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La tentación presidencialista de incidir en el Poder Judicial
Cualquier seguidor de lo sucedido últimamente en los Estados Unidos a raíz de los tuits que el presidente Trump ha descargado con críticas a una jueza, a autoridades del Departamento de Justicia, a fiscales del sistema federal, al fiscal especial que actuó en el denominado Rusiagate, e incluso hacia la presidenta de un jurado por su rol en casos que involucran a sus asesores y amigos, y que además lo han rozado personalmente, podrá advertir que ese "experimento" llamado gobierno republicano, creado por la Constitución de Filadelfia de 1776, se encuentra acechado como pocas veces antes.
El término "experimento", usado aprobatoriamente para describir tanto a la creatura surgida de esa Constitución como a esta última, fue utilizado en el pasado por personas de la talla de Lincoln, al presidir una sesión especial del Congreso en 1861 ante una posible rebelión; Jefferson al jurar como presidente, o el Juez Oliver Wendell Holmes, en su célebre disidencia en el caso "Abrams v. United States", en un caso decidido en 1919 acerca de los alcances de la libertad de expresión.
De acuerdo con distintas notas aparecidas recientemente en The New York Times, los casos en los que el primer mandatario de los Estados Unidos ha decidido involucrarse habían sido todos sometidos a proceso judicial. Uno de sus amigos históricos, de apellido Stone, fue condenado en un juicio por jurados por siete hechos de obstrucción de la investigación del Congreso relativa a posibles vínculos de la campaña presidencial de Trump con el escándalo de los "WikiLeaks", luego de la diseminación de direcciones de mails de miembros del Partido Demócrata, sustraídos por agentes rusos. Cuando los fiscales del caso recomendaron en la etapa de sentencia una pena de prisión para Stone, el presidente Trump intervino para criticar a esos fiscales, a la jueza que debe imponer la sentencia, e incluso a quien actuó como presidenta del jurado. Su intervención en el caso llegó al extremo de requerir, previo a que se decida la concreta sentencia que debe recaer, la celebración de un nuevo juicio.
De acuerdo con las mismas fuentes periodísticas, en otro caso que despertó también gran revuelo, Trump calificó de "muy injusto" el tratamiento dispensado al señor Flynn, quien fue su asesor durante la campaña presidencial y luego, ya elegido presidente, asesor en temas de seguridad nacional. Aquí Trump decidió intervenir luego de que el propio Flynn se declaró culpable de mentir a funcionarios del FBI respecto de sus negocios con oficiales rusos, declaración que solicitó se dejara sin efecto tiempo después. Los medios han cubierto extensamente la incomodidad expresada por el fiscal general de los Estados Unidos ante estas intervenciones del titular del Poder Ejecutivo en casos puntuales, así como las renuncias al caso de los fiscales criticados y la reciente preocupación expresada por la Asociación de Jueces Federales.
El presidente Trump se ha defendido de estas críticas por utilizar las redes sociales para atacar a quienes han intervenido en determinadas causas judiciales, señalando que esas redes le dan una voz que la prensa en general le niega. Ello, al parecer, como forma de contrarrestar una falta de acceso a los medios y lograr un mayor equilibrio.
En el "experimento" republicano al que aludí más arriba, resulta un factor de especial preocupación que un presidente en ejercicio utilice el tremendo peso de sus palabras para intentar incidir en decisiones de otro poder del Estado -el Judicial-, cuya independencia la Constitución ha buscado por todos los medios preservar. Pero la justificación invocada por Trump (que él carece de la posibilidad de ser oído en los medios que habitualmente son críticos de su accionar) quizás merezca una vuelta de tuerca para entenderla en su profundidad. Ello, cuando lo sucedido en Estados Unidos puede guardar relación con fenómenos que entre nosotros resultan fáciles de observar y, con mayor razón, cuando nuestro propio esquema de poder es en realidad mucho más concentrado y más pasible de indebidas influencias que el de su par estadounidense .
En efecto, en un esquema de reparto y distribución de poder entre distintas agencias estatales (tal el ideal del sistema estadounidense), donde por ejemplo para casos que rozan la propia responsabilidad del presidente se dispone la intervención de un fiscal especial no sometido a injerencias del Departamento de Justicia, en donde la presencia de jurados garantiza que la comunidad incorpore sus propios criterios de justicia, y en donde los jueces arriban a su cargo luego de una probada trayectoria de independencia, igualmente ha quedado clara la incomodidad que las palabras presidenciales causaron en los distintos actores de este esquema de autoridad fragmentada. Es que, bien pensado, el argumento de que el presidente debe actuar para tener su propia voz cuando los medios en general lo critican es a mi juicio pasible de estas dos observaciones. Primero, parece pasar por alto que en una república es parte de su esencia misma el hecho de garantizar a la prensa las más amplias herramientas para su alta misión de controlar al poder. Y segundo, que si bien todo mandatario es naturalmente libre de expresarse ante cuestiones de interés público, expresiones que por el propio cargo de quien emanan tienen garantizada una inmediata y amplísima difusión, se debe ser especialmente cauto a la hora de, desde ese altísimo cargo, hacer menciones a causas en trámite que conduzcan a que quienes, por su rol en el Poder Judicial o por sus funciones de investigadores de hechos de corrupción, puedan sentir que su independencia de criterio no se encuentra celosamente garantizada.
Todo esto que señalo, claro está, se vuelve particularmente relevante ante nuestro propio "experimento" republicano, históricamente sujeto a tantos vaivenes y distorsiones que sería hasta tedioso empezar a enumerar.
