Al final, la ley de medios causó mucho daño

Ezequiel Cassagne
Ezequiel Cassagne PARA LA NACION
Más allá de las intenciones declamadas por el Gobierno, la norma que regula las empresas de comunicación apuntó a neutralizar a la prensa crítica; así la aplicó la Afsca, la autoridad regulatoria, que no guardó la independencia requerida por la Corte Suprema
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11 de noviembre de 2015  

Hace cinco años se dictó la ley de medios, que regula las empresas de comunicación audiovisual. Esta ley generó una cantidad de críticas y resistencias de parte de medios de comunicación independientes, juristas y especialistas del sector. Los impulsores de la ley recorrieron el país entero argumentando con vehemencia que la normativa apuntaba a la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, lo que implicaba la igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Argentina para acceder a la información. Ése era el pretexto.

El contexto político al momento de sancionarse la ley no era el mejor, y sigue sin serlo. Han proliferado casos en estos últimos años de violación de la libertad de expresión, como ocurre con la distribución de la publicidad oficial (que ha tenido un rol de "premios y castigos" en atención a la línea editorial de los medios de comunicación), la regulación de la venta de papel para diarios, los ataques personales a distintos periodistas y dueños de medios, el armado de un conglomerado de medios paraoficiales que reciben cuantiosas sumas económicas, las presiones gubernamentales a los auspiciantes privados para suspender la publicación de avisos en determinados medios (por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados) y las presiones de índole tributaria, que pusieron en riesgo la capacidad patrimonial de los medios de comunicación gráficos y audiovisuales que no respondían a los intereses del gobierno de turno.

Siempre llamó la atención que la ley de medios no brindara herramientas que garantizaran la independencia de los medios de comunicación y la libertad en el ejercicio del derecho de expresión. También hacía ruido el hecho de que no se hubiera regulado la publicidad oficial a través de pautas objetivas de distribución. Evidentemente, no era la intención del Gobierno limitar su principal sistema de premios y castigos.

En la causa del Grupo Clarín, muchas fueron las voces que denunciaron que la ley atentaba contra la libertad de prensa y que sólo buscaba atomizar los medios para que fueran dóciles a las presiones de los gobiernos. De esa forma, sin prensa libre, el ciudadano carecería de la posibilidad de adoptar decisiones libres y fundadas.

Como se sabe, el Grupo Clarín, principal afectado en tanto debía desprenderse de radios y licencias de televisión dado que la nueva ley limitaba su tenencia, llevó el caso a la Corte Suprema, que decidió, en un ambiente no exento de presiones por parte del Gobierno, convalidar la legitimidad de la ley. Permitió así que las autoridades regularan de modo significativo a los medios de comunicación. Muchos grupos de medios quedaron entonces a merced de la nueva autoridad regulatoria, la Afsca, que decide cómo desinvertir, qué licencias otorgar y qué sanciones aplicar en caso de incumplimiento de la ley y sus reglamentaciones.

El juez Fayt, quien defendió incansablemente la libertad de prensa en cada uno de sus votos como miembro de la Corte, y que fue denostado después por su edad avanzada, sostuvo que la ley era arbitraria e ilegítima y que, por lo tanto, debía declararse inconstitucional. Ese juez no concebía que se cerraran señales ni se modificaran contenidos, y con humor se preguntaba qué habría dicho el suscriptor de un folletín magnífico como Los miserables si, por disposición legal, su lectura se hubiera interrumpido en la muerte de Fantine o cuando Jean Valjean salva la vida de Javert.

Si bien el juez decano no fue seguido por sus pares, la Corte, al convalidar la ley, alertó que era de vital importancia –para asegurar que se cumplan los fines declarados en la ley– que el encargado de aplicarla fuera un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión, debiendo respetarse la igualdad de trato tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, y no discriminar sobre la base de opiniones disidentes y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural.

Pero eso no iba a suceder por una razón sencilla: la Afsca no es un órgano independiente. La propia ley de medios ideó un órgano absolutamente controlado por el Poder Ejecutivo, ubicado dentro de su esfera de poder, cuestión que jamás debió pasarse por alto. Basta advertir que su presidente actual es Martín Sabbatella, ex candidato político del partido que gobierna. Ningún técnico independiente integra su directorio. Pero a nadie debe sorprender esto; siempre estuvo en evidencia que la Afsca no tendría la independencia funcional e idoneidad técnica que se requieren para esta materia de relevante trascendencia institucional.

La Afsca debió ser concebida como un ente independiente para evitar el predominio del Poder Ejecutivo o de una mayoría circunstancial del Congreso, como también de los grupos de presión en la composición del organismo de control. En cambio, la ley le asegura al Poder Ejecutivo cinco de los siete directores, y puede controlar directamente las decisiones y los actos que toma esa autoridad estatal.

Las arbitrariedades de la Afsca desde la sanción de la ley son numerosas. En el caso Clarín, por ejemplo, negó injustificadamente el plan de desinversión presentado por ese grupo y ordenó la venta compulsiva y unilateral de sus licencias. Esta decisión fue suspendida en forma inmediata por la Justicia, impidiéndose una grave afectación a la audiencia de dichos medios.

En las postrimerías de este gobierno, un nuevo conflicto se presenta. La víctima es el Grupo Perfil, que denunció en la Justicia a la Afsca y a la Presidenta por haberle negado arbitrariamente la adjudicación de licencias de televisión digital en los concursos en los que se había presentado. El argumento para rechazar las propuestas del Grupo Perfil se basa en que "no es posible determinar la capacidad patrimonial de los oferentes"; una falsa excusa, en la medida en que se habían acreditado los pasivos y el patrimonio neto total de los oferentes. Es más, Fontevecchia acreditó también la evolución de su patrimonio, incluso más allá de lo exigido por el pliego. Se acompañaron auditorías y declaraciones juradas, que nunca fueron observadas por la AFIP, donde se detallan en forma concreta activos y pasivos, así como su composición.

Esto demuestra la arbitrariedad y la discriminación contra un medio independiente. Pero es más grave aún la conducta seguida por la Afsca, que luego de rechazar las ofertas de Perfil permitió en otros concursos que distintos concursantes aclararan sus ofertas e incluso las modificaran. En tal sentido, si la Afsca entendía que el patrimonio de Perfil no era claro, debió seguir esa misma línea. Pero ésta no era la cuestión que le importaba al organismo, pues el patrimonio fue realmente presentado, y encima excede con creces los montos de inversión comprometidos en las ofertas. Se trataba de buscar un argumento, aunque fuera infantil, para no otorgarle licencias a un medio independiente, crítico del Gobierno. Como era de esperar, rápidamente se convocó a otro concurso para adjudicar este mismo año las respectivas licencias, ciertamente, a medios afines o cercanos, como ocurre en casi todos los concursos. La arbitrariedad denunciada es tan manifiesta que la Justicia acaba de suspender este nuevo concurso. Hace dos años la nacion sufrió una discriminación similar, cuando quiso presentarse en un concurso para una licencia de televisión digital.

Cobra importancia, así, lo expresado por la Corte. Esas palabras, que en principio pudieron haber pasado desapercibidas, son vitales para la subsistencia de los medios de comunicación en la Argentina. La ley se encuentra vigente, pero su aplicación no puede habilitar arbitrariedades o discriminaciones. La tarea de los medios de comunicación, de los jueces y de los formadores de opinión será exigir una Afsca independiente. Para esto deberá modificarse la ley, pues con las buenas intenciones no basta.

Abogado especialista en medios

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