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Boudou, síntoma de la debilidad institucional del Gobierno
El vicepresidente, con pedido de indagatoria, sigue en su cargo como si nada
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Cuando el príncipe Hamlet vuelve a Dinamarca, un guardián de Elsinor, su castillo, le advierte que "algo huele a podrido". El príncipe Hamlet trata de gobernar bien, ama a Ophelia, reflexiona sobre la vida y la muerte en sus soliloquios, pero comprueba que todo esto no sirve, porque la corrupción ha envenenado la vida de Dinamarca, la de sus súbditos y la de él mismo. Imperan los dracmas del mal, la moneda maldita de los antiguos griegos. Este vislumbre shakespeariano tiene cierto reflejo en la Argentina de hoy.
Gobiernan este país una presidenta y un vicepresidente electos por amplísima mayoría en elecciones limpias. Es cierto que hay problemas y desajustes, pero ¿qué país no los tiene? Sin embargo, esa normalidad se asienta en un andamiaje frágil, porque el vicepresidente ha sido acusado por un fiscal federal : resulta que, cuando era ministro de Economía, habría intentado, a través de una red de testaferros, usar su poder institucional para quedarse con el 70% del negocio de la impresión de la moneda nacional, a cargo de la entonces agonizante empresa Ciccone .
Es cierto que in du bio pro reo : nadie es culpable hasta que un juez lo condena. Sin embargo, la opinión pública conoce muchos de los elementos de la causa Ciccone: testimonios, pruebas documentales, indicios. Por lo tanto, en la opinión pública existe un estado de sospecha sobre el comportamiento del señor Amado Boudou.
Hasta ahora, el principal argumento que alegaban los partidarios del Gobierno para negarles entidad a las sospechas era que en la causa Ciccone no se mencionaba a Boudou. ¿Por qué entonces el Gobierno hizo tabla rasa con tantos funcionarios judiciales? Cuando salió a la luz el caso Ciccone, el vicepresidente pronunció una alocución tremebunda en la que repartió al voleo todo tipo de acusaciones. Al jefe de los fiscales, un veterano jurista de ideas afines al Gobierno, lo acusó de traficar influencias. De inmediato perdieron sus cargos ese jefe de fiscales, el juez de la causa y el primer fiscal a cargo. A quienes escribimos en la prensa crítica, el vicepresidente nos trató de esbirros. ¿Qué significaban esas represalias sino una forma de intimidación a la justicia y a la prensa para recalcar la idea de que el vicepresidente era intocable?
Luego pasó el tiempo y ahora, aunque la causa avanzó a paso de tortuga, ni Boudou ni sus partidarios pueden alegar que él está "afuera de la causa". El dictamen del fiscal federal, en el que pide la indagatoria del vicepresidente, es preciso, detallado y demoledor. Es el Estado, el mismo Estado que el señor Boudou representa ante el mundo cuando la presidenta no ejerce quien lo acusa.
¿Qué solidez institucional puede tener un gobierno cuyo vicepresidente está acusado por un fiscal federal de querer enriquecerse a costo del erario? ¿Qué pasaría si (¡Dios no lo quiera!) ese vicepresidente tuviera que quedar al frente del país? ¿Cómo sesionará de ahora en más el Senado de la Nación, cómo debatirá nuestros dilemas, si a su frente, en el estrado, se sentará un hombre al que la fiscalía federal imputa por "negociaciones incompatibles con la función pública"?
Un vicepresidente, aunque no haga gran cosa, ocupa un cargo clave en la estructura institucional de un país. Porque garantiza la continuidad ante una emergencia. El vicepresidente es como un bombero: se pasa horas y horas, quizá días y días en el cuartel, sin hacer nada, pero cuando algo sucede?
Al aceptar que el señor Boudou continúe en su cargo como si nada hubiera pasado, al aceptar que siga latiendo este huevo de serpiente, el Gobierno pone a este país en una situación grave. No es que los problemas desaparecerían si Boudou saliera de escena. Seguiría habiendo conflictos, situaciones irresueltas. Que el país tenga más pobres hoy que en 2001, que el país carezca de estadísticas fiables porque el Gobierno optó por tapar la realidad, que el país no despierte confianza más que en sus acólitos, que nos gobierne alguien que dijo "si quieren devaluación, busquen a otro" y luego no vaciló en devaluar son cosas que no se relacionan directamente con el caso Ciccone. Son vaivenes de la vida compleja de un país.
Sin embargo, cuando el Gobierno, a través de Boudou, puso en circulación el dracma del mal, dejó sobre el terreno la mecha de una bomba. Boudou no es un florero, integra el corazón de un gobierno que hasta ahora lo blindó, conforme a su práctica habitual de no pagar jamás el costo de sus errores. Salvo que fuese inevitable.
Ahora, con Boudou sentado en el estrado senatorial, muchas de las injusticias que mortifican al país tendrán otro cariz. Cada vez que usted o yo, lector, tomemos un tren suburbano en ruinas y viajemos, quizá durante horas, apretujados como sardinas, expuestos a los piedrazos de los vándalos o a algún descarrilamiento fatal, pensaremos que en el sillón de la vicepresidencia hay un hombre que, según el propio Estado (un fiscal federal), quería lucrar con nosotros. Cada vez que nos quedemos sin luz y tengamos que mendigar un poco de agua o una bocanada de aire, pensaremos que alguien, en el poder, se estuvo burlando de nosotros. Cada vez que nuestro salario se nos evapore en las manos, pensaremos que la década ganada nos trajo a Boudou.
Cada vez que un jubilado cobre su haber, recordará a Boudou. Tres millones de argentinos percibieron en febrero la jubilación mínima: 2477 pesos. La Presidenta anunció con bombos y platillos, en cadena nacional, que esa mínima aumentaba un 11%, por lo que pasará a 2757 pesos. Pero esos 2757 pesos se cobrarán recién a mediados de marzo. Vendrán pues devaluados por el 7% de inflación que se produjo en diciembre y en enero, y por la inflación que haya durante todo febrero y la mitad de marzo. Y pensar que el mismo día en que el fiscal federal pedía la indagatoria de Boudou, los "esbirros" (uso la misma terminología de nuestro vicepresidente) de Boudou que tienen su sede en la Biblioteca Nacional se ufanaban de que la década ganada supuso la "redistribución de la renta a favor de los sectores más carenciados".
Para los millones de jubilados y pensionados argentinos, la estafa que investiga el juez Lijo ya se consumó. Si Boudou quería quedarse con el papel moneda argentino mediante un delito, finalmente lo ha conseguido no por la "negociación incompatible", hasta ahora detenida por la Justicia, sino por la maldita inflación, ese matiz argentino de los dracmas del mal de Hamlet.
© LA NACION
