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Bosques nativos en peligro
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Casi silenciosamente va desapareciendo el bosque nativo en la Argentina. Las cifras muestran un avance incontrolado de la frontera agropecuaria y la consecuente pérdida de biodiversidad. El bosque no es sólo madera, sino múltiples usos productivos, quizá más difíciles de apreciar, pero valiosos para nuestra calidad de vida.
Recientemente, el gobierno de Salta ha enviado al Poder Legislativo una ley de desafectación de la reserva de General Pizarro, con la finalidad de vender las tierras. Se trata de un espacio natural de 25 mil hectáreas que constituye el único lugar de la Argentina que contiene una de las últimas muestras de selva de transición entre el Chaco semiárido y la selva de yungas. De acuerdo con el texto de esta ley, los fondos provenientes de la venta de los lotes correspondientes a la reserva serán destinados a un fondo para contribuir a la reparación de las rutas provinciales 5 y 30. En otras palabras, la lógica parecería indicar que se vende una reserva para la realización de obras viales. En Entre Ríos, la Justicia hizo lugar a una acción de amparo, promovida contra el gobierno provincial, ordenándole abstenerse de aplicar el decreto que autoriza desmontes del bosque nativo en el territorio entrerriano. Esa provincia padece, desde hace ya muchos años, la sistemática destrucción de sus bosques nativos, estimándose que resta un 10 %, aproximadamente, de la masa forestal originaria. Ese deterioro llevó a la sanción de una norma que dio lugar a la declaración de la emergencia ambiental.
En ambos casos fueron organizaciones no gubernamentales las que levantaron sus voces para que el Estado actúe conforme a su ineludible obligación constitucional de establecer una política ambiental seria.
En la Argentina, las áreas con algún grado de protección cubren una superficie muy pequeña, lo cual implica que la mayor parte de los recursos se encuentra sin protección alguna.
Si las zonas de importancia natural, no sujetas a ningún régimen de protección, están bajo un régimen que promueve su desmonte, y las áreas protegidas son vendidas con la anuencia de nuestros representantes, estamos frente un panorama desolador.
Resulta imprescindible contar con instrumentos que incentiven la conservación e incremento de nuestros recursos naturales ubicados en tierras públicas y privadas. Es menester que se le ponga punto final a la pérdida de las áreas protegidas -sea cual fuere su extensión- y que, por el contrario, sean alentadas todas las acciones tendientes a preservarlas, mejorarlas y crear nuevas.
