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Un avance en la calidad institucional
En 2001, el Estado argentino ratificó la Convención Antisoborno de la OCDE. Desde entonces, las evaluaciones realizadas por el grupo de países miembros y la secretaría del mencionado organismo revelaron graves incumplimientos e inacción reiterada por parte de la Argentina. En 2008, la OCDE instó al país a mejorar su capacidad de hace cumplir el tratado. En 2014 tituló: "Argentina incumple gravemente". En abril de 2016, el país recibió la sanción más alta: una visita en la que se pusieron de relieve los reiterados incumplimientos, aunque se valoró el cambio de gobierno y la oportunidad para el combate contra la corrupción. En 2017, luego de una visita de expertos y paneles de evaluación, el Grupo Antisoborno de la OCDE dio 45 recomendaciones a la Argentina. Entre ellas figuraba la urgente sanción de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, la independencia del Poder Judicial y la creación de un registro de sociedades.
Hace poco, el grupo y sus expertos revisaron el nivel de cumplimiento y los avances del país respecto de esas 45 recomendaciones. En poco más de dos años se reconoció el cumplimiento total de 15 y parcial de 23. Todavía siete recomendaciones permanecen incumplidas. Entre los hitos, nada simples de cumplir en un período tan corto, el Grupo Antisoborno de la OCDE celebró la sanción de la ley 27.401, el inicio del proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal, la creación del registro unificado y online de sociedades, una mayor independencia del Ministerio Público Fiscal y la realización de la auditoría de causas de corrupción del Consejo de la Magistratura. En 2021, el nivel de cumplimiento de cinco recomendaciones será revisado y el país será evaluado nuevamente en 2023. Estos avances no suelen ocupar la tapa de los diarios, pero tienen un valor inestimable a la hora del reconocimiento internacional que la Argentina va logrando frente a otros Estados, organismos e inversores, que suelen usar estos informes como fuente de consulta para la toma de decisiones.
El Grupo Antisoborno de la OCDE felicitó al país por haber implementado recomendaciones incumplidas durante largo tiempo. El plan de trabajo 2017-2019, el orden y la disciplina de reporte y cumplimiento de diversos organismos públicos, de todos los poderes del Estado, del sector privado y de los profesionales de las Ciencias Económicas, han sido fundamentales para dar este salto de calidad. Es lo que debería pasar siempre, pero durante mucho tiempo no fue así. La desarticulación institucional, la falta de planificación y la chapucería -además de la politización del Ministerio Público, las presiones sobre los jueces y las reformas judiciales inconstitucionales- complotaron contra los intereses y la reputación del país ante la OCDE y otros organismos internacionales en materia anticorrupción.
A principio de 2016 la Argentina era un paria. Tres años después y por su propio mérito, el país ocupa un nuevo lugar que es saludado y reconocido por sus pares. Pero no debemos quedarnos con lo alcanzado. Los desafíos siguen siendo complejos e importantes: asegurar la independencia judicial, el avance de las investigaciones de soborno transnacional y doméstico, la capacitación de jueces y fiscales, la implementación y el cumplimiento de la ley 27.401 por parte de empresas grandes, medianas y pequeñas, una activa cooperación internacional y la incorporación de nuevas reglas de auditoría contable son algunos de ellos.
Titular de la Oficina Anticorrupción
