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Claro y concreto
Por Norberto H. García Rozada
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Tengo para mí -tronó, diríase, el Pérez que participaba de un diálogo entre Pérez- que el Estatuto va a resultar ser una compleja exposición de inoperantes voluntarismos. Algo así como el artículo 14 bis de la Constitución, en que se dispone, entre otras cosas, que la ley establecerá el acceso a una vivienda digna. ¡Vaya usted a un juez y dígale que quiere hacer valer ese derecho! Por ahí, hasta le contesta que él tampoco tiene vivienda. Palabra más, palabra menos, esa ironía denotó cierta desconfianza acerca del contenido definitivo del magno documento que, ahora a toda máquina, es redactado por la Convención Estatuyente de la ciudad.
Algunos de tales desconfiados son legos... y otros son letrados. Todos Pérez, al fin de cuentas, coincidentes en la legítima aspiración de que el Estatuto les dé forma clara y concreta a las instituciones de la ciudad, tal como lo dispone la Constitución Nacional, y no se interne en terrenos más cenagosos, por aquello de que quien pisa barro... termina embarrado.
Riesgo latente ése. Y a nadie, que se sepa, le agrada embarrarse contra su voluntad.
Dilemas
Tal vez esa posibilidad de embarrarse fue una de las razones por las cuales, hace unos días, Carlos Ruckauf insinuó, durante una reunión de su bloque, que había pensado empacar las pilchas y renunciar a la banca de estatuyente, aunque sin que esa actitud pretendiese compelir a sus compañeros para que la imitaran. Ocurre que por lo menos algunos de los convencionales justicialistas presumen que deberán enfrentarse con el dilema de jurar un Estatuto que, interpretan, contendrá ciertas disposiciones conflictivas, con las cuales no concuerdan, sea por razones políticas o de conciencia.
Si de política se trata, los renuentes alegan que, a la corta o a la larga, el Estatuto chocará con las controvertidas disposiciones de las leyes de garantías y de convocatoria (leyes Cafiero y Snopek, según el lenguaje coloquial de los versados en las cuestiones autonómicas).
"Hasta podemos admitir -suelen susurrar- que ambas normas son objetables y han excedido las atribuciones del Congreso. Pero -afirman con tono ya más alto- se trata de dos leyes de la Nación; y mientras el Congreso no las modifique o la Corte Suprema no las declare inconstitucionales, están vigentes y hay que respetarlas."
Conciencia
Respecto de las razones de conciencia, Pérez -curioso con cara de inocente- pudo escuchar a convencionales que discrepaban en privado con el reglamentarismo voluntarista de marras, al que se habría sumado, según ellos, un ultramontanismo anticlerical decimonónico. No se trataría, al parecer, de un juicio apresurado. Lo comparten -por lo menos- las comunidades de los colegios católicos, en los cuales han sido recolectadas firmas para un documento destinado a que la Asamblea Estatuyente tome conocimiento de tal preocupación.
A esos ciudadanos porteños no sólo les inquieta la resistencia a admitir que Dios es fuente de toda razón y justicia.
También interpretan que el dictamen sobre educación se contradirá con los artículos 14 y 57 de la Constitución, y con los pactos internacionales firmados por la Argentina, al negarles "a los padres, como agentes naturales y primarios de la educación de sus hijos, el derecho de elegir instituciones educativas de acuerdo con sus convicciones"; y a los alumnos, "el derecho de ser respetados en su libertad de conciencia y convicciones".
Objetan, asimismo, la probable imposición de materias como la educación sexual "enfocada desde la perspectiva de género, lo que equivale a decir que asumirse como varón o mujer no depende de lo biológico y de la naturaleza sino de una opción personal y cultural... De este modo, todo aquello que todavía en la sociedad mundial es discusión, nuestros estatuyentes lo asumen como una realidad natural y normal..." Pérez, cuya curiosidad es equitativa y neutral (salvo cuando de fútbol o rugby se trata), también pudo escuchar otras campanas.
Se enteró, pues, de que en la presidencia de la Asamblea se estima, en cambio, que el Estatuto será el avanzado y progresista producto de un inteligente consenso, al que se llegará mediante el sano y democrático intercambio de ideas. Y también apreció que otros convencionales se muestran más apasionados ante las críticas desfavorables. En uno de los pocos discursos que por su exaltación alteró el tono amablemente versallesco de las deliberaciones, tales críticas fueron atribuidas a un operativo destinado a engendrar en la ciudadanía la creencia de que el mandato que votó en las urnas no es respetado.
