Araucanía violenta: la otra cara del reclamo mapuche

Mientras miles de argentinos copaban las playas y balnearios de la costa chilena a comienzos del verano, poco menos de 800 kilómetros de distancia hacia el sur, se incubaba una de las mayores crisis que ha debido enfrentar el Estado chileno con los mapuches.

A la 1 de la madrugada del viernes 4 de enero de este año, Werner Luchsinger, de 75 años, descendiente de colonos suizos, y su esposa, Vivianne MacKay, escucharon gritos y ruidos en las afueras de su casa, en el fundo Lumahue, en Vilcún. Según las grabaciones de carabineros, la mujer tuvo el tiempo de llamar a su hijo y a la policía para denunciar que estaban siendo atacados.

Pero la turba fue más rápida: incendió un vehículo, forzó la puerta e ingresó a la residencia de los Luchsinger. Cuando subían la escalera, éste disparó con su escopeta contra uno de ellos, tras lo cual se produjo un tiroteo cruzado, de acuerdo con los casquillos de balas encontrados por la policía.

Los atacantes rociaron la casa y la prendieron fuego con el matrimonio dentro. Ella fue encontrada completamente calcinada sobre la cama, en tanto su marido, también irreconocible, yacía en el suelo, junto a su escopeta.

Una hora más tarde, carabineros consiguió detener al machi Celestino Córdova Tránsito, quien presentaba una herida de bala en el tórax. "Soy mapuche y estoy herido. Esto es reivindicación de tierras", fueron sus únicas palabras. Su hermano fue detenido horas más tarde. Al ser llevado al juzgado, Córdova levantó, desafiante, su puño en señal de lucha.

En las afueras del recinto, como en todos los rincones de La Araucanía, pudo escucharse el grito Marichi weu: "diez veces venceremos".

La mecha del conflicto mapuche había vuelto a encenderse en protesta por la devolución de sus tierras ancestrales, los atropellos del Estado chileno y las numerosas empresas, en su mayoría forestales, que ocupan sus tierras. Según estadísticas oficiales, sólo en 2012 se contabilizaron 287 denuncias por amenazas, incendios, tomas y atentados explosivos en la zona, incluyendo dos muertes: la del sargento de carabineros Hugo Albornoz y la del parcelero Héctor Gallardo.

La "intifada mapuche", como la califica el historiador José Bengoa, volvía a levantar las armas, precisamente en verano, un patrón repetido en los últimos años y que coincidió esta vez con el quinto aniversario de la muerte del estudiante Matías Catrileo, baleado en 2008 por un carabinero en el fundo de Jorge Luchsinger, primo del anciano asesinado.

Mientras una parte denuncia una limpieza étnica de chilenos no mapuches, las comunidades indígenas acusan injustificada violencia en allanamientos contra los suyos. Lo cierto es que en las regiones de La Araucanía, Bío Bío y Los Lagos, que es donde se concentra, en orden decreciente, la presencia indígena (unos 800.000), proliferan los atentados contra camiones, maquinarias y tierras pertenecientes a las forestales y latifundistas, además de numerosos robos de armas y animales.

La "zona roja" del conflicto está en llamas: Lumaco, Padre Las Casas, Traiguén, Collipulli, Ercilla y Angol son las comunas más encendidas de un complejo mapa que nace en la ribera sur del río Bío Bío, con comunidades mapuches disgregadas entre bolsones de colonos, sin unión territorial alguna, en paralelo a la provincia argentina de Neuquén.

En la zona, los huincas han tomado la justicia en sus manos. El crecimiento de las armas en la región, legales e ilegales, es exponencial.

También, según voceros mapuches, existiría un misterioso comando paramilitar llamado Hernán Trizano, conformado por hijos de latifundistas de la zona, ex miembros de la temida policía secreta de Pinochet, CNI, y ex policías, y a quienes incluso se han confiscado fusiles con miras telescópicas, lanzacohetes LOW, M-16 y bombas lacrimógenas.

Pero quizá lo único concreto sean los muertos, al menos 15 desde 2001, entre ellos los mapuches Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío y Matías Catrileo; el carabinero Albornoz, el parcelero Gallardo y el matrimonio Luchsinger-MacKay.

Todo un país se pregunta: ¿cómo fue que se llegó a esto?

Promesas incumplidas

El 1 de diciembre de 1989, un político democristiano se reunió en la ciudad de Nueva Imperial, en La Araucanía, con dirigentes de varias organizaciones mapuches. A cambio de apoyo al gobierno, se comprometió a entregarles a los indígenas reconocimiento constitucional, la ratificación del convenio 169 de la OIT y la creación de una ley indígena. Después de 17 años de dictadura, y una brutal represión contra los mapuches, un nuevo acuerdo había sido firmado.

El político, que tres meses después recibiría la banda presidencial del general Augusto Pinochet, se llamaba Patricio Aylwin. No cumpliría ninguna de sus promesas, salvo la última, la que paradójicamente terminaría siendo un quebradero de cabeza para los tres futuros gobiernos de la Concertación y el de centroderecha que los sucedería, encabezado por Sebastián Piñera.

Si existe una analogía que a los mapuches les encanta hacer, es la de compararse a sí mismos con la naturaleza. Cuando uno intenta averiguar por qué la violencia arrasa en la zona precisamente por estas fechas, la respuesta es tan científica como poética: porque la generación nacida bajo las promesas incumplidas de Aylwin ya tiene 20 años, lo mismo que tarda en crecer uno de los pinos explotados por las empresas forestales que devastan sus tierras ancestrales y el medio ambiente.

