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Coraza política para un segundo semestre distinto
Por primera vez en dos meses, el Gobierno sintió esta semana que dejó de correr detrás de los acontecimientos. Los mercados volvieron a responder a los estímulos después de semanas de descontrol, y las buenas noticias del FMI y de Morgan Stanley dejaron instalada en la Casa Rosada la sensación de que la corrida cambiaria fue superada. Si así fuera, el presidente Mauricio Macri habrá cauterizado la mayor hemorragia de dinero y de poder de toda su gestión. El costo real es aún incalculable.
El eventual fin de la fase financiera de la crisis abre el escenario para la etapa política. El Gobierno ya acordó con el Fondo, con los bancos, con los tenedores de bonos. Ahora deberá lidiar con la oposición, los gremios y las organizaciones sociales, ante la perspectiva de que el país atravesará al menos seis meses de menor actividad económica, alta inflación y mayor conflictividad social. Este diagnóstico es compartido por todos los referentes de la administración nacional. No ocurre lo mismo con la receta para enfrentarlo.
Macri planteó siempre un ejercicio del poder del 40%, que es el volumen de apoyo promedio que tuvo en las urnas. Para conciliar con la porción restante apeló a las expectativas de cambio de la sociedad. Su aliado fue siempre la opinión pública, el principal actor dinamizador de la política, según el dogma de Jaime Durán Barba. Eludió la tentación de un esquema de acuerdos estructurales con otras fuerzas, que le reclamaron tanto radicales en la línea de Ernesto Sanz como peronistas del estilo de Miguel Pichetto. Tampoco buscó engordar el oficialismo con figuras externas a Cambiemos, como planteó Emilio Monzó. Con Marcos Peña como abanderado, se mantuvo incólume en su concepción, novedosa para la historia argentina, de que en esta era de empoderamiento social no sirven las construcciones de cúpulas que no conecten con las demandas de la gente.
Pero ahora el oficialismo se enfrenta a un panorama inéditamente adverso porque la opinión pública ya no lo respalda en la medida en que lo hacía hasta el año pasado. La caída de la imagen presidencial es brusca en los últimos seis meses y no parece haber en el horizonte motivos para que en la segunda parte del año recupere su caudal cuando en los pasillos del poder reconocen que no van a tener buenas noticias para comunicar por largo rato. Un nuevo desafío alumbra para el equipo que gobierna.
Hay un sector minimalista que propone un pacto acotado al presupuesto 2019, que tenga a los gobernadores como interlocutores y que se focalice solo en la distribución de los costos del ajuste. Según estos funcionarios, no hace falta mucho más, ya que para fin de año la economía se volverá a encarrilar y la alianza con la opinión pública se reeditará. Es más, el propio Nicolás Dujovne, dueño de la tijera fiscal, admite en reserva "no necesitar un gran acuerdo nacional porque el presupuesto del año próximo no será tan diferente al de este año. Necesitamos más austeridad que legislación". Y en todo caso, en el Gobierno ya prevén un escenario de prórroga del presupuesto actual, aunque no sería la mejor señal para los técnicos de Christine Lagarde.
Pero del otro lado convive un sector del oficialismo más preocupado por la situación económica y social, que sostiene que no hay posibilidades de atravesar con éxito el angosto desfiladero de los próximos meses sin un paraguas de contención política. Algunos, más ambiciosos, como Rogelio Frigerio, mantienen la idea de realizar una convocatoria amplia que incluya a gobernadores, gremios, empresarios e Iglesia, para tratar no solo el ajuste fiscal, sino también cuestiones de productividad y desarrollo, temas políticos, sociales y judiciales. "No podemos hacer un llamado a la oposición solo para hablar de recortes", dicen en el entorno del ministro, que ya empezó a hacer contactos discretos con un grupo reducido de gobernadores y legisladores peronistas para reunirse esta semana. Frigerio asegura contar con el aval de Macri. Entiende que si no hay incentivos para dialogar, todo fracasará.
Otros se contentan con regenerar, al menos, un vínculo con el peronismo similar al que existía antes de la discusión por la ley de tarifas. Allí se inscriben, por ejemplo, las gestiones extraoficiales que realizaron María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, quienes en general prefieren no interferir en temas que no sean de su administración, pero que esta vez identificaron que el canal con la Casa Rosada estaba desgastado. Los dos se reunieron con Pichetto y Sergio Massa para recomponer vínculos después de que Macri los acusara de "seguir las locuras" de Cristina Kirchner. El Presidente insiste en polarizar con ella a costa de radicalizar a los moderados. Se ve que le cuesta abandonar el modo campaña, aunque después le resulte perjudicial para la gestión.
A Vidal y Larreta les preocupa el impacto del deterioro social y económico en sus distritos, los más afectados por la suba de las tarifas, pero también que la discusión con los gobernadores opositores termine en un enfrentamiento entre interior y Buenos Aires. La propuesta del cordobés Juan Schiaretti para transferirles Edenor, Edesur y AySA todavía resuena con fuerza.
En todos los contactos con la oposición, los exploradores oficialistas encontraron una situación dual. Por un lado, una firme voluntad de endurecer su postura frente al Gobierno y capitalizar su declive. Por el otro, enormes limitaciones para hacerlo sin alimentar la percepción histórica de que el peronismo cuando no está en el poder solo sabe embestir. Esa tensión quedó reflejada esta semana en la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo quiso reeditar la foto de las tarifas y pidió que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso, algo que ni siquiera Néstor Kirchner hizo cuando acordó un préstamo con ese organismo en 2003. El Peronismo Federal esta vez no se sumó y acordó con Cambiemos que Dujovne vaya a la Comisión Bicameral de la Deuda. Las sutiles gestiones de hombres como Diego Bossio ayudaron a neutralizar la movida. Algo similar hizo Pichetto cuando lo sondearon sobre el futuro en el Senado del pliego de Luis Caputo como jefe del Banco Central. Aún está molesto por las críticas de Macri, con quien no volvió a hablar. Así se lo hizo saber a Frigerio, en una conversación que tuvo en el despacho de Federico Pinedo. Pero el cacique peronista envió el mensaje de que mantendrá al banquero en observación unos meses y si demuestra que es capaz de domesticar el dólar estará dispuesto a olvidar su costado offshore. Lo que no pasará es la reforma del BCRA.
Algo similar ocurre en el campo gremial, que mañana realizará la mayor exhibición de fuerza desde que asumió el macrismo. Las presiones sobre la cúpula de la CGT para ir a un paro resultaron ineludibles para los líderes sindicales más moderados. Aun cuando no haya una caída generalizada del empleo formal, los pronósticos económicos no son alentadores. Se impuso así la lógica moyanista, que apuesta al desgaste del Gobierno en las calles. Sin embargo, los jefes gremiales siguieron hablando con Jorge Triaca y podrían reunirse en los próximos días. Dureza, de a ratos, seguida por gestos de pragmatismo. Esa es la consigna ambivalente de un peronismo que está menos dispuesto a consensuar con el Gobierno, pero que entiende que no está en condiciones de hacer una oposición frontal. O que, en todo caso, quiere demostrar que puede garantizar gobernabilidad y previsibilidad para cuando le toque volver al poder. Macri no parece tan incómodo. En definitiva, esta dinámica le permite ganar tiempo para llegar en pie a 2019, su gran objetivo estratégico. El resto son meros dibujos tácticos.
Por Jorge Liotti
