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La renegociación de la deuda, en el laberinto bonaerense
En el entorno del Presidente creen que la hostilidad inicial de Kicillof hacia los bonistas afectó las gestiones del Gobierno
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PARA LA NACIONDaniel Bilotta
Al Gobierno le preocupa mantener la unidad del Frente de Todos. Es la premisa que define el orden de prioridades, encabezado por la renegociación para diferir los vencimientos con los acreedores. Fernández y Kicillof coinciden en eso. Pero la ruta política que cada uno tomaría si la operación resultara exitosa es lo que se insinúa como una discrepancia inquietante entre ellos. De forma paradójica, ese resultado positivo podría condicionar la unidad: un escenario muy temido. Nadie quiere repetir la experiencia de estar fuera del poder. Para alejar ese fantasma, Fernández y Kicillof tienen otro consenso. El 31 de marzo debería estar resuelto el acuerdo con los bonistas y el FMI.
Con eso elaborarían presupuestos que darían alguna holgura de recursos, de la que el Presidente y el gobernador no disponen ahora. Mientras no se verifique ese fenómeno, insistirán en vetar cualquier activismo en su nombre que suponga preparativos para disputar candidaturas en 2021. Algo que comenzará a discutirse después del 30 de junio, por la inercia del calendario electoral. Desde esa perspectiva, los primeros dos meses de gobierno arrojan un saldo negativo para Kicillof. Para sus críticos, los hechos previos al pago efectivo de 250 millones de dólares a los tenedores de bonos BP 21 y la postergación hasta marzo de un retroactivo que los docentes debían cobrar en febrero no son hechos aislados, sino acontecimientos en serie a partir de la sanción de la ley impositiva.
La disputa por el liderazgo político del oficialismo, abierta con ese trámite, es un eslabón de esa cadena. Un conflicto desatado por el respaldo a Kicillof de Juntos por el Cambio en la Legislatura. Si se hubiera aprobado sin la intervención de Máximo Kirchner, habría sentado un mal precedente para los diputados de La Cámpora. Pero también para Massa, De Pedro e Insaurralde, los sherpas de Máximo en territorio bonaerense. Después de la fallida sesión del 27 de diciembre, Kicillof pareció aceptarlo. Convocó en La Plata a Sergio Massa para garantizar la extraordinaria del 8 de enero. Massa tiene 12 de los 45 diputados del Frente de Todos.
Pasó inadvertido, pero Kicillof pagó un precio muy alto con la demora de la ley. La confianza en sancionarla con el acuerdo de Vidal lo llevó a ordenar la confección de boletas con el aumento previsto en el proyecto, pero luego modificado. Los plazos de reimpresión y distribución hicieron inviable que algunos vencimientos operasen a mediados de enero, como ocurre tradicionalmente. Se pospusieron para marzo, lo que derivó en el cambio del calendario impositivo que el gobierno bonaerense debió anunciar para este año. ¿Lo habrá conversado con Máximo en la reunión del 15 de enero? El encuentro de cuatro horas entre ellos marcó un giro discursivo en el gobernador. La semana pasada instó a la oposición a "desatornillarse" del Grupo Bapro.
Es lógico que Hernán Reibel eluda hablar del contenido de aquella reunión y remita a lo que cobró estado público. Es decir, nada. La versión abstracta del vocero de Máximo omite que se convinieron los lugares que tendrá La Cámpora en los organismos de control y los directorios de las empresas estatales. Los del Banco Provincia forman parte de ellas. Además, esta semana debería concretarse la postergada designación de Jorge "Lalo" Rébora en la Subsecretaría de Asuntos Municipales. Y acelerarse la de Omar Galdurralde en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos con María Laura "Laly" García como vicepresidenta.