Hubo también dos factores relevantes: la ley indígena de Aylwin posibilitó el ingreso a las universidades y centros de estudio de estudiantes mapuches, muchos de los cuales fueron concientizados –en un símil a escala de lo que ocurrió con Sendero Luminoso en Arequipa, Perú– en la Universidad de la Frontera y otras. También influirían el despertar indigenista para el Quinto Centenario y las numerosas reivindicaciones regionales, desde los zapatistas mexicanos al boliviano Felipe Quispe.

El segundo factor fue el devenir de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, creada en el marco de la citada ley, para velar, entre otras cosas, por la restitución de tierras a sus dueños ancestrales. A la fecha se han traspasado más de 170.000 hectáreas a manos mapuches, pero nada funcionó como se pensaba. La mayoría de éstas no fueron trabajadas por falta de recursos, escasez de agua o, lisa y llanamente, abandono de sus nuevos dueños. Por ley, las tierras traspasadas no son enajenables, esto es, no pueden ser vendidas, embargadas o hipotecadas como forma de conseguir recursos para su explotación.

En 1994, bajo el gobierno de Eduardo Frei, llegaría otro mazazo: la construcción de la gigantesca hidroeléctrica Ralco, de la española Endesa, que inundó miles de hectáreas consideradas sagradas por estas etnias.

Según los principales defensores de la causa mapuche, bajo la administración de Piñera floreció también el modelo neoliberal implantado sin freno de mano durante la dictadura. Así, las grandes plantaciones de eucaliptos y pinos de las empresas forestales –que entraron a la zona en la segunda parte de los setenta– comenzaron a ahogar, literalmente, a las comunidades. De la misma forma, y en otra oscura herencia dictatorial, buena parte de los derechos de aguas provenientes de la cordillera fueron privatizados.

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Para entender el levantamiento mapuche, no basta sólo con la historia. También existen la magia, la leyenda y los sueños, como aquel que habla del regreso del weichafe, el guerrero, anticipado por las machis que sobrevivieron a las crueles matanzas oficiales de fines del siglo XIX.

La concepción horizontal del cosmos mapuche identifica a los puntos cardinales norte y oeste en un sentido negativo: el primero, por circunstancias naturales y religiosas, como la procedencia de los vientos que traen el mal tiempo y a los invasores, en tanto el oeste, como aquel destino incierto donde muere el sol y reposan sus difuntos. En suma, la aparición del huinca procedente del norte, representa hoy la ruptura entre el cielo y la tierra, el desequilibrio y, por qué no, el caos.

El liderazgo mapuche de los años 80 y 90, protagonizado por José Santos Millao y su organización Ad Mapu, el más mediático Aucán Huilcamán, quien incluso llegó a levantar una peregrina precandidatura presidencial en 1995, con su Consejo de Todas las Tierras, y el werkén de Temucuicui, Jorge Huenchullán, fue reemplazada, a comienzos del nuevo siglo, por jóvenes que ya no confiaban en los políticos.

Así surgió el liderazgo de Héctor Llaitul, un carismático líder que apostó por la lucha con la creación de la combativa Coordinadora Arauco Malleco, que instauró en la zona los incendios intencionales y lógica de guerrilla. Hoy, Llaitul y varios de los líderes de la CAM están presos.

Otro de los puntos conflictivos es la repetida aplicación de la polémica ley antiterrorista contra comuneros mapuches. Esta legislación, firmada por Pinochet en 1984, establece penas más severas que las habituales, restringe las garantías procesales del acusado, permite la utilización de testigos sin rostro y la intercepción de comunicaciones del imputado. En muchos casos, varios de los mapuches acusados terminaron siendo liberados sin cargo alguno luego de un largo período en la cárcel.

Las víctimas y los fiscales, en tanto, alegan que la justicia eleva artificialmente el estándar probatorio para los imputados mapuches y la entrega de beneficios para los condenados que presionan al gobierno con huelgas de hambre en las cárceles.

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Mapuches, huilliches, lafkenches y otras etnias, repartidas en numerosos clanes, se reunieron el 16 de enero en el cerro Ñielol, evento al cual Piñera se negó a asistir, donde unos 400 líderes de diversas comunidades exigieron reivindicación de tierras, desmilitarización, autogobierno y que el mandatario les pida perdón en nombre del Estado. Piñera decidió dar máxima prioridad al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. "A nosotros nos gusta hablar muy claro y directo: Chile es un solo país, una sola nación que tiene orígenes multiculturales, pero no estamos de acuerdo con que Chile sea partido en dos o para que tengan territorio con autonomía. Reconocemos y valoramos la multiculturalidad, pero no queremos autogobierno", dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Las señales son equívocas y Piñera tiene una oportunidad histórica, explicó a La Nacion el senador opositor por la zona Alejandro Navarro.

"Estamos en un punto de inflexión. El convenio 169 de la OIT se aprobó [por Bachelet] dos meses después del asesinato de Catrileo. Hoy, se impulsa el reconocimiento constitucional después de la muerte de los Luchsinger. El presidente Piñera ha errado el paso. No podemos esperar más muertes para enmendar el camino", explica Navarro.

Pero allí, en esa cumbre, también surgió una nueva reivindicación que quizá grafique de la mejor manera la compleja relación Estado-mapuches-particulares. Los huilliches de la isla de Chiloé, por intermedio de su vocero, Cristián Chiguay, exigieron a Piñera la restitución del parque Tantauco, un gigantesco predio de más de 115.000 hectáreas en la isla de Chiloé, que el presidente compró en sus días como empresario.

Por entonces, advertido del conflicto que se avecinaba, Piñera fue tajante: "Eso es un problema entre el gobierno y las comunidades". Si el presidente tenía razón o no, da lo mismo. Hoy el conflicto también es suyo.