Berni aporta una nueva paradoja

Chesterton era reconocido por su capacidad para detectar antinomias o contradicciones lógicas. Por ese motivo, se ganó el mote de "príncipe de las paradojas". Sin duda, el escritor inglés habría tenido aquí y ahora mucho con qué entretenerse. Por ejemplo, las últimas afirmaciones públicas del secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien propuso modificar la ley de migraciones "para que los extranjeros que delinquen sean deportados a su país de origen y no vuelvan nunca más". El funcionario aclaró, eso sí, que su propuesta no era para nada xenófoba, sino que apuntaba a "agilizar el trámite de expatriación".

La propuesta parece de lo más normal y atractiva; tanto que fue avalada, a grandes rasgos, por otros políticos de envergadura. El diputado Sergio Massa, por ejemplo, dijo que estaba de acuerdo con discutir una política migratoria "que permita expulsar a aquellos que vienen a la Argentina a delinquir". Pero la propuesta, por más seductora que parezca, conlleva contrasentidos manifiestos.

En primer término, esta iniciativa niega el "principio de territorialidad" que rige en nuestro país desde los comienzos de la República. Sobre la base de ese principio de corte soberano, cualquier persona (nacional, residente o extranjero) que cometa un delito en territorio argentino será juzgada por nuestros tribunales penales y a la luz de las leyes penales del país. Por eso, la idea de deportar al extranjero que delinque produciría mayor impunidad e injusticia: en lugar de ser condenados por nuestros jueces penales, los extranjeros serían privilegiados con la "expulsión" a su jurisdicción de origen. Y digo "privilegiados" porque los jueces del país de origen no podrían juzgar al reo por delitos cometidos en la Argentina y deberían liberarlo de inmediato.

Esto nos lleva a un segundo problema. Según estudios de carácter empírico de organismos multilaterales como el GAFI (grupo antilavado internacional), los narcos suelen hacer shopping por el mundo en busca de países con leyes laxas contra el crimen. Así, la idea de deportación bajo análisis podría transformarse en una suerte de "imán de atracción" para grupos mafiosos del extranjero que puedan ver, detrás de esta propuesta, factores propicios para desarrollar y consolidar sus redes del crimen. En caso de prosperar esta iniciativa, el peor escenario para un extranjero que delinque en el país sería el de su inmediata expulsión a su país de origen, en lugar de ser juzgado y encarcelado por nuestros jueces penales.

Es importante tener presente que la actual ley de migraciones habilita a los extranjeros que sean condenados a prisión a solicitar su "extrañación" (nombre técnico que se le da al proceso de deportación) al cumplir el 50% de la pena de prisión. Es decir, si un extranjero es condenado a cinco años de prisión por tráfico de personas o drogas, a los dos años y medio podrá ser excarcelado y expatriado a su país. Este beneficio es criticado por muchos especialistas con el argumento de que violenta el principio de igualdad ante la ley, protegido por el artículo 16 de la Constitución Nacional: "Todos los habitantes son iguales ante la ley". Este principio, también protegido por los tratados de derechos humanos, tiene por objeto evitar los privilegios injustificados y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente a la ley.

La igualdad jurídica implica evitar distinciones por raza, sexo, religión, posición social o nacionalidad. Y, en este último sentido, a la luz de nuestro Código Penal, los delitos de homicidio o robo (por citar algún ejemplo) son igualmente graves, repudiables y punibles independientemente de la nacionalidad o lengua de la persona que los cometa.

Esta discusión me hace acordar al caso de Luis Vitette Sellanes, ciudadano uruguayo condenado a 25 años de prisión por el recordado robo al Banco Río de Acasusso en enero de 2006. La prensa lo llamó "el robo del siglo" por la magnitud del botín –más de 8 millones de dólares, que nunca aparecieron– y, tiempo después, por la laxitud de las condenas. A mediados de 2013, con menos del 50% de la pena de prisión cumplida, la justicia de ejecución penal ordenó el extrañamiento de Vitette Sellanes hacia Uruguay. En la resolución que autorizó su liberación y expulsión del país, el juez propuso modificar la actual ley de migraciones, pero en sentido contrario al que sugiere Sergio Berni: en lugar de "deportarlos", el juez alegó que "hay que juzgar, por igual, a los extranjeros o nacionales que delinquen en nuestro país".

El autor es abogado, especialista en derecho penal internacional y económico