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Ante un nuevo régimen económico que adolece de consenso político
¿Cómo explicar que el gobierno más procapitalista de las últimas décadas, posiblemente de toda la historia argentina, despierte tanta desconfianza en los mercados y, en particular, en la economía real?
Morgan Stanley Capital Investment nos mantuvo en la categoría standalone, un club de economías destruidas al que también pertenecen territorios en guerra, como Ucrania o Palestina. El riesgo país sigue en niveles muy altos, lo que impide que regresemos a los mercados voluntarios de financiamiento. El programa con el FMI se cumple solo parcialmente: el Banco Central no logra acumular suficientes reservas. En los informes que elaboran los principales bancos de Wall Street surge una suerte de paradoja: sugieren prudencia con las posiciones en pesos (es decir, temen que haya presión sobre el tipo de cambio), pero enfatizan la importancia de la consolidación fiscal y mantienen una mirada relativamente optimista para el mediano y largo plazo. Por ejemplo, Wells Fargo acaba de enfatizar los riesgos políticos y la caída del optimismo respecto de la situación económica. Algo similar se verifica en el reporte del Instituto de Finanzas Internacionales, el prestigioso think tank basado en Washington D.C., elaborado luego de una reciente visita al país: alaba lo ambicioso del programa económico y los logros alcanzados, pero reclama más consenso, una aceleración en la implementación de las reformas estructurales y acumulación de reservas. Los dos primeros elementos están relacionados: en el Congreso, LLA no podrá, ni con una muy buena elección en octubre, aprobar leyes como las de reforma impositiva, laboral o previsional sin apoyo de otros bloques.
En la economía real aparecen señales muy contradictorias: algunos sectores experimentan un crecimiento singular (energía, minería, bienes durables y semidurables), pero el consumo masivo sigue muy planchado y muchas pymes industriales están destruyendo empleo. La lentitud con la que avanzan algunos proyectos de inversión importantes, en especial en el marco del RIGI, no se explica solamente por las trabas burocráticas: algunos sectores prefieren esperar el desenlace del proceso electoral para concretar sus decisiones. En el ínterin, algunas empresas transnacionales aprovechan la ventana de oportunidad que implica el relajamiento de los controles de capitales para deshacerse de sus activos o acotar su exposición en el país.
“Influye más la inercia de la mala reputación argentina y la incertidumbre imperante en la coyuntura que una mirada estratégica de mediano y largo plazo”, sintetiza un banquero de inversión con varios mandatos de venta. “Pero hay excepciones, y una vez despejada la cuestión electoral, puede haber una dinámica muy diferente”, agrega.
En este sentido, cabe preguntarse si no impera la cautela respecto del proceso electoral, sobre todo a la luz del reciente acuerdo que finalmente alcanzaron LLA y Pro en la provincia de Buenos Aires. Aunque el peronismo haya logrado también garantizar la “unidad” entre sus tres segmentos más importantes (el kirchnerismo, el massismo y los seguidores del gobernador Kicillof), los sondeos existentes sugieren una clara ventaja para el oficialismo nacional. De todas formas, aparecen serias dudas respecto de la estrategia de negociación que la Casa Rosada desplegó en otros distritos. En algunos, como Córdoba, parece evidente que el exvotante de Juntos por el Cambio se inclina en principio a reorientar su preferencia hacia el campo libertario. Pero falta definir candidaturas, estrategias de campaña y, sobre todo, una narrativa que sintonice con las demandas locales.
Esas dudas se multiplican cuando se analiza la ahora distante relación entre el Poder Ejecutivo nacional y los provinciales. “Tal vez haya que explicar por qué hubo un clima tan cooperativo hasta hace unas semanas”, desafió un exgobernador que prefiere un perfil bajo en el Senado.
Durante el primer año y medio de gestión Milei contó con niveles de apoyo y colaboración mucho más altos que la mayoría de sus predecesores, en especial entre los no peronistas. Que luego de dos años sin presupuesto y en pleno proceso electoral la situación se haya tensionado implica una suerte de retorno a la normalidad. ¿Podrían haberse evitado estos sinsabores con una actitud más flexible del Gobierno en materia electoral? En el plano especulativo, podría suponerse que más acuerdos “tipo Chaco”, como lo definió un gobernador norteño, le hubiese ofrecido al oficialismo un camino más despejado, más que nada en el Senado. “No se entiende la lógica de suponer que con una buena elección van a conseguir más apoyo el próximo año”, advirtió una senadora que termina su mandato.
Pero el Gobierno administra y construye poder “a su manera”, y no hay evidencia de que estén dispuestos a revisar el método que les permitió ganar la elección presidencial y que, en principio, los posiciona con relativa ventaja de cara a estos comicios de mitad de mandato. Al contrario: todas las señales apuntan a que prefieren redoblar la apuesta. “Los espero el 11 de diciembre”, aseguró el propio Milei el pasado miércoles.
Sin embargo, la idea de una victoria contundente (“La Libertad Arrasa”, prometió el mandatario) no está descontada en los mercados. ¿Podría un triunfo de esas características tener un impacto similar a la reelección de Carlos Menem el 14 de mayo de 1995, en el sentido de revertir los temores que tenían los mercados como derivación de la crisis mexicana de diciembre del año anterior, más conocida como “efecto tequila”? Ganar en primera vuelta y por un margen tan contundente (más de 20 puntos respecto de Pilo Bordón) fue un mensaje tan poderoso que modificó de plano las expectativas y el país se normalizó de manera casi automática. El fortalecimiento político del oficialismo podría tener un impacto, si no del todo similar, en la misma dirección y sentido. Lamentablemente, Menem no aprovechó esa sorprendente victoria para profundizar las reformas estructurales, sino que, más bien, desaceleró su implementación. Ahora ocurriría lo contrario: la consolidación del proyecto presidencial en la arena electoral debería precipitar una dinámica mucho más vertiginosa de cambios legislativos y regulatorios.
Muchos actores económicos y políticos, dentro y fuera del país, valoran el esfuerzo realizado sobre todo en el plano fiscal y regulatorio. También reconocen la importancia del radical cambio en la política exterior. Admiten, sin embargo, que se trata de un trabajo sumamente necesario, pero no suficiente. “Falta de todo: despejar los enormes interrogantes que la estrategia de estabilización genera, en particular en el plano cambiario, y esperar que la recuperación de la economía sea más generalizada, incluyendo el consumo masivo”, admitió uno de los inversores que integró la delegación del IIF. “El mercado vería con muy buenos ojos que el Gobierno vuelva a emitir títulos en dólares: hay apetito, aunque a una tasa muy elevada”, agregó.
Las sombras del pasado condicionan sus comportamientos: cambiar la reputación del país será un desafío mucho más largo y complejo que el de hacer aprobar las reformas estructurales, que hoy lucen condicionadas por la decisión de Milei de abroquelarse y gobernar por DNU, ahora sin facultades delegadas. Hay toda una agenda de cambios institucionales, como la autonomía del Banco Central, que el Gobierno ignora olímpicamente y que acelerarían la recuperación de la credibilidad perdida. Y un eventual tercer año sin ley de presupuesto implicaría una irregularidad estrafalaria en un sistema democrático: imposible presentarse ante el mundo con credenciales atractivas ante semejante prueba de discordia e improvisación. ß
