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Cambios en la justicia contra el delito, que nunca cambia
La inseguridad es uno de los problemas que más aqueja a los bonaerenses, y es producto tanto del crecimiento de una cultura delictiva como de la desidia del Estado, especialmente en la parte judicial, donde las penas a los delincuentes se demoran muchísimo o incluso muchas veces ni siquiera ocurren.
Según datos del Ministerio de Seguridad, los homicidios dolosos aumentaron un 3,8% de 2019 a 2020. Este año hemos presenciado también muchos casos importantes que alertan sobre la gravedad de esta problemática, siempre vigente, siempre en ascenso. En el tiempo reciente y con la excusa reiterada de la pandemia, hasta llegamos a ver con mucho horror la liberación de presos. El panorama en estos últimos dos años ciertamente no fue esperanzador.
Cualquier persona que haya sido afectada por un hecho de inseguridad sabe bien que la justicia se mueve mucho más lentamente que los delincuentes, y no es raro ver en los barrios bonaerenses a muchos de ellos que reinciden en los mismos delitos cuyas causas originales siguen abiertas y en desarrollo. Es decir que si un delincuente está siendo procesado por un robo -por dar un ejemplo- que ya cometió, puede cometer otro, y otro más, sin que se le aplique aún ningún tipo de castigo. El resultado inmediato de esto es que los delincuentes suman hechos delictivos y la justicia queda cada vez más rezagada en la carrera contra el delito. Como sostiene el dicho: cuando nosotros fuimos, ellos ya fueron y vinieron varias veces.
La normativa actual impide, en estos casos, la aplicación de la prisión preventiva, como se emplea en algunas provincias (Tucumán, Formosa, Mendoza y Chubut) y hasta en otras partes del mundo (Italia, Alemania o Uruguay, por citar algunos casos). ¿Por qué lo impide? Porque de momento el Código Procesal Penal aplica la prisión preventiva solamente ante el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. No está contemplada la reiterancia delictiva, que es la forma en la que se refiere jurídicamente a la repetición de delitos que ejercen muchos delincuentes y que en los barrios del Gran Buenos Aires son conocidas por cualquier vecino.
Esta situación potencia los dos factores detrás de la inseguridad: un Estado ineficaz, que no interviene porque no tiene los instrumentos legales y, consecuentemente, una cultura delictual que se afianza sobre el sentimiento creciente de impunidad. Son especialmente las personas más humildes las que están más expuestas.
Nuestro compromiso con los bonaerenses es el de llevar tranquilidad a todas las personas de bien, que incluso en estos momentos angustiantes, marcados por un país y una economía sin rumbos claros (pero en notable decadencia), aún apuestan por el trabajo y el esfuerzo, en un contexto cada vez menos prometedor. ¿Cómo? Ayudando a fijar reglas claras, que castiguen al que delinque y promuevan el respeto por nuestros conciudadanos.
Por eso es que uno de los primeros proyectos que presentamos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires es una reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal, cuyo objetivo central es ampliar el concepto de prisión preventiva para los casos de reiterancia. De esta manera se podrá contener rápidamente una gran cantidad de casos de inseguridad cuyos perpetradores son delincuentes que ya fueron condenados en el pasado por los mismos delitos que todavía cometen.
Parece mentira que una reforma de este estilo sea algo novedoso, ya que se tendría que haber implementado hace tiempo. Pero es la realidad que vivimos y que miles de personas padecen a diario, víctimas una y otra vez de los mismos delincuentes.
Junto con la ampliación del concepto de reiterancia, el proyecto de reforma que acabo de presentar en la Cámara (con el apoyo de todo mi espacio) contempla también un cambio en la categoría de reincidencia. Actualmente se considera reincidente a cualquier persona que comete un delito por el cual ya cumplió una pena privativa de la libertad. Es decir, hoy es “reincidente” quien comete un delito por el cual ya estuvo preso.
La propuesta de reforma, en este caso, es que el concepto de reincidencia se aplique a quienes hayan sido condenados por un delito, independientemente de si cumplieron o no la pena. Es un cambio que responde a la realidad de hoy en la que muchos delincuentes con condena, inexplicablemente, andan sueltos.
Estas reformas, que están lejos de ser las soluciones definitivas que ansiamos desde hace décadas, nos acercarán un poco a una vida más ordenada, donde los delincuentes que reinciden en sus comportamientos inmorales y destructivos reciban sin demoras descabelladas el tratamiento adecuado: la privación de la libertad. Esa libertad que la mayoría de los bonaerenses usa para construir desde las reglas de la convivencia pacífica y del bien común y que los maleantes usan para dañar y tomar lo que es de otros. Se trata de una pequeña reforma en la justicia para hacer que sea, valga la redundancia, un poco más justa.
Lejos de proyectos grandilocuentes de reformas judiciales que impulsan quienes promovieron la decadencia de nuestro país y sus valores durante casi veinte años, lejos de esas reformas que garantizan más poder e impunidad para los políticos, se trata en este caso de dar las discusiones que interesan realmente a los ciudadanos y ciudadanas comunes. Se trata de impulsar los cambios que pide la gente que trabaja para vivir un poco mejor. Se trata de trabajar junto a ellos para lograrlo.
Diputada provincia de Buenos Aires (Juntos)
