Problemas de diseño para el país que imagina Alberto Fernández
El mejor momento del gobierno de Alberto Fernández coincide con el desarrollo de una crisis sin precedente. Esa incertidumbre lo habilita como líder de opinión pública en la mayoría de los sondeos. Un podio que solo comparte con Horacio Rodríguez Larreta. Es una posición que los expone a un riesgo fuera de su control: quedar sometidos al escrutinio voluble del humor social, a merced de altibajos que pueden expresarse al instante si se manifiestan cambios sorpresivos. Algo típico de una situación excepcional. El Presidente ya experimentó ese efecto negativo con las colas en los bancos del 3 de abril. Pero más con los elogios que dos días antes había dedicado a Hugo Moyano. Quizás el motivo para acentuar el perfil cauteloso que imprime a su gestión.
Pero también la causa del ritmo calificado de moroso por quienes aguardan resoluciones ligadas a la ejecución de esa cadencia. En apariencias, un trámite exasperante, pero disimulado para no incordiar al único dirigente que concentra la facultad de emitir y distribuir dinero: Fernández. Ya casi nadie discute que esa sea la salida a la profundización de la recesión provocada por la pandemia. Menos por quienes tienen responsabilidad de gobierno. Rodríguez Larreta es uno de esos casos. La ciudad podría requerir una asistencia de ese tipo para pagar los salarios de mayo. Esa debilidad lo privó de respaldar la oferta del Gobierno a sus acreedores externos. Quedó en el mismo lote que los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Los únicos que eludieron pronunciarse.
Una paradoja ligada a las tensiones de Rodríguez Larreta con el ala dura de Pro por su cercanía al gobierno nacional. Y la razón por la que el jefe del gobierno porteño no transita por ese sincretismo con la comodidad del Presidente. La solidaridad con Rodríguez Larreta le permite a Fernández escudarse de la rigidez atribuida a Cristina. Aunque ese asunto encierre una complejidad no siempre explícita. Kicillof parece haberlo comprendido tarde. Se rectificó un día después del silencio inicial sobre la propuesta oficializada por Martín Guzmán. El ministro de Economía mantiene diálogo fluido con Máximo Kirchner.
El jefe del bloque de Diputados oficialistas y la vicepresidenta son sus principales respaldos. Hay una precisión de ese plan que está en debate. La capacidad de ahorro para cumplir con las obligaciones, si es aceptado el plazo de tres años de gracia. A Guzmán se le endilga la posición más fiscalista del gabinete. Promovería recortar el gasto público que hasta ahora autoriza. A veces, por pedido de Cristina. Como el giro de $524 millones en préstamos de organismos regionales que recibirán Avellaneda, Florencio Varela, José C. Paz, La Matanza, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Moreno y Quilmes por gestiones de los ministerios de Economía y del Interior.
Otra perplejidad para los intendentes de Juntos por el Cambio que tratan con Fernández: Jorge Macri (Vicente López), Gustavo Posse (San Isidro), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Néstor Grindetti (Lanús). Expuestos como Rodríguez Larreta al veredicto contrario a ese comportamiento entre las autoridades de Pro. El envío discrecional de fondos a los partidarios de Cristina fue conversado por Fernández y Jorge Macri el 14 de abril en Olivos. El Presidente sigue prometiéndole que tendrán dinero suficiente para no pasar apremios. Para ser efectiva, esa garantía debe ser refrendada por Kicillof. Ahí encuentran un problema.
Cristina logró de Fernández lo que el gobernador no pudo con la ley impositiva. La Legislatura suprimió la intención del art. 34: que la administración central no pueda enviar fondos a los municipios si no es por intermedio del gobierno bonaerense. Curioso. Es lo contrario de lo que había ordenado ella la semana pasada. Los intendentes de Juntos por el Cambio ven en Kicillof poca disposición a cumplir el supuesto acuerdo entre el Presidente y la vice. Se condena a quienes tienen capacidad de ahorro. Si no son asistidos, deberán invertirlo en dos semanas para pagar sueldos. Como los del Frente de Todos, ajenos al club de los elegidos por Cristina.
Gracias a los alimentos enviados por el Ministerio de Desarrollo Social, pospusieron el pago a proveedores. El escándalo con los sobreprecios complicó esa operación. El 12 de abril, el gobernador confió a varios jefes comunales su preocupación por las proyecciones económicas de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. En mayo, la pobreza treparía al 50% y el desempleo alcanzaría 15 puntos. Pero la urgencia de la caída en la actividad económica provoca una sincronía inesperada entre Fernández y Kicillof. Los obliga a postergar cualquier otro tipo de reformas. El kirchnerismo parece haber obtenido ventajas de esa dificultad.
Sobre todo en el Poder Judicial, con el auxilio de operadores políticos del conurbano. A eso se atribuye que Daniel Obligado concediese la prisión domiciliaria que primero denegó a Boudou. El exvicepresidente pidió ser incluido en la población carcelaria con riesgo de contraer el coronavirus. El juez del Tribunal Oral Federal 5 es docente de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y simpatiza con el kirchnerismo. Aníbal Fernández y Diego Molea lo habrían persuadido de que cambie de criterio. El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y el rector de la UNLZ tienen un vínculo estrecho.
De 2010 a 2016, Molea integró el Consejo de la Magistratura bonaerense. Por 20 años, Fernández fue una figura decisiva en la Justicia de la provincia a través de la influencia ejercida en el Tribunal de Casación Penal. Fernández se recibió de abogado en la UNLZ. En septiembre de 2015, Molea presentó su visita como candidato a gobernador como "el retorno de un hijo de la universidad". Molea fue elegido vocal académico para el Consejo de la Magistratura nacional en 2018. Pese a que el decreto ley 1285/58 le impide ser rector y consejero a la vez, conserva los dos cargos. La muerte de Bonadio frustró su expectativa de protagonismo con los pedidos de juicios políticos contra el juez federal. Molea está vinculado a Javier Fernández.
El auditor general aparece en los cuadernos en los que Centeno dejó constancia de sobreprecios en la obra pública. Bonadio investigó esa causa. Fernández fue sobreseído por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el último día hábil de 2019. Aníbal Fernández fue nexo entre Cristina y César Melazo. El juez de Garantías 6 de La Plata, Agustín Crispo, rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado por la misma razón que Boudou y que parecía inminente el 15 de abril. Es probable que lo haya frustrado el que cursó Gustavo Mena ante el Tribunal de Casación.
Como el de Melazo, Víctor Violini resolvió enviárselos a Crispo. El exjuez de Garantías y el exoficial de policía están acusados de integrar una banda dedicada al robo de viviendas. Melazo, de liderarla. La prisión domiciliaria de Mena está sujeta a la apelación de María Laura de Di Gregorio, fiscal general adjunta de Casación. Edwin Letner, su médico, y los defensores Daniel Mazzochini y Martín Serravalle dieron aval al pedido de Mena. Los tres fueron procesados por fraguar amparos contra el corralito de 2001 arguyendo razones de salud. Un período en que los juzgados de todos los fueros quedaron habilitados para recibirlos. Los profesionales se inclinaron siempre por el de Melazo. "Lo que nos ha pasado nos va a obligar a tener un Estado sin corrupción. Cuando todo esto pase, hay que sentarse a diseñar esa Argentina", confió el Presidente en una entrevista de este fin de semana. No promete ser fácil.
