Cartas de lectores: Yo no paro; consecuencias, facturas

Carta de la semana

Y no paro

“No hay que ser economista austríaco ni de Harvard para entender” (Axel Kicillof). Por eso entendemos que las políticas económicas del último gobierno han sido criminales. Destruyeron la economía y el trabajo. Nos hablaron de justicia social y no hicieron más que generar y promover la pobreza. ¡El 50% de los argentinos es pobre en un país riquísimo en recursos! La pobreza no es justicia social. Es un escándalo social y moral. La CGT, ciertos dirigentes peronistas, el kirchnerismo y algunas organizaciones dicen acompañar a los trabajadores, pero los someten y se enriquecen a costa de ellos. Los sindicalistas durmieron durante los últimos cuatro años, mientras la pobreza, la indigencia, la inflación y la corrupción aumentaban de manera escandalosa. Ahora, a menos de un mes de haber asumido el gobierno elegido por el 56% de los argentinos, convocan a un paro nacional. No lo hacen por los trabajadores. Temen perder los beneficios de los que actualmente gozan.

Los ciudadanos necesitamos vivir y trabajar en paz. Queremos que el país salga del abismo al que nos han llevado. Por eso iremos a trabajar y ayudaremos a que otros puedan llegar a sus lugares de trabajo. No adherimos al paro.

Josefina Michelini, Lidia Aguirre, Teresa Harriet, María Zavalía, Claudia Bagnardi

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Consecuencias

A medida que pasan los días nos vamos enterando de la mala administración de funcionarios que, además de ineptos, fueron deshonestos y, por sobre todas las cosas, carentes de una mínima dosis de patriotismo, responsabilidad y consideración. Dadas las características propias de un delito, me pregunto cuál será la consecuencia de sus actos. Se los escucha vanagloriarse de haber destruido pruebas, dejar bombas para que detonen en el gobierno actual y nada les afecte a ellos. El país entero aplaude saber que se pondrá fin a tantos abusos, pero también reclama la aplicación de la ley para quienes los cometieron. Solo así servirá de ejemplo para gobiernos futuros. Los derechos involucran deberes y es necesario recordarlos después de tantos años que permanecieron olvidados.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Facturas

Los 194 vuelos que hizo nuestra exvicepresidenta a Río Gallegos, entre 2019 y 2023 (prácticamente un viaje por semana), se nos presentan como una deuda que nos deja la antigua administración. Durante esos cuatro años, por cuestiones personales, Cristina dispuso de aviones de YPF, haciendo viajes de hasta 3000 km sin pagar una moneda. Gusto caro el weekend en Santa Cruz, sobre el que nada opinaríamos si no se pretendiese que tan oneroso nomadismo lo afronte el Estado. YPF debe reclamarle a ella el pago y hacer también responsable al poco criterioso empleado o funcionario que prestó o alquiló (sin cobrar) en 194 ocasiones. Para que el costo de esos viajes privados no caiga sobre el Estado, alcanza con usar la lógica y los principios generales del derecho.

Roberto Picozzi Gandía

DNI 7.961.923

Seguridad jurídica

Antes de comenzar el debate de la ley ómnibus (”Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, mensaje N° 7/2023), un grupo de juristas, académicos e integrantes del ámbito jurídico envió una carta abierta dirigida a los diputados y senadores nacionales en la que rechazaron el proyecto, por los cambios que pretende introducir en el Código Civil y Comercial, “sistema normativo –comienza la carta– que rige la vida cotidiana de las personas en sus relaciones civiles y comerciales”. Y continúa: “Este código, estructura vertebral del sistema civil y comercial, no ha generado fuertes polémicas o debates prácticos durante su vigencia; por el contrario, ha brindado seguridad jurídica, respondido a las diversas y dinámicas realidades sociales y, principalmente, ha permitido resolver los conflictos jurídicos sobre la base de las nociones de autonomía, libertad, prevención, solidaridad y responsabilidad, por destacar algunos de sus cimientos más importantes”.

