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Argentina Trabaja, un plan poco efectivo
Rubén M. Lo Voulo Para LA NACION
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El Programa de Ingreso Social con Trabajo (conocido como Argentina Trabaja) es motivo de fuertes controversias y cuestionamientos por la distribución discriminatoria de sus beneficios y su uso con fines político-partidarios. Más allá de la pertinencia de estas críticas, no se observa igual énfasis para cuestionar el modo de administrar la cuestión social que el mencionado programa corporiza.
En otros trabajos he señalado que este modo de regulación de la cuestión social en el país se constituye como la combinación entre una visión "modernista-tecnocrática" y otra "asistencial-represiva". La primera entiende que las personas afectadas por el desempleo, la falta de recursos y la marginalidad padecen una suerte de enfermedad que hay que tratar con remedios especiales: hay que evitar que infecte el cuerpo sano de la economía y la sociedad. Desde esa concepción, hace décadas se promueven y multiplican programas asistenciales que, a cambio de un beneficio, fuerzan a las personas a ocuparse en un empleo precario y temporal, generalmente en obras y servicios públicos para el Estado. Estos programas actúan como una sala de espera con la esperanza de que el crecimiento económico ayude a la cura, dando a sus beneficiarios un empleo "normal". La visión asistencial-represiva complementa la anterior, pero incorpora elementos de reeducación y sanción para contrarrestar el peligro de disrupción social. El método es la discriminación que hacen los funcionarios de turno entre los "buenos", que merecen la asistencia, y los "malos", que merecen represión. Esa discriminación incluye la posibilidad de premiar a algunos, dispensándolos de la realización efectiva de un trabajo.
Hace décadas que este modo de regular la cuestión social viene consolidándose en el país. Lo único que cambia son los nombres y las formas de los programas. Argentina Trabaja continúa ese camino, pese a la pretendida originalidad de su organización en las llamadas cooperativas. En este caso, se declama la autoayuda y solidaridad entre los propios necesitados como forma de descargar sobre ellos la responsabilidad de encontrar la salida de su situación. La represión deriva de los criterios subjetivos de selección y sanción, que incluyen entrevistas personales y la promoción mediática de los funcionarios que distribuyen beneficios.
Esta personalización de la relación entre donante y receptor no es más que el viejo método de la beneficencia, práctica que contradice la expansión de los derechos sociales modernos que se organizan con reglas universales e impersonales. Un derecho social se consolida cuando las personas tienen poder autónomo para ejercerlo, no cuando se las aglutina en cuadrillas bajo el mando de un capataz con poder para elegir quiénes tienen acceso al beneficio y quiénes no lo tienen.
Así no se fomenta el cooperativismo ni la solidaridad pública. La constitución de una cooperativa implica la decisión autónoma de las personas para organizarse y administrar por sí mismas una empresa; someter a esas personas al poder sancionador y organizador de los funcionarios del Estado contradice la esencia del espíritu cooperativo. Tampoco el programa Argentina Trabaja fomenta la solidaridad pública. Este tipo de solidaridad se basa en el principio de reciprocidad plasmado en normas legales de carácter universal y se promueve equiparando relaciones de poder asimétricas, no mediante la reproducción en las políticas públicas de las relaciones de dominación y subordinación propias del mercado laboral capitalista.
Es razonable defender la idea de que el cambio social requiere mayor solidaridad pública, cooperativismo, potenciación de las capacidades productivas de todas las personas y promoción de la economía social. Pero nada de esto se puede lograr con programas como el Argentina Trabaja o sus parientes pasados y por inventar.
Persistir en ese camino no llevará a la resolución de la cuestión social en el país ni fomentará formas alternativas de organización productiva ni creará empleos en actividades propias de la economía social. El uso con fines de cooptación de lealtades políticas de programas de este tipo no es un simple resultado de malas prácticas de los funcionarios de turno, sino un derivado lógico de sus reglas operativas. Reglas que corporizan un modo de regulación de la cuestión social aceptado por la gran mayoría de nuestra clase dirigente.
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