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La gestión pública, ante los desafíos de la cuarta revolución industrial

Oscar Oszlak
Oscar Oszlak PARA LA NACION
La era de las grandes innovaciones tecnológicas abre el interrogante sobre cómo se preparan los gobiernos para proteger a las sociedades frente a los cambios que se aproximan
La era de las grandes innovaciones tecnológicas abre el interrogante sobre cómo se preparan los gobiernos para proteger a las sociedades frente a los cambios que se aproximan
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14 de marzo de 2019  

El futuro no es una dimensión temporal significativa para los responsables de decidir las políticas estatales. La previsión y la planificación casi no existen. El peligro del "presente continuo", instalado hace mucho en la gestión pública, resulta alarmante cuando la agenda estatal se ve sacudida por ciertos eventos imprevisibles. Los gobernadores rezan para que durante sus mandatos no ocurran catástrofes, como inundaciones o terremotos. Los presidentes elevan sus plegarias para que una sequía inusual o un súbito descenso de los precios internacionales de las commodities no afecte negativamente los términos del intercambio comercial.

La calidad de un gobernante se manifiesta, en parte, en su capacidad para anticipar y resolver cuestiones imprevisibles, pero no por ello inesperables, que muy a su pesar alteran su agenda. Y aunque ex ante pueden no resultar problemáticas, exigen que los gobernantes estén preparados para intentar resolverlas cuando surgen. Me interesan algunas de las derivadas de los procesos de innovación que se están produciendo en los campos de la inteligencia artificial, la robótica, la minería de datos y las TIC, que producirán inevitables consecuencias sobre el mundo del trabajo, las responsabilidades funcionales de los gobiernos y las modalidades de gestión de lo público.

En el terreno de las tecnologías de la información, citaré algunos posibles impactos. Uno es el riesgo de manipulación digital y detección de preferencias de las personas, al margen de su consentimiento. La expansión de las big tech, como Google y Facebook, plantea a los gobiernos el desafío de proteger la privacidad de los consumidores en esta era digital, impedir que las plataformas de redes sociales promuevan la desinformación y evitar que la concentración de mercado pueda desestimular la innovación.

Es creciente el riesgo cibernético que sufren los gobiernos: los ciberataques aumentan en volumen, intensidad y sofisticación, y producen impactos financieros y posible pérdida de confianza ciudadana. En muchos países, la gestión del riesgo informático se ha convertido en una función permanente de los gobiernos. Y el test real de un desempeño efectivo será seguramente la capacidad de anticipar y contrarrestar la actividad de los ciberatacantes. Menciono por último las tecnologías, sistemas o aplicaciones computacionales que han pasado de moda ( legacy systems), pero aún se encuentran en uso, planteando serios dilemas: ¿renovar, modernizar o reemplazar ese legado informático? Las plataformas sin soporte sobre las que corren pueden incrementar los riesgos de ciberataques, restan recursos posibles de afectar a nuevos desarrollos y son inflexibles para adaptarse a herramientas de inteligencia artificial.

En muy pocos años, las personas y las cosas se transportarán sin intervención humana. Comienza a ser normal observar en el espacio pequeños drones que, en algunos países, ya realizan entregas de mercaderías o correspondencia. Automóviles sin conductor serán muy pronto el vehículo habitual para viajar y varias empresas están experimentando con drones capaces de transportar grandes cargas e, incluso, personas. En Francia, el Ejército neutralizará hombres armados con ayuda de una "patineta voladora" militar y el Ministerio de Defensa espera utilizar este dispositivo en tareas de reconocimiento de zonas enemigas, evacuación de heridos y en combate urbano. Los gobiernos deberán adoptar políticas e imaginar regulaciones que habiliten, promuevan o limiten los alcances y la eventual difusión de estas innovaciones. Además, deberán decidir si deben contribuir con recursos a su desarrollo científico-tecnológico, adquirir estos bienes para su propia operación, acordar partenariados público-privados, etcétera.

El campo de la regulación de la adopción y aplicación de estas innovaciones no se agota con estos inventos. El IdC (o "internet de las cosas") permite una interconexión digital de objetos cotidianos a través de internet, anticipando una tendencia a que la red global vincule más a las cosas entre sí y con las personas que solo a las personas. Se anticipa que en 2020 habrá en el mundo unos 26.000 millones de dispositivos con un sistema de conexión a IdC, así como 30 mil millones de dispositivos inalámbricos conectados a internet. Con la próxima generación de aplicaciones, se podrían identificar todos los objetos, de cafeteras a vehículos, de libros a lámparas, y así monitorear su stock, deterioro o caducidad. Una revolución, con aplicaciones potenciales en la salud, el transporte, la infraestructura, la empresa, el consumo o el cuidado del hogar. Su impacto en la gestión estatal puede ser drástico en la administración de bienes públicos, el control de medicamentos en hospitales, la renovación de infraestructura, el aprovisionamiento de bienes o la necesidad de regular las aplicaciones de estas nuevas tecnologías.

La actividad regulatoria del Estado se convertirá probablemente en uno de los roles más exigentes de la actividad del sector público al crecer, por su volumen y sofisticación, la vulnerabilidad de los sistemas de información. Agréguense a la lista otras innovaciones que ya están ocurriendo -como las transacciones en criptomonedas, o las que producen diagnósticos médicos al instante o informes jurídicos impecables- y se tendrá una mejor idea del ensanchamiento que experimentará la función reguladora estatal, sea para el desarrollo comercial de estas actividades, la determinación de los derechos y obligaciones de prestadores y clientes, la forma de resolución de los conflictos o las responsabilidades tributarias que generan, por citar algunas. Tal vez se requiera repensar totalmente los enfoques con que se enfrenta la tarea regulatoria, imaginando formas de intervención temprana antes de que su adopción adquiera gran escala, aunque sin disuadir el cambio tecnológico.

Lejos de agotar la lista, menciono finalmente otro concepto que desde el management privado se va asomando lentamente al ámbito de la gestión pública. Es Agile, una modalidad de trabajo todavía difícil de tipificar, que promete revolucionar las estructuras, los procesos y la cultura organizacional. Su característica esencial es que en lugar de seguir una secuencia "vertical", por etapas o top down, los procesos de implementación de políticas y proyectos (concepción, iniciación, análisis, diseño, desarrollo, testeo y puesta en marcha) se basan en una iteración y ajuste permanentes en todas las etapas, con equipos trabajando de manera coordinada e integrada, con intervención de los clientes o destinatarios. Esta metodología produce diversas consecuencias sobre la organización: promueve el trabajo a distancia, replantea la composición de los equipos, la arquitectura de los lugares de trabajo y modifica los enfoques tradicionales para el desarrollo de herramientas computacionales de apoyo. No puede descartarse que pronto, Agile se convierta en una nueva manera de concebir la gestión gubernamental.

Sin duda, el futuro ya llegó. La era exponencial o de la cuarta revolución industrial abre interrogantes inquietantes. ¿Serán estas transformaciones un factor de profundización de las desigualdades entre países desarrollados y aquellos que ni siquiera atisban los impactos de las innovaciones en puerta? ¿Qué están haciendo los gobiernos para anticipar y adaptarse a los cambios que se avecinan?

Investigador titular de Cedes, área política y gestión pública

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