En respuesta a este debate, quisiera puntualizar lo siguiente. 1) El Código Civil y Comercial de la Nación no fue concebido como un conjunto de reglas predeterminadas para promover la seguridad jurídica. Más bien, en su origen buscaba innovar y reemplazar la codificación civil decimonónica, permitiendo una mayor discrecionalidad judicial basada en principios y valores indeterminados. 2) Contrariamente a la posición de la carta abierta, muchas de las reformas propuestas en el proyecto “Bases” fortalecerían la seguridad jurídica. Se destacan algunas normas que derogan términos indeterminados, agregan especificidad a ciertos artículos y otorgan derechos que antes no estaban permitidos, contribuyendo así a la claridad y predictibilidad en las decisiones judiciales. 3) Existe una tensión fundamental entre un liberalismo paternalista presente en el código actual y un liberalismo clásico evidente en las reformas propuestas. Esta contradicción es crucial para entender la dinámica de las propuestas legislativas. En resumen, la Fundación Federalismo y Libertad sostiene que si bien el proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” puede ser criticado y cuestionado en algunos aspectos por sus formas y contenido, al momento de referirse a seguridad jurídica el análisis merece una reflexión más exhaustiva. La percepción de que las reformas propuestas generan inseguridad jurídica no es de amplio consenso y existen expertos que hacen énfasis en el efecto contrario.

Javier Habib

Miembro del Consejo Académico de la Fundación Federalismo y Libertad

jhabib@uspt.edu.ar

Precios del combustible

Recientemente el nuevo presidente de YPF dijo que el país tiene que cambiar y los precios internos de los combustibles deben ser similares a los internacionales, ya que el petróleo es un commodity.

Coincido en que deben corregirse todas las distorsiones que tenemos y fueron generadas por el gobierno K. Pero dada la importancia que tienen los combustibles en la matriz productiva y en general en toda la economía, debería establecerse un sendero para no hacerlo todo de golpe (por ejemplo, 2 años), y el Gobierno tendría que acompañarlo con la disminución de la altísima carga impositiva que tienen.

Leonardo C. Giménez

DNI 26.019.953

Dialoguistas

Daer, secretario general de la CGT, después de 4 años en silencio ante las atrocidades económicas y sociales del gobierno anterior, en relación con los diputados dialoguistas dijo: “No podrán salir a la calle”.

Me pregunto: ¿él y sus colegas pueden hacerlo?

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Sobre nuestro civismo

Año tras año, al iniciar las clases, pido a los alumnos –muchos a punto de graduarse de abogados– que expliquen libremente y con toda informalidad qué entienden por “derecho”. Año tras año, respondan invariablemente y sin titubear que “es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas”. Cuando reflexionan sobre esa respuesta (no sin antes excusarse en que esa misma e idéntica definición aparece en un sinnúmero de manuales y tratados de derecho, lo cual es cierto), invariablemente reaccionan sorprendidos frente al hecho de que la respuesta limitada a las normas jurídicas constituyó la defensa de los criminales de guerra en los juicios de Nuremberg, Ruanda, la ex-Yugoslavia, etc., a tal punto que en 1945 un condenado se dio el lujo de desafiar la sentencia diciendo que “en unos años todos condenarán estos juicios, no se puede hacer un juicio sin ley”. Sin duda estaba equivocado, pero su error persiste, y debe ser corregido. También sucede que al estudiar la parte de la Constitución nacional que trata sobre el funcionamiento de los tres poderes de la República el concepto de “virtud” predicado de los funcionarios les parece prima facie ingenuo y fuera de lugar. La sorpresa se repite cuando al releer el Preámbulo se llega a la parte donde dice que los constituyentes buscan el bien de los habitantes de la Nación “invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”, y así se cae en cuenta de que la justicia es una virtud y que quien realiza actos justos ejercita la virtud, siguiéndose por fuerza que actos contrarios a la razón y a la virtud (de la justicia, cuando menos) son reprochables constitucionalmente. La virtud es algo “bueno” encarnado en una persona. A diferencia de los “valores”, la virtud no es “comprable” ni “transable”. A diferencia de los valores, la virtud no exige poder adquisitivo, sino esfuerzo consciente en la práctica del bien.

No es el objeto de estas líneas discurrir aquí sobre opiniones filosóficas o jurídicas. Tampoco ha de limitarse el concepto de virtud al caso de los funcionarios públicos. Pero sí debemos retomar la idea de que no hay nación posible sin ciudadanos virtuosos, recordando –como señala Aristóteles– que ni siquiera la ley basta para que una nación exista como tal, y que el único modo de curar nuestra nación es que repitamos actos buenos, en todos los ámbitos y circunstancias. Para ello, debemos volver a educar a los niños en el civismo, instrucción que antes daba comienzo en la escuela primaria con la recitación del Preámbulo de la Constitución nacional, lo que desearía con sincero anhelo volviese a ser una práctica obligatoria.

Juan Pablo Martini

Abogado (UBA), profesor de Derecho Político (Udemm)

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