distintas expresiones de oposición es que el oficialismo, por pragmatismo, desesperación u oportunismo y a pesar de las peleas que obstaculizan la gestión, intente un volantazo y plantee un programa de gobierno más ambicioso, pertinente y alineado con las preferencias y demandas sociales más representativas.