Un cuerpo que ha sabido superar los embates de la grieta

Por Oscar Oszlak y Mercedes Rivolta

El Cuerpo de Administradores Gubernamentales (CAG) argentino fue creado por Alfonsín en 1984. Hasta entonces, gobiernos militares y civiles habían transformado los principales cargos públicos gerenciales en coto de caza de regímenes veleidosos y efímeros. Desde principios de la década del 40, la duración promedio en el cargo de ministros, gobernadores y secretarios de Estado había sido de aproximadamente un año. La rotación en los cargos superiores de la administración pública se producía a velocidad equivalente. A la gerencia profesional en el sector público le había sido negada, hasta la creación del CAG, la oportunidad de echar raíces en la práctica administrativa. Al ubicar a jóvenes profesionales altamente entrenados y motivados en posiciones claves del gobierno, se diseminaría a través de la burocracia una nueva camada de gerentes públicos, una masa crítica de expertos y numerosos puntos desde los cuales podrían difundirse nuevos patrones culturales .

El CAG se inspiró en la École Nationale d'Administration francesa, creada por De Gaulle en 1945. De la ENA egresaron muchos de los presidentes de ese país (Hollande, Chirac, Macron), primeros ministros y altos funcionarios. Como Francia, donde la escuela surgió durante la reconstrucción que siguió a la Segunda Guerra Mundial, la Argentina adoptó este proyecto en momentos en que se enfrentaba una profunda crisis económica y un difícil retorno a la democracia. El gobierno radical había encontrado una burocracia desmoralizada, caracterizada por una evasión general de responsabilidades.

Los integrantes del CAG fueron reclutados a través de un sistema estricto y competitivo, seguido de un proceso de selección complejo y un programa de formación especializado. Miles de aspirantes se presentaron para cubrir decenas de puestos en las cuatro cohortes que llegó a tener el Cuerpo. Los AG fueron destinados a diversos puestos de coordinación, asesoramiento o conducción dentro de la administración pública. La intención de Alfonsín era que el CAG llegara a sumar 1000 integrantes y se convirtiera en un cuerpo gerencial del máximo nivel, que asumiría la responsabilidad de la alta gerencia pública con un sentido que priorizaría la calidad profesional de la gestión por sobre cualquier adhesión partidaria. El Cuerpo, que llegó a sumar poco más de 200 administradores antes de ser cerrado a futuros integrantes por el gobierno de Menem, terminó conformando un elenco representativo de las diferentes corrientes políticas, gracias al riguroso proceso de selección por estricto mérito. También, el CAG incluyó en sus filas profesionales de especialización y origen social sumamente heterogéneos.

La filosofía del proyecto era clara: no se trataba de entrenar nuevos cuadros para realizar mejor las tareas rutinarias de gobierno, sino de capacitarlos en actividades innovadoras, con un estilo diferente. El perfil profesional del futuro AG enfatizaba la vocación de servicio, el compromiso de solucionar problemas acuciantes del país y una adhesión irrevocable a valores democráticos. Amplitud de criterio, inteligencia y sentido común (más que experiencia previa en campos altamente especializados) constituyeron el bagaje previo requerido para estos futuros agentes de cambio, apuntando a crear un cuerpo permanente, con una composición pluralista que permitiera a los futuros gobiernos democráticos elegir a aquellos AG más adecuados para cubrir puestos de alta gerencia pública, teniendo en cuenta afinidades personales o políticas.

Hace unos meses, los AG celebraron sus 34 años de vida a cubierto de grietas político-ideológicas, que consiguieron eludir. Pero las políticas de retiro voluntario y jubilación anticipada de los distintos gobiernos democráticos habían raleado su dotación. Hoy son 70, un 33% del número máximo de integrantes que el Cuerpo llegó a tener y, está destinado a extinguirse si el gobierno actual no decide relanzarlo como proyecto.

Durante su existencia, los AG tuvieron una destacada actuación en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en distintos gobiernos provinciales. Participaron activamente en momentos de crisis institucional, como en la coordinación del Diálogo Argentino (crisis 2002-2003). Elaboraron y condujeron programas de asistencia a provincias y municipios, apoyaron las intervenciones federales en Corrientes y Santiago del Estero o actuaron en las crisis sufridas por provincias como Santa Fe. Impulsaron( y participaron en) iniciativas de innovación y modernización, como el programa Conectar-Igualdad, la Red de Interconexión Universitaria-RIU (1997), la Infraestructura de Firma Digital (1999-2019), la creación de la Oficina Nacional de Ética Pública y de la Oficina Anticorrupción y su marco normativo, la creación de la Oficina Nacional de Contrataciones y formulación del régimen de compras públicas (2001), la formulación del marco jurídico del sistema de Gestión Documental Electrónica-GDE y la reforma del Reglamento de Procedimientos Administrativos (2016-2019).

Participaron en la generación e implementación de políticas públicas, su marco normativo y la creación de los organismos correspondientes (Sistema Federal de Emergencias, Instituto Nacional del Cáncer, Sistema de Administración Financiera, Pampa Azul, Programa de Racionalización de Espacios Físicos del Ministerio de Economía, Programa de Propiedad Participada, Simulador en Aerolíneas Argentinas, Contrataciones y Evaluación de Proyectos en Invap, Plan Estratégico en el Conicet, Programas Estratégicos en el Senasa, Fortalecimiento Institucional del INTI, Programa Federal de la Mujer del Consejo Nacional de la Mujer, Implementación de Leyes de Reparación de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos, reestructuración del Indec, entre otros proyectos.

También crearon un Observatorio de Políticas Públicas, que durante más de 10 años elaboró investigaciones en distintos campos de interés administrativo y, como asociación, impulsaron una comunidad epistémica sobre temas de la administración pública, publicando ininterrumpidamente la Revista Aportes y organizando varias ediciones de los Congresos Argentinos de Administración Pública, con la participación de expertos internacionales y nacionales, académicos, estudiantes, funcionarios, empleados y trabajadores de las distintas administraciones públicas de todo el país.

Como institución surgida con la renacida democracia, el Cuerpo atendió situaciones de crisis, acompañó la institucionalización de políticas innovadoras y apoyó la gestión de los diferentes gobiernos, siempre inspirado por su compromiso con el pluralismo y las políticas de Estado. La desaparición de los AG supondría la muerte de una de las iniciativas más innovadoras llevadas a cabo en el aparato estatal argentino y asestaría un golpe más a los esfuerzos, casi siempre frustrados, de institucionalizar una cultura de gestión profesionalizada. Es de esperar que el Gobierno lo reactive, renueve y convierta en eje de la alta función pública nacional.

Oszlak es investigador superior del Conicet-Cedes; Rivolta, administradora gubernamental y presidenta de la AAG