El daño de la mentira sin condena

Vaya a saber cuándo comenzó, si es por causas políticas o culturales. Si tiene que ver con nuestros orígenes o vino después. Pero lo cierto es que los argentinos nos acostumbramos a hacer de la mentira un componente cotidiano de las relaciones interpersonales. Políticos y funcionarios de todos los órdenes la expresan a diario y así nos han educado. Pero lo más grave es que la mentira ha echado raíces y ha hecho carne en nuestro sistema de Justicia, siendo hoy una herramienta de trabajo para abogados y partes que la utilizan de manera descarada y para jueces y fiscales que la avalan. La prueba más contundente: en la Argentina no hay condenas por delitos de falso testimonio ni por falsa denuncia.

Nuestro Código Penal informa a sus ciudadanos en su artículo 245 que si alguien denunciare falsamente la comisión de un delito le corresponderá a quien lo haya hecho un castigo de 2 meses a 1 año de prisión. Castigo ínfimo, teniendo en cuenta que se iniciará una investigación y que incluso podría someterse a un proceso a otra persona injustamente. Nuestra legislación prevé que la acción de mentir frente a las autoridades -esto abarca la acción de afirmar una falsedad, de negar o callar una verdad tal como se establece en el artículo 275- constituye el delito de falso testimonio y en caso de comprobarse su comisión la pena podría ser de 1 mes a 4 años de prisión. Y si alguien mintiere en perjuicio del imputado, la pena sería de 1 a 10 años de prisión.

Pero más allá de estas nobles advertencias y de que la finalidad de todo proceso es descubrir la verdad y aplicar la ley, lo que sucede en el día a día es lamentable. Decenas de personas se presentan ante los tribunales de Justicia de todos los fueros e instancias del país a mentir. Los jueces y fiscales lo presencian y no hacen nada. Quienes están obligados a proteger la honorabilidad del sistema y su vigencia se desinteresan del tremendo daño que le causan a la sociedad el falso denunciante y el falso testigo. De nada sirve que se le exija al declarante jurar o decir la verdad si cuando miente no se le aplica el castigo que la ley contempla. Por eso, los juicios terminan siendo una teatralización donde se premia a quien miente más y mejor. Y el premio es la impunidad que se regala al mentiroso.

Los jueces, con sus interpretaciones, le hacen decir a la ley lo que la ley no dice. No respetan sus preceptos y olvidan que la ley está por encima de ellos y de todos nosotros. La Justicia parece un juego de niños donde la verdad debe o puede esconderse, ya que nadie la buscará seriamente y como es costumbre se hace prevalecer al pícaro por sobre el honesto.

Esta es la conclusión de mis experiencias en los tribunales, como abogada que no se queda inerte frente a la mentira, que la persigue y la denuncia. He visto muchas personas que han estado envueltas en procesos injustamente, entre ellas, a un hombre, trabajador, buen padre de familia, honesto, que ha sido acusado de acoso sexual por alguien que utiliza el proceso como método de venganza y para hacer daño. Gracias a un video que hemos aportado como prueba, este hombre fue declarado inocente y además dicho video expresaba que este hombre era la verdadera victima de hostigamiento y calumnias. Como consecuencia de todo lo padecido y las graves estigmatizaciones generadas en su perjuicio hemos denunciado ante la Justicia penal a la denunciante por haber cometido ambos delitos (falsa denuncia y falso testimonio, al igual que los testigos que ella había utilizado). Sin embargo, la respuesta de la Justicia es vergonzosa. Los fiscales no persiguen, los jueces desestiman.

En definitiva, no hay condenas en la Argentina por estos delitos, lo cual es sumamente dañoso porque se nos priva de la debida administración de justicia, se nos priva del debido proceso de ley. El mentiroso, el delincuente, queda impune y la contracara es que los derechos del ciudadano honesto son menospreciados. Dicha enfermedad en poco tiempo generará cientos de condenas erradas contra inocentes y, también, que se desprestigie la palabra de la víctima, generando el colapso del sistema.

Debemos enseñar que la verdad es un valor y extirpar la mentira de raíz, sea donde sea que fuera manifestada: en los estrados judiciales, frente a las cámaras de TV o en el Congreso de la Nación. Si queremos curarnos definitivamente, debemos reconocer esta terrible enfermedad y castigar al mentiroso como ordena la ley.

Abogada penalista, especialista en juicio oral y juicio por jurados (CWSI, EE.UU.)