COP30: luces y sombras de la acción climática argentina
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Comenzó la COP30 de cambioProyeccambCambio Climático en Belém (Brasil), donde los jefes de Estado, presidentes y representantes de más de 190 países se reúnen para avanzar en las negociaciones que den respuesta a la crisis climática global. A este encuentro, la Argentina llega con más preguntas que respuestas sobre su rumbo climático.
A nivel internacional, el país mantiene compromisos firmes en el papel -como el Acuerdo de París y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)-, pero su implementación real enfrenta un serio retroceso. Mientras el mundo avanza hacia la descarbonización y exige mayor ambición, el gobierno nacional parece haber pisado el freno. Hoy, son las provincias y los municipios los que impulsan las principales medidas de respuesta a la crisis climática.
Desde diciembre de 2023, el cambio de rumbo del Poder Ejecutivo significó un desmantelamiento progresivo de las políticas ambientales: recortes presupuestarios entre un 28,1% y un 83,2% en áreas clave, paralización de programas y una narrativa negacionista del cambio climático. Este viraje no sólo debilitó la capacidad del Estado para reducir emisiones o adaptarse a los impactos, sino que también puso en riesgo la credibilidad internacional del país en un momento decisivo.
El panorama se vuelve más preocupante cuando los efectos del clima extremo golpean con fuerza. En marzo de 2025, las inundaciones en Bahía Blanca dejaron 16 personas fallecidas y más de 5000 viviendas afectadas. No fue un hecho aislado: según el Banco Mundial, las inundaciones representan más de la mitad de los desastres naturales registrados en la Argentina desde 1970 y provocan pérdidas por unos 1000 millones de dólares al año. Estos datos confirman que el cambio climático no es una amenaza futura, sino una crisis presente que se vive en los territorios.
Paradójicamente, son justamente los territorios -las provincias y municipios- los que hoy sostienen, casi en soledad, la política climática argentina. A cinco años de la sanción de la Ley 27.520 sobre Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático comenzaron a verse los primeros resultados concretos del trabajo subnacional. Las provincias de Jujuy, La Pampa y Misiones lograron en 2025 la convalidación nacional de sus Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático, un instrumento previsto por ley para planificar acciones de mitigación y adaptación en cada jurisdicción.
Estos planes incluyen diagnósticos locales, metas de reducción de emisiones y medidas sectoriales para proteger a las comunidades frente a inundaciones, incendios o sequías. Aunque los avances son desiguales, representan un paso clave hacia una acción climática con perspectiva federal. En provincias como La Pampa, por ejemplo, el plan se elaboró con la participación de municipios y organizaciones locales, un aspecto central para garantizar que las políticas respondan a las realidades de cada territorio.
Sin embargo, los desafíos son profundos. La mayoría de las provincias carece de financiamiento estable, equipos técnicos especializados o información climática propia. Asimismo, aún se encuentran dificultades para incorporar un enfoque sistémico que vincule la crisis climática con la protección de los ecosistemas, la justicia social y el respeto por las comunidades.
Por otro lado, la participación ciudadana -uno de los pilares de la ley- sigue siendo más formal que efectiva. En este contexto, el debilitamiento del Gabinete Nacional de Cambio Climático y la parálisis del Consejo Asesor Externo, donde participan organizaciones como FARN, limitan la posibilidad de articular esfuerzos entre los distintos actores involucrados en la acción climática y de sostener políticas de largo plazo.
Frente a este escenario, el papel de la sociedad civil cobra una relevancia decisiva para seguir impulsando el debate público, monitoreando políticas y promoviendo una acción climática más participativa y justa en los territorios.
Nuestro trabajo es, hoy, generar una red de contención que mantenga viva la ambición climática del país.
Argentina llega a la COP30 con una institucionalidad ambiental debilitada, pero con una sociedad activa y con provincias que empiezan a asumir el liderazgo que el Estado nacional parece haber abandonado. Recuperar la coherencia entre los compromisos internacionales y la acción interna será clave para reconstruir la confianza y avanzar hacia un modelo de desarrollo que ponga en el centro a las personas, los territorios y el futuro común.
El desafío ya no es solo cumplir con metas globales, sino garantizar que cada medida sirva para proteger vidas, ecosistemas y comunidades. En definitiva, que el país transforme sus promesas en acciones reales frente a una crisis que no espera.
Las autoras integran el área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
