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Áreas Marinas Protegidas: una peligrosa simulación
Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) son una de las herramientas de gestión ambiental más idóneas para asegurar un manejo sostenible de los recursos renovables. Actualmente, la Cámara de Diputados se encuentra debatiendo un proyecto de ley de creación del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul. Al definirla como bentónica, su protección se restringe a los organismos que habitan el fondo marino. La iniciativa persigue la implementación de una AMP sobre los espacios de la Plataforma Continental Argentina, que exceden la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Asimismo, al tratarse de un área bentónica, su protección abarcaría únicamente el lecho y subsuelo marino, dejando fuera las capas superiores y columnas de agua.
El proyecto en cuestión es impracticable, ineficiente y contraproducente. Entendemos que existen al menos ocho principales puntos críticos en torno a la propuesta:
- No ofrece una protección integral del ecosistema en su totalidad ni es efectivo contra la pesca ilegal, por consiguiente, no protege nuestros recursos marinos de la mayor amenaza en la zona que es la pesca destructiva realizada por flotas extranjeras, en particular la flota pesquera china por ser la más numerosa.
- Presenta grandes dificultades para las acciones de vigilancia y control, afectando la gobernanza, dado que la Argentina cuenta con recursos limitados para proteger su ZEE. Adicionalmente, el control de embarcaciones de terceras banderas en aguas internacionales tiene severas limitaciones en la normativa internacional imperante.
- No existe criterio científico ni biológico para su delimitación, teniendo en cuenta que el corte de la AMP al Oeste no se basa en los criterios recomendados por los técnicos.
- No se le ha asignado partida presupuestaria alguna, un aspecto fundamental para la adecuada gestión, considerando que las AMPs existentes en la Argentina se encuentran actualmente desfinanciadas.
- Favorece proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos offshore, observando el recorte del 10% efectuado sobre la superficie original para beneficiar al lobby petrolero, reduciendo la superficie a 148.000 Km².
- No sumaría al porcentaje de Áreas Marinas Protegidas existente, considerando que el porcentaje actual del 8,2% corresponde a los espacios de la Zona Económica Exclusiva, no incluyendo los espacios bajo jurisdicción de la Plataforma Continental Argentina.
- Generaría la posibilidad de un efecto espejamiento y consecuencias negativas frente al reclamo de soberanía respecto a las islas Malvinas.
- Dificultaría negociaciones en el marco del BBNJ, un nuevo acuerdo internacional que tiene por objeto crear AMPs en aguas internacionales, protegiendo todo el ecosistema de manera integral y efectiva.
Uno de los aspectos que nos genera mayor preocupación –el punto 7 – consiste en que la adopción de decisiones unilaterales sobre aspectos altamente sensibles en términos geopolíticos sólo consigue aislarnos del escenario internacional. Asimismo, al encontrarse emplazada dentro de un área en disputa de soberanía con el ocupante ilegítimo de los archipiélagos del Atlántico Sur, la instauración del Agujero Azul podría dar paso a una acción de “espejamiento” por parte del estado usurpador, creando discrecionalmente dispositivos de conservación con el objetivo de consolidar la posición de pretendido estado ribereño en el Atlántico Sur. Este efecto, que parece no haber sido evaluado apropiadamente por los autores del proyecto, podría significar una potencial amenaza y agravamiento frente al conflicto de reclamo de soberanía argentina.
En virtud de la complejidad que reviste la temática, es imprescindible abordarla con el rigor científico que amerita, a través de un proceso participativo, amplio y transparente, sin caer en iniciativas distractoras que tienen como objeto la politización de cuestiones técnicas y de alta sensibilidad.
Así como en el pasado hemos apoyado, y lo seguiremos haciendo, las propuestas de Áreas Marinas Protegidas y coincidimos en que la conservación del ambiente y la soberanía deben ser políticas de estado, proponemos reconsiderar este proyecto y demás iniciativas parlamentarias presentadas en la misma línea, poniendo especial foco en los aspectos científicos y geopolíticos necesarios para que el mismo cumpla con objetivos reales de protección del ecosistema marino.
Diputada nacional por la Coalición Cívica, interbloque de Juntos por el Cambio
