En territorio de Axel Kicillof, un riesgo para Alberto Fernández
La fragilidad de la economía bonaerense es una amenaza latente para la fortaleza política del gobierno nacional
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PARA LA NACIONDaniel Bilotta
Alberto Fernández no consigue extender fuera del área sanitaria el reconocimiento a la estrategia contra el coronavirus. La confirmación del aval unánime a otra prolongación de la cuarentena ayuda a disimular esa carencia, lo que vuelve relevante la denominación de "administrada" que recibe esta nueva fase. Para comprender la importancia de este criterio, es preciso recurrir a la semántica. Si se ajustase al significado de manera estricta, sería el turno de organizar la economía, el terreno en el que el Gobierno acumula más tensiones y quizás el obstáculo más significativo para consolidar un consenso político firme. Los respaldos cobran ambigüedad en la medida en que se interna en esa zona de intersección. Una delicia para aquellos para quienes ocupar espacios equivale a la mayor expresión de poder.
Ese tipo de movimientos agrupa por instinto a la mayoría de los gobernadores alrededor del Presidente, aunque asuman que esa conducta autodefensiva tiene alcance limitado. No están seguros de que sirva para resistir la amenaza que palpitan. La proyección del kirchnerismo en algunas decisiones del Poder Ejecutivo. O de Cristina Fernández de Kirchner: lo mismo. El temor a ella es una de las razones para adherir al Presidente. Una curiosa relación simbiótica que ninguno de esos caudillos acepta. Tampoco que los elogios públicos a la gestión de Fernández pretendan marcar diferencias con su vice, lo que los expone al riesgo de ser víctimas de su propio ardid. Es decir, exigir al Gobierno respuestas a tono con esa descripción.
Trance similar al que pudo sufrir Oscar Herrera Ahuad el 16 de abril. Conversó con el Presidente de los 3300 millones de pesos que el Gobierno le debe a Misiones. Pero también de la virtual acefalía del Ente Binacional Yacyretá (EBY). Fernández insistió en pedirle una lista de candidatos a presidirlo. Una aparente sorpresa para el gobernador. Ya le propuso una con Luis Sartori (diputado nacional), Luis Lichowsky (ministro de Industria) y Zuzel Vaidel (Agencia de Desarrollo). En Misiones especulan con un veto sobre ellos del Instituto Patria. Cristina, otra vez. Esa indefinición condena a Martín Goerling a seguir ejerciendo esa función contra su voluntad. Se le rechazó la renuncia presentada el 10 de diciembre.
Asumió en enero de 2018 por Humberto Schiavoni, elegido senador nacional por Pro. En julio de 2019, Goerling participó de la adjudicación a la alemana Hydro Voith de las obras para la represa Aña Cuá en Paraguay. Sumaría tres turbinas a las 20 de Yacyretá. Pese a la impugnación de Impsa, el contrato se firmó el 22 de octubre. El 22 de diciembre, Impsa pidió a la Justicia Federal la suspensión de las obras. El juez Marcelo Martínez de Giorgi atiende esa causa: todavía no se expidió. Hydro Voith reclama cobrar el 20% de un total de 300 millones de dólares. Es lo que corresponde la finalización de la primera etapa del trabajo.
Por temor a quedar en la mira de Martínez de Giorgi, Goerling no está dispuesto a firmar ese pago, lo que motivó la protesta de Paraguay ante la cancillería argentina. El 11 de enero, el diario Norte, de Corrientes, reveló la incidencia de Misiones en el EBY. En los últimos 17 años lo administraron funcionarios de esa provincia. Schiavoni ya lo había hecho en 2002, avalado por el entonces gobernador Carlos Rovira, de quien fue jefe de Gabinete. Y antes ministro de Economía de Ramón Puerta, antecesor de aquel. Puerta fue embajador de Macri en España. Rovira es el hombre fuerte del Frente Renovador de la Concordia, que gobierna Misiones desde 2007. Un año antes, la Asamblea Legislativa le negó la reelección indefinida. La solución a las deudas que dejó impagas el gobierno anterior fue lo único que se llevó Herrera Ahuad de promesa.
