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El plan de gobierno de Kicillof depende de la reactivación
Los intendentes le atribuyen al gobernador la falta de un programa de crecimiento, en tanto que las críticas a Vidal complican el necesario diálogo con la oposición
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PARA LA NACIONDaniel Bilotta
Axel Kicillof utiliza un método extravagante para relacionarse con dirigentes. Dedica casi todo el tiempo que le insumen las reuniones con ellos a exponer la situación de la provincia de Buenos Aires. Los que atravesaron esa experiencia evitan dar un juicio definitivo. Tienen un pretexto razonable para hacerlo. Apenas transcurrieron 90 días de gobierno. Pero es una prudencia que dejan de lado en el anonimato. Es entonces cuando admiten desánimo. No porque aplique el saber a gobernar. Ni por el parecido de los encuentros a una clase magistral sobre su zona de confort en el campo del conocimiento: la macroeconomía. Es precisamente allí donde le imputan un defecto llamativo para alguien con sus antecedentes académicos. La falta de una hipótesis de crecimiento. O de futuro. Casi lo mismo. Igual que la de Alberto Fernández, la suerte de su gestión está atada a la renegociación de la deuda externa.
No se esperan cambios en "la transparente vehemencia" de Kicillof que se esmera en atribuirle una minoría empresaria. Al contrario. El modelo se profundizará en las próximas semanas. En las que sus ministros deberían entregarle el borrador de "la tierra arrasada" que hallaron. Base de la obra literaria que Kicillof presentaría en 10 días con el título tentativo de El libro negro de María Eugenia Vidal. El gobernador les recomendó su lectura a los intendentes del Frente de Todos en la primera sección electoral que reunió el día 13 en La Plata.
Desde entonces comparten la sensación que los de la tercera sección tuvieron después de verlo el 28 de febrero. El plan de gobierno de Kicillof depende de la reactivación económica. Sin ese requisito, es difícil que lo tenga. Un dato en el que no se detiene demasiado su didáctica. La estrategia contra la principal dirigente opositora es una mala noticia para Julio Alak y Sergio Berni. Los ministros de Justicia y de Seguridad promueven el diálogo con Juntos por el Cambio en el Senado: tiene 26 legisladores, sobre un total de 46. Filtro obligado de cualquier reforma en esas áreas, responsables de atender los reclamos por la inseguridad. El más urgente hasta el coronavirus. Con su par de Gobierno, Teresa García, Alak y Berni representan a Cristina Fernández de Kirchner en el gabinete de Kicillof. También Daniel Gollán. Aunque al ministro de Salud no se lo considera dentro del ala política. A los intendentes les pareció vacilante con las previsiones para la crisis. El sistema sanitario tiene 400 camas de terapia intensiva. La mitad, con ocupación permanente. Hace 10 días, gastó 15 millones de pesos en 80.000 dosis de misoprostol para la interrupción legal del embarazo (ILE).
Gollán es ministro a pedido de Cristina. Para frenar a Alak y Berni, García se recuesta en Máximo Kirchner. Aceptó ser ministra para oficiar de enlace con la Legislatura. Más precisamente con el Senado. Debió renunciar a su banca en esa Cámara antes de asumir. El 5 de marzo le aseguró a la agencia de noticias Infocielo que "los días de Julio Conte Grand en la Procuración General están contados". Es probable que haya respondido a la aparente intromisión de Alak y Berni en su área con otra. Conte Grand colabora con la mesa de diálogo habilitada en el Sistema Penitenciario por los ministerios de Justicia y de Seguridad.
Alak espera que Berni active el sistema de cárceles en contenedores para atenuar el peligroso foco de hacinamiento entre los reclusos. García acusó al procurador de instalar el lawfare en la provincia. Utilizó de ejemplo la denuncia contra Conte Grand del fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari.
