Un nuevo acuerdo con el FMI

La crisis de mayo de 2018 hizo que el Gobierno buscara el apoyo del FMI en junio de 2018 con un programa de US$50.000 millones, que menos de dos meses después hubo que aumentar a US$ 57.000 millones. El FMI aceptó desembolsar aproximadamente el 90% del dinero antes del 10 de diciembre del 2019, es decir, durante el mandato del gobierno actual. Hoy una mayoría de esos dólares se ha gastado en comprar pesos, y el calendario de repago al FMI implica plazos difíciles de cumplir. Mucha gente se pregunta si será posible reprogramar los pagos y qué tipo de nuevo acuerdo podríamos negociar con el FMI.

Para responder a estas preguntas es necesario considerar las limitaciones legales del FMI y la capacidad de nuestro país de generar recursos suficientes dentro de un marco socialmente aceptable. Un tema es que el FMI no tiene capacidad legal de aceptar un "reperfilamiento" de los pasivos argentinos, pero puede ofrecernos un nuevo programa: otro stand-by o un acuerdo de facilidades extendidas (EFF, en inglés). El primero nos permitiría extender los pagos hasta un máximo de cinco años; el EFF podría darnos hasta el doble de tiempo. Naturalmente, el EFF viene con más condicionalidad, pero estirar los pagos al FMI a lo largo de 10 años facilitaría el crecimiento de la economía y la administración de la deuda con los acreedores privados (que, tomando un tipo de cambio de 60 pesos/dólar, no llega al 60% del PBI).

Las negociaciones con el FMI nunca son fáciles, pero nosotros creemos que se puede acordar un programa que nos permita volver a crecer y así asegurar la sustentabilidad de la deuda pública. Tenemos una larga historia de desencuentros con el FMI. Desde la primera operación en 1958 hasta 2018, tuvimos 22 programas. Cada vez que recurrimos al FMI fue porque ya nadie nos quería prestar dinero. Esto le dio al Fondo una gran capacidad de imponer condiciones. Sin embargo, sería incorrecto decir que el actual stand-by fue diseñado por el FMI e impuesto al Gobierno. Por el contrario, fue este gobierno el que, con fuerte apoyo internacional, logró que el directorio del FMI aceptara el programa para evitar el retorno del "populismo".

Tanto el presidente Macri como el exministro Dujovne dijeron repetidamente: "El programa es nuestro". Nos decían la verdad. Efectivamente, el diseño original de los funcionarios técnicos del FMI era diferente y mucho más adecuado que el que finalmente se terminó implementando por presión del Gobierno. Tanto la cobertura periodística de la negociación como nuestras conversaciones con funcionarios del FMI muestran que estos tenían en mente un mayor ordenamiento fiscal (por ejemplo, recuérdese el debate sobre las retenciones), un tipo de cambio más competitivo (recuérdense las discusiones sobre si había que flotar más libremente o intervenir para defender cierta paridad nominal) y la necesidad de morigerar el pass-through de la devaluación promoviendo políticas de consenso en materia de precios y salarios.

Sin embargo, el Gobierno impuso sus ideas, que, entre otras cosas, priorizaban la estabilidad nominal del dólar (con una política monetaria muy contractiva) y la libertad de los capitales financieros de corto plazo. La vieja falacia de que se puede defender la moneda ahogando a la economía demostró, una vez más, su error. A su vez, la concepción de que, en el momento de votar, la gente piensa más en la estabilidad del tipo de cambio que en el empleo y el crecimiento fue derrotada en las urnas. Así, seguimos repitiendo el ciclo de fijación y explosión del tipo de cambio, que es la definición de locura (mal atribuida a Einstein) de hacer lo mismo y esperar resultados diferentes.

La combinación macroeconómica adecuada para el crecimiento y el empleo (y, eventualmente, bajar la inflación) es reducir el déficit fiscal total (no solamente el primario), con un tipo de cambio competitivo, intervenciones en el mercado de cambios limitadas a combatir la especulación y una política monetaria más neutra. Esta combinación está en línea con la que prevaleció entre 2002 y 2007, y que fue una de las razones centrales por las que la Argentina creció a más del 4% anual per cápita y se crearon casi 600.000 puestos de trabajos netos por año. Esta configuración está mucho más cerca de lo que parece haber sido la idea original de los técnicos del Fondo.

Obviamente, hay mucho por analizar (incluyendo posibles mecanismos de acuerdos de precios y salarios y otros enfoques para ir lentamente reduciendo la inflación), pero parecería que hay elementos para arrancar ese diálogo con el FMI.

Díaz-Bonilla es economista y reside en Washington DC; Torres fue director ejecutivo por la Argentina en el FMI