Rébora es primo del ministro del Interior. García pertenece al Sindicato de Empleados Municipales de Tordillo, un distrito de 3000 habitantes. Trabajó con Ramiro Gutiérrez en la vicepresidencia de los diputados bonaerenses durante la gestión de Manuel Mosca. Gutiérrez es diputado nacional por Massa. Galdurralde responde a Insaurralde. El intendente de Lomas de Zamora le pidió a Massa la inclusión de Hugo Corvatta en el directorio del Belgrano Cargas, una de las empresas ferroviarias que dependen del Ministerio de Transporte. Ninguno de los dos desea que ese intercambio sea percibido como una solidaridad recíproca para no perder adhesiones en el interior bonaerense.
Corvatta dejó de ser intendente de Saavedra en 2019, derrotado por Juntos por el Cambio. El éxodo del Frente Renovador al kirchnerismo de jefes comunales en esa región promovió el de Massa al Frente de Todos. Por eso nadie quiere incomodar a Kicillof. Mejor dicho, a Cristina. La vicepresidenta y el gobernador mantienen una fluida dinámica política. Desde Cuba, Cristina exigió al FMI una quita a la deuda de la Argentina. No es una buena noticia para Guzmán, que recibirá mañana a una misión del Fondo. ¿Será un daño calculado de Cristina al ministro de Economía? En el seminario sobre la deuda organizado por el Vaticano, el funcionario criticó de forma elíptica el acuerdo alcanzado en 2014 por ella y Kicillof para cancelar la deuda con el Club de París.
Algunos kirchneristas comienzan a admitir en voz muy baja que ese acuerdo y la estatización de YPF fueron un error. En una entrevista con Perfil, el gobernador intentó desmentir su mala relación con la abrumadora mayoría de los intendentes. Recordó que su candidatura a gobernador fue anunciada por Insaurralde, un aparente competidor. En aquella ocasión, el de Lomas de Zamora utilizó su cuenta de Twitter para cumplir una orden directa de Cristina, calificada de "humillante" por colegas cercanos. Ni los supuestos leales a ella en el conurbano suscribieron el convenio para refacción de 750 escuelas. Tampoco los intendentes de Juntos por el Cambio (ligados al Pro).
Los alarman dos cláusulas. La que libera los fondos una vez que los trabajos sean finalizados y la que transfiere a los municipios la responsabilidad por cualquier eventual riesgo que ellos produzcan. Más curioso es que en el lanzamiento de ese programa, el 28 de enero, Kicillof asegurase que "nunca más" los docentes "serían tomados de enemigos". La semana pasada, el gobierno bonaerense confirmó que se pagará en marzo la última cuota del reajuste salarial de 2019 que debía abonarse este mes con los haberes de enero. La Asociación Sindical de Docentes y Auxiliares (ASDA) se adelantó a comunicarlo en las redes. La ASDA es una entidad civil de inspiración macrista que aguarda del Ministerio de Trabajo la personería jurídica para competir con el Suteba por la representación gremial. ¿Se la facilitará Claudio Moroni?
Baradel hizo público el inicio de un reclamo administrativo al gobierno, presionado por la difusión de esa información. No fue la única repercusión. Kicillof adelantó para ayer las negociaciones paritarias con los docentes. Será difícil saber si Baradel tendrá la misma actitud comprensiva en esa instancia que con la postergación del pago a los docentes por unos 4000 millones. Sobre todo después de que el gobierno abonase de contado unos 20.000 millones a los tenedores del BP21. ¿Que su pareja, Lorena Riesgo, haya sido nombrada subsecretaria por Augusto Costa en el Ministerio de la Producción tendrá alguna influencia? Al anunciar el pago, Kicillof aseguró que Fidelity había ofrecido cobrar en cuotas. En apariencia, el fondo de inversión impidió reunir al 75% de los bonistas necesarios para diferir a mayo el vencimiento.
En la entrevista con Perfil, el gobernador insistió en que la coordinación con Guzmán es absoluta. Cerca de Fernández creen que la hostilidad inicial hacia los bonistas perjudicó el canje de 105.000 millones que intentó Economía la semana pasada. Si fuese así, la renegociación de la deuda corre el riesgo de quedar entrampada en el laberinto bonaerense.