Ferrari ordenó al fiscal Jorge Bettini la suspensión del juicio contra Matías, Gabriel y Juan Manuel Soto por homicidio, robos con armas, coacciones y amenazas que tramita el Tribunal en lo Criminal Nº 10 de Lomas de Zamora. Su titular, Susana Salvestrini, comunicó al Ministerio Público el exceso de Ferrari en sus atribuciones. Conte Grand pidió a la Corte que le imponga una licencia forzosa. Es el paso previo a un eventual juicio político. Alias "el Polaquito", Matías es uno de los jefes de la barra brava del club Atlético Lanús. Su padre, Gabriel, integra la de Tristán Suárez. Juan Manuel, su tío, es concejal por el Frente Renovador de Lanús. Los tres están ligados a Julián Álvarez. Igual que Ferrari. Los audios viralizados por otros fiscales de Lomas de Zamora dan cuenta de su estrecha relación con Álvarez. Lo mismo que Javier Gastón Raidan, defensor de los acusados. Fue empleado del Ministerio de Justicia de la Nación cuando Álvarez fue el número dos de Alak.
La relación entre ellos es tan mala como entonces. Alejado de La Cámpora, Álvarez intenta recuperar poder en la Justicia a través de Ferrari. Pero también con Raidan y su hermano Diego, defensor con Eduardo Duhalde de Silvio Luis Carzoglio, el juez de Garantías N°8 de Avellaneda sometido a jury. Raidan intentó impugnar a Conte Grand en la audiencia de prueba contra Carzoglio, valiéndose de la denuncia de Ferrari. No está claro si García y Álvarez trabajan en un mismo sentido. Aunque resulta curiosa la coincidencia de la funcionaria con Ferrari y Eduardo De Lázzari. Para rechazar la sanción disciplinaria pedida por Conte Grand, Ferrari apeló al mismo argumento que el presidente de la Corte y la ministra de Gobierno. Acusar al procurador de inventar causas con fines políticos. Una complicación para Alak, interesado en ocupar la vacante en el máximo tribunal por el fallecimiento de Héctor Negri.
Vidal ya hizo saber que el Senado aprobará el pliego de quien proponga Kicillof si se libera otra plaza para la oposición. A excepción de Sergio Torres, todos los miembros de la Corte iniciaron su trámite jubilatorio. Es un gesto de autopreservación y no de desprendimiento. Protege al beneficio del 82% móvil de cualquier cambio legislativo. La experiencia nacional está muy fresca. Por supuesto: la Corte regula la velocidad del trámite. Así y todo, le abre a Kicillof una oportunidad política excepcional para renovarla si los insta a no detenerlo. De Lázzari tendría motivos para acceder. En el Poder Judicial creen que denuncia a Conte Grand por necesidad política. Recuerdan que procedió de un modo parecido cuando logró que Ana Miriam Russo fuera designada fiscal federal de La Plata. Russo es la esposa de De Lázzari. Algunos están convencidos de que negociaría ser sucedido por ella. ¿Otro obstáculo para Alak?
En apariencias, Berni tiene por delante un camino más sencillo. Su pretensión es suceder a Sabrina Frederic en el Ministerio de Seguridad nacional. Una posibilidad bloqueada por ahora. "Cuando trajimos el remedio conocíamos las contraindicaciones", les dijo Kicillof a los intendentes, disconformes con la tarea del ministro de Seguridad. El gobernador también parece resignado a mantenerlo en el gabinete. Los jefes comunales hubiesen preferido a uno de ellos. El elegido para el lugar de Berni era Gustavo Arrieta. Esposo de la intendenta de Cañuelas, Marissa Fassi, Arrieta ejercía ese cargo en julio de 2018. Una denuncia policial reveló ese mes que falsos médicos ejercían ilegalmente la medicina en el Hospital Municipal Ángel Marzetti. La jueza correccional N° 1 de La Plata, Cecilia Inés Sanucci, no tiene resueltas las condenas a los procesados por ese delito. Por su condición de máxima autoridad del municipio, a Arrieta le cabría explicar, como mínimo, el grado de responsabilidad administrativa en esas contrataciones. Ahora es titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Para los intendentes es un detalle menor. Insisten en que la dificultad es la falta de un plan integral de gobierno, que endilgan a Kicillof. Un vacío que intentaría cubrir su vocación pedagógica.