En Mendoza comienzan a desconfiar. Cornejo acusó al kirchnerismo de aprovechar la pandemia para nombrar 400 gerentes en la Anses. Desde el inicio de su gestión, Rodolfo Suárez intenta renegociar la deuda por 1200 millones de pesos que la provincia tiene con ese organismo y otra de 3000 millones con el Banco Nación. El diputado se hizo eco de esas dificultades. Suárez no es el único gobernador molesto con el supuesto doble estándar atribuido a Fernández: pedir un plazo de gracia a los acreedores, pero negar esa posibilidad a las provincias con la Nación. Mendoza anunció que no garantiza abonar en término los sueldos del mes próximo. Los ministros de Hacienda provinciales comparten esa incertidumbre. Martín Guzmán eludió precisar si distribuirá durante o después del primer semestre la segunda cuota de 60.000 millones de pesos para compensar la caída de la recaudación que compromete el pago de haberes. Durante el diálogo online de la semana pasada, tampoco dijo qué coeficiente aplicará para hacerlo, si el utilizado para la coparticipación u otro que contemple la masa salarial de cada repartición.
Mayo es sindicado como el momento crítico por todos los niveles de la administración: nacional, provincial y municipal. La incógnita abierta por Guzmán es aprovechada por Kicillof para revalidar su rol institucional entre los intendentes del conurbano. El acuerdo de Cristina con Fernández para que el gobierno bonaerense sea una aduana de la ayuda con anticipos del Tesoro Nacional (ATN) a los municipios pone en un brete al proyecto del Presidente: rodearse del arco político moderado del oficialismo y la oposición, es decir, Rodríguez Larreta y los intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del oficialismo y la oposición más afines.
Una propuesta que comenzó a perder ímpetu el fin de semana. Fernández solicitó a los jefes comunales que agotaran las instancias de diálogo con Kicillof, inflexible en ofrecer mil millones de pesos a distribuir entre los 135 municipios por coeficiente de coparticipación. Y un crédito por tres mil millones a tasa cero que deberá ser devuelto en 18 cuotas desde enero de 2021. Lejos de los ocho mil millones que le reclamaban. Tal vez por eso accedieron a la mediación de Massa, que se reunió el 23 con Kicillof en La Plata. El presidente de la Cámara de Diputados coincide con el gobernador en que algunos municipios disponen de recursos para solventar la crisis. Aunque desde una visión ideológica distinta.
Massa está convencido de que una parte de ellos se originan en otro encarecimiento del costo argentino: el cobro de tasas a las obras públicas financiadas por el Estado nacional en los municipios. Es probable que a los de La Matanza, Lomas de Zamora, Almirante Brown, San Isidro, Vicente López y La Plata tengan que afectarlos al pago de salarios esta semana. Y que Pilar, Tigre y Escobar sean prioridad para los tres mil millones en créditos por la caída de casi 60 puntos en la recaudación en la tasa de seguridad e higiene. Sus grandes contribuyentes integran el cordón industrial que los rodea. Lo que pondría fin al misterio de "la discrecionalidad objetiva" aludida por Kicillof para darles destino. Aunque solo parcialmente. Esos tres municipios solo tomarían un tercio de ese monto.
Los intendentes esperan recuperar parte de lo perdido durante mayo, si se les gira una cifra similar a los 13.000 millones que necesitarán entonces. Aunque para eso volverán a depender del gobernador. Su audaz negociación con los jefes comunales revela que la fragilidad de la economía bonaerense es un riesgo latente para la fortaleza política del gobierno nacional. Pese a su llamativa rusticidad, Kicillof puede convertirse en una seria dificultad para que Fernández consiga aplanar la curva de la política